La adjudicación de los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica para la demanda que lo solicita se ha convertido en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas.
Protestan ante el Gobierno para que priorice en ese reparto sus proyectos, ya sean industriales, centros de datos o promociones de vivienda.
La última reunión que se ha celebrado entre todos los responsables autonómicos en materia energética ha generado una guerra entre zonas como Asturias y País Vasco, que priorizan la industria, con La Rioja o Aragón con los centros de datos o Madrid y otras grandes capitales que, además, necesitan energía para promociones de vivienda.
El Gobierno sacó la semana pasada los primeros concursos para adjudicar 3,6 gigavatios (GW) de capacidad en ocho grandes nudos de acceso a la red de transporte de Redeia, pero esa cantidad está muy lejos de los 100 GW en que se estima la demanda pendiente que presiona al sector.
La normativa al uso establece que cuando en un punto de acceso a la red existe más de una petición, se plantea una subasta en la que los criterios que priman se basan, sobre todo, en la aportación que cada demandante haga al territorio de que se trate.
Se valora la reducción de emisiones de CO2 que se consiga en cada caso, la inversión a realizar en la zona y los plazos, cuestiones que son muy dispares cuando se mezclan peticiones para centros de datos, industria intensiva, vivienda, instalaciones ferroviarias o aeroportuarias o cualquier otro tipo de proyecto.
La enorme casuística que se puede enfrentar ha llegado al nivel de los gobiernos autonómicos, que se acusan entre ellos de priorizar cuestiones que no generan empleo o, de otro lado, apostar por opciones que no permiten el desarrollo de las infraestructuras digitales del futuro.
El lehendakari vasco, Imanol Pradales, aseguraba al final de la cumbre bilateral con el Gobierno del pasado martes que Sánchez le había garantizado que en la adjudicación de capacidad se iban a priorizar siempre los proyectos industriales.
De la misma manera, desde el sector de los centros de datos advierten que también son proyectos industriales de futuro, con mucha inversión por delante, aunque puedan generar menos empleo en la zona.
Los centros de datos desechan cualquier acusación de especulación, a pesar de que las concesiones energéticas que se les dan por cinco años pueden bloquear otros proyectos.
Hay un caso emblemático en la Comunidad de Madrid que ya ha llegado al Gobierno, en el que se bloquea el 40% de una adjudicación de capacidad para un centro de datos, y se queda sin conexión una gran promoción inmobiliaria que también lo había solicitado.
Pero este tipo de casos puntuales ocurren sobre todo en las grandes ciudades, que es donde más acuciante es la falta de vivienda nueva. Lo más normal es que se enfrenten inversiones para plantas industriales con centros de datos, que es donde se centra la batalla autonómica.
Desde el sector de los centros de datos recuerdan que sólo el año pasado se invirtieron más de mil millones de euros, con una previsión de crecimiento del 30% anual. Algo que descarta cualquier acusación de burbuja o de especulación, porque son instalaciones necesarias para que funcione la IA y las redes digitales.
Si todas las partes defienden su razón con argumentos, en lo único que están de acuerdo es en que si hubiera más subastas de puntos de acceso, una mejor planificación de infraestructuras industriales y digitales (se necesitan entre ellas) o una norma más clara de prelación de inversiones, se avanzaría mucho.
Desde el sector de las renovables se recuerda que España tiene una capacidad de generación muy superior a los 25 GW de consumo medio que debe sostener.
Asociaciones como la Unión Española Fotovoltaica (Unef) advierte que en los 100 GW de demanda potencial hay mucho proyecto duplicado en diferentes territorios, pero si sólo fuera real una cuarta parte de ello, se podría duplicar el consumo actual, con lo que ello supone de inversión y desarrollo social.
Decreto antiapagones
Una de las claves que pueden ayudar a paliar el problema de la falta de puntos de conexión y que ha unido a todo el sector es el desarrollo del almacenamiento, que se juega gran parte de su futuro en el decreto antiapagones que se vota mañana en el Congreso.
Aunque desde el lado técnico faltaría un desarrollo reglamentario de todo lo que se estipula, la posibilidad de almacenar energía en plantas híbridas de generación se valora como uno de los grandes avances a desarrollar.
Al tener producción renovable y de otro tipo más estable, como la térmica, sería fundamental para evitar grandes variaciones de tensión como las que produjeron el apagón del mes de abril.
De la misma forma, al primar la generación renovable y poder almacenar, se pueden mantener baratos los precios al aplicar energía en periodos 'pico', de alta demanda, a menores precios que ahora, a pesar de que suba un poco en momentos 'valle'.
El sector fotovoltaico, en pleno desarrollo inversor, podría tener una mayor estabilidad de precios y garantías para sacar adelante los planes pendientes, frente a la huida de inversores que ahora sufre.
Al tener el almacenamiento en plantas híbridas, puntos de acceso ya abiertos y en funcionamiento, la opción de almacenar y contener precios sería clave para el desarrollo de proyectos industriales, centros de datos o inmobiliarios que ahora están bloqueados.
Todo el sector energético tiene las miras puestas en el Real Decreto 7/2025 de este martes y han pedido de forma conjunta a partidos políticos e instituciones que apoyen una opción de desarrollo que no hace mal a nadie, pese a sus diferencias políticas e ideológicas.