Los Gobiernos de la Unión Europea han tumbado este miércoles la nueva directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. Una norma que obligaría a las grandes multinacionales a controlar (bajo pena de sanciones) que todos sus suministradores a lo largo de la cadena de valor, también los que están fuera de la UE, respeten plenamente los derechos humanos y la protección del clima.

La presidencia española del Consejo cerró un acuerdo final sobre la directiva con la Eurocámara el pasado 14 de diciembre. Pero Alemania fue el primer Estado miembro en renegar del compromiso por la oposición de los liberales de Christian Lindner, el socio menor del Gobierno de coalición de Olaf Scholz. Su argumento es que la norma creará nuevas cargas administrativas para las empresas en un momento en que la prioridad de la UE es precisamente reducir la burocracia.

El anuncio de abstención de Alemania (que en este caso equivale a un 'no') ha acabado arrastrando a otra media docena de Estados miembros, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes diplomáticas. En primer lugar, a la Italia de Giorgia Meloni. Pero también a Francia, que ha presentado ya fuera de tiempo una propuesta para que la directiva se aplique únicamente a las compañías más grandes con un mínimo de 5.000 trabajadores. Por su parte, Suecia ha dicho que votaría en contra.

[La UE acuerda obligar a las multinacionales a controlar que sus proveedores respeten los DDHH y el clima]

En el debate a nivel de embajadores celebrado este miércoles en Bruselas, los países contrarios a la directiva han esgrimido diferentes argumentos para justificar su abstención. En particular, el fuerte aumento de cargas administrativas para las empresas, la complejidad de la norma y la dificultad de aplicarla, o el riesgo de que la directiva ponga a las multinacionales europeas en situación de desventaja en el mercado mundial.

Al final, la actual presidencia belga del Consejo de la UE ha constatado que la directiva no cuenta con la mayoría cualificada suficiente para ser aprobada. Bélgica asegura que en las próximas semanas verificará si es posible responder a las preocupaciones expresadas por los Estados miembros, contando con la participación de la Eurocámara.

Pero lo cierto es que la legislatura se acerca a su fin y que apenas queda tiempo para cerrar un acuerdo. Lo más probable es que la directiva decaiga y las negociaciones tengan que empezar de nuevo desde el principio con el nuevo Parlamento que salga de las elecciones de junio.

"Lamentamos la decisión de los Estados miembros de no respetar el acuerdo alcanzado en diciembre pasado. De este modo, los Gobiernos están protegiendo a todas aquellas empresas que prefieren no mirar de cerca lo que sucede en sus cadenas de suministro globales y para quienes unas condiciones de trabajo decentes son simplemente un coste inconveniente y no una obligación moral", ha denunciado la ponente de la Eurocámara, la socialista holandesa Lara Wolters.

Según el texto pactado por la presidencia española con la Eurocámara, la directiva se aplicaría a las compañías con más de 500 trabajadores y un volumen de negocios superior a los 150 millones de euros. Las empresas extracomunitarias estarían cubiertas si tienen una facturación neta de 300 millones generada en la UE, tres años de la entrada en vigor. 

La directiva se extendería además a empresas más pequeñas (250 trabajadores y 40 millones de facturación), pero que trabajen en sectores considerados de alto riesgo: industria textil, agricultura, construcción y extracción de minerales.

Según el acuerdo, el sector financiero quedaba temporalmente excluido del ámbito de aplicación de la directiva, pero había una cláusula de revisión para una posible inclusión futura basada en una evaluación de impacto suficiente.

La directiva obligaría a las grandes empresas a adoptar y poner en práctica un plan de transición para la mitigación del cambio climático. En materia de responsabilidad civil, el acuerdo refuerza el acceso a la justicia de las personas afectadas. Establece un período de cinco años para presentar reclamaciones por parte de aquellos afectados por impactos adversos (incluidos los sindicatos u organizaciones de la sociedad civil). 

Como último recurso, las empresas que identifiquen impactos adversos sobre el medio ambiente o los derechos humanos por parte de algunos de sus socios comerciales tendrían que poner fin a esas relaciones comerciales cuando estos impactos no puedan prevenirse ni eliminarse. Para los incumplidores, la directiva prevé multas de un mínimo del 5% del volumen de negocios neto de la empresa.