Las claves
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Indra trabaja para aprobar antes de fin de año en su consejo de administración la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), aunque la ratificación en Junta General podría retrasarse hasta 2026.
El principal desafío de la operación es evitar conflictos de interés, dada la implicación de Ángel Escribano, presidente de EM&E y accionista del 14,5% de Indra, y la elevada valoración de Escribano, estimada en hasta 1.500 millones de euros.
La fusión reforzaría el papel industrial de Indra en defensa, permitiéndole fabricar vehículos militares completos, como el blindado 8x8 Dragón, y centralizar el ensamblaje en una nueva planta en Asturias.
La operación cuenta con el apoyo de la SEPI y Amber Capital, pero enfrenta la oposición de SAPA, socio relevante de Indra, y la revisión de una comisión ad hoc presidida por una consejera independiente crítica con la valoración.
Los responsables de Indra trabajan a contrarreloj para tener cerrada en su consejo la decisión de la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) antes de final de año, aunque haya que esperar a su ratificación en Junta General hasta 2026.
Desde la compañía evitan hablar de plazos. Todo su empeño está en salvar el conflicto de interés que se genera al fusionar la tecnológica con la empresa familiar de su propio presidente, Ángel Escribano, que a la vez controla un 14,5% de Indra.
Pero el tiempo va en su contra. EM&E comparte con Indra cuatro de los contratos más jugosos del Plan Nacional de Seguridad y Defensa recién adjudicados valorados en más de 3.000 millones de euros. Cuanto más tiempo pase, mayor será su valoración en la fusión.
Del cumplimiento de las reglas de buen gobierno para sortear los posibles conflictos de interés se está encargando Garrigues, el despacho líder en España y experto en este tipo de cuestiones. La valoración de la operación está en manos de KPMG.
Fuentes del mercado calculan ya que Escribano está por encima de los 1.000 millones de euros. Incluso hay quien fija los 1.500 millones, para una compañía que hace apenas dos años facturaba poco más de 100 millones.
Además, Escribano forma parte del consorcio Tess Defence, controlado por Indra, y que tiene en sus manos el desarrollo millonario del blindado 8x8 Dragón del Ejército.
Ese consorcio realizará además el vehículo de apoyo de cadenas VAC, para el que se han adjudicado también 788 millones, una parte de los cuales irá a parar al grupo con sede en Alcalá de Henares.
Precisamente la elevada valoración que se otorga a Escribano de cara a la operación es uno de los escollos que más se plantean entre algunos consejeros independientes de Indra.
De entrada, la compañía guipuzcoana de defensa SAPA, socia de la tecnológica con un 8% del capital y un representante en el consejo, ha mostrado su rechazo a la operación en los términos en que se plantea. SAPA forma parte también de Tess Defence y su opinión tiene peso en el sector.
Además de la parte de Escribano, la fusión cuenta con el apoyo de la SEPI, que tiene tres consejeros en Indra y un 29% de las acciones, y de Amber Capital, que tiene un 7% y un consejero.
Para saldar diferencias y cuidar al máximo las reglas de buen gobierno, se ha creado una comisión ad hoc para revisar todos los flecos de la operación, presidida por una de las consejeras independientes más críticas con la valoración, Belén Amatriain.
El informe que salga de esa comisión será una de las grandes claves a tener en cuenta a la hora de evaluar el proceso de toma de decisiones en Indra de cara a la fusión. Queda por resolver además la renovación de otras dos consejeras.
Informe de Competencia
Una vez tomada la decisión por parte del consejo de Indra, se enviará la correspondiente notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La CNMV tendrá que analizar la documentación que se le envíe en su papel de supervisor del mercado. Su labor estará más centrada en que haya suficiente información para todos los accionistas y se cumplan todas las reglas de transparencia y buen gobierno.
También hará falta la autorización final a la fusión del Consejo de Ministros. Dado el apoyo de la SEPI a la operación y el empeño del Gobierno en que Indra sea la empresa tractora de la industria nacional de defensa, ese paso debería ser un mero trámite.
En principio, sólo es preceptivo el informe de Competencia. Pero desde Indra tampoco temen interferencias en este caso, ya que que se trata de dos empresas complementarias, una de carácter industrial y otra más tecnológica.
De hecho, la fusión se plantea para reforzar la parte industrial de Indra y convertirla en una empresa integral capaz de hacer vehículos militares de principio a fin. Desde el diseño y la tecnología al ensamblaje.
La empresa está en una carrera al sprint para montar una planta de ensamblaje de blindados en Asturias, en El Tallerón de Duro Felguera. Esta semana se estaba ultimando la instalación básica para que pueda entrar cuanto antes la maquinaria.
La idea es empezar a trabajar a través de la filial Indra Land Vehicles. Se han lanzado para ello también ofertas de trabajo para personal capacitado en este tipo de industria, para completar la plantilla de 150 trabajadores que había en El Tallerón.
Cuando tenga todo listo y con personal cualificado, la idea de Indra es centralizar en su planta el ensamblaje de todos los blindados que tenga en cartera. Eso incluye trasladar allí la futura fabricación del 8x8 Dragón, que ahora se hace en la planta de Santa Bárbara, en Trubia.