El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para revisar el concurso de compra de trenes de Renfe, alegando que excluye a fabricantes españoles como Talgo, CAF y Alstom.
Las condiciones del contrato, que exige entregar 30 trenes en menos de seis años y medio, han provocado la renuncia de Alstom y la ausencia de ofertas de Talgo y CAF.
El concurso favorece, según fuentes del sector, a los trenes japoneses de Hitachi y a Siemens, dejando fuera a la industria ferroviaria española que sostiene más de 13.000 empleos directos.
El PP propone revisar los requisitos técnicos y, si es necesario, lanzar una nueva licitación, cuestionando la prioridad de la velocidad máxima de 350 km/h mientras existen numerosas limitaciones en las vías.
El Grupo Parlamentario del PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta a revisar las condiciones y los plazos del concurso millonario de material rodante de Renfe, en el que no han entrado tres fabricantes que tienen implantación industrial en España, Talgo, CAF y Alstom.
Las condiciones de producción exigidas en el contrato para diseñar, homologar, fabricar y entregar, en menos de seis años y medio, 30 trenes por 1.362 millones de euros (ampliables a 40 por 1.777 millones), provocaron la renuncia de Alstom y dejaron casi sin opciones a las otras dos empresas españolas.
Fuentes técnicas de la industria ferroviaria aseguran que el concurso está "hecho a medida" de los trenes japoneses de Hitachi, que en la alta velocidad española circulan bajo el operador italiano Iryo. A falta de conocer la resolución del concurso, todo apunta a un duelo entre la multinacional nipona y los alemanes de Siemens.
Tal y como adelantó EL ESPAÑOL - Invertia la semana pasada, Talgo no llegó a presentar ninguna oferta para el concurso, que se cerró el pasado 26 de junio después de haber sido ampliado tres semanas sobre la fecha inicial.
Y, en el caso de Alstom, fuentes conocedoras de la compañía aseguran que se decidió no entrar en el proceso, a la vista de que los condicionantes técnicos que contenían los pliegos (que se mantienen secretos) hacían imposible adaptar a tiempo un diseño de sus modelos de alta velocidad.
La premura de los plazos de entrega y esa desventaja en el diseño frente a otros modelos, como el de Hitachi, que está considerado como el que mejor se adapta a lo que exige el concurso lanzado por Renfe y Óscar Puente, han terminado por sacar a la multinacional francesa del concurso, pese a su fuerte implantación industrial en suelo español.
La propuesta del PP recuerda que sólo Talgo, CAF y Alstom sostienen a más de 13.000 empleos directos en España, y miles de puestos indirectos. Frente a ello, la planta de fabricación más cercana de los Hitachi está en Italia.
De ser los conocidos como Frecciarossa los elegidos, el mantenimiento ligero (habitual) lo podrán hacer en los talleres de Renfe, tras una resolución de la CNMC que zanjaba la disputa generada por el operador público español para hacerle hueco en sus instalaciones a los competidores de Iryo.
Eso sí, cualquier avería de consideración, cambio técnico o mantenimiento más sofisticado, obligaría a llevar los trenes en góndolas gigantes hasta La Toscana italiana (cerca de Florencia).
Ese problema se une al hecho de que los trenes de Hitachi son los más pesados que circulan por las vías de alta velocidad españolas, cuyo estado está en permanente revisión tras el accidente de Adamuz. Precisamente fue un tren de Iryo el siniestrado, aunque todo apunta a que fue por causas ajenas a su funcionamiento.
Como gran ventaja para ganar el concurso, además de los requerimientos de velocidad (350 km/h), capacidad y opciones de homologación rápida en vías españolas, los maquinistas recuerdan que son los trenes con mejor tecnología en el mercado actual.
Velocidad o seguridad
Desde el PP recuerdan que "no se trata de reservar contratos por nacionalidad, sino de garantizar la máxima concurrencia y que la industria implantada en España pueda competir por inversiones capaces de generar empleo y capacidad tecnológica".
Desde las filas del partido conservador advierten que la cuestión es especialmente sangrante en el caso de Talgo, que ha tenido que ser salvada por la SEPI y un grupo de industriales vascos tras ser declarada como estratégica y considerar que sus capacidades industriales son claves para España.
"Resulta difícil explicar que el Gobierno emplee recursos públicos para preservarlas y, meses después, impulse una contratación de más de 4.000 millones en la que esa misma empresa participada por el Estado no puede competir", dice la propuesta del PP al Congreso.
La cuestión tiene aún más enjundia si, como recordábamos en El Español - Invertia este lunes, todo el material rodante que va a contratar el Ministerio de Transportes, por cerca de 5.000 millones de euros, se financia en parte gracias a una ampliación de crédito de 671 millones lograda con un real decreto aprobado en junio, que fue derogado por el Congreso apenas veinte días más tarde.
A juicio del PP, todos estos condicionantes empresariales se unen al "caos ferroviario" que reina tras el accidente de Córdoba, con retrasos generalizados en todos los destinos y una insatisfacción general de los pasajeros que antes no había.
Para los populares, es especialmente grave revisar el estado de las vías antes de lanzarse a contratar trenes que vayan a 350 kilómetros por hora con más de mil limitaciones temporales de velocidad todavía activas.
"Mientras el Gobierno no cumple plenamente las medidas destinadas a recuperar la puntualidad, corregir la infraestructura, atender a los pasajeros y dar transparencia a las incidencias, convierte en prioridad alcanzar los 350 kilómetros por hora", reprochan en su escrito.
Para retomar la situación, proponen revisar los requisitos técnicos del concurso, dejándolo sin efecto y convocando otra licitación si es necesario. Y aclarar cuándo y dónde se podrá circular a esa velocidad máxima en las vías españolas.