"Reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el RD del PP en 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña". Con este escueto enunciado explicaba Junts per Catalunya en una nota de prensa publicada el miércoles la cesión del Gobierno en relación con el retorno de las empresas a la comunidad autónoma.

La formación que dirige Carles Puigdemont en la sombra lleva días reclamando que el Ejecutivo incentive a las empresas para que vuelvan a Cataluña o bien sancione a las que se fueron para conseguir su retorno a la región.

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Una vuelta a la que muchas compañías se han negado. Ha sido el caso de CaixaBank y Sabadell, que en varias ocasiones han rechazado dejar la Comunidad Valenciana, región a la que trasladaron su sede social tras los hechos del 1-O.

De hecho, como publica este jueves EL ESPAÑOL-Invertia, CaixaBank y Sabadell han trasladado a Carlos Mazón, presidente de Generalitat Valenciana, que mantendrán sus sedes en Valencia y Alicante, respectivamente.

Cambiar la sede social

La nota de prensa publicada por Junts únicamente explica que se quiere "revertir" el Real Decreto-ley al que dio luz verde el Gobierno de Rajoy en 2017. Una medida que por sí sola no implicaría la vuelta de las empresas a Cataluña.

No en vano, el texto solamente consta de un artículo, el cual expone lo siguiente: "Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos sólo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia".

En la práctica, esta redacción permite a las empresas trasladar su sede social dentro de España solamente con el visto bueno del consejo de administración, sin necesitar la luz verde de la junta de accionistas.

Algo que, durante los momentos de tensión que generó el referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1-O, facilitó que muchas empresas pudieran trasladar rápidamente su domicilio social de la comunidad autónoma a otras regiones, enfrentándose al independentismo y poniendo coto a la fuga y la preocupación de miles de clientes.

Una cesión llena de incógnitas

La nota de prensa de Junts solamente habla de "revertir" ese Real Decreto-ley y "y que las empresas puedan volver a Cataluña", pero no dice cómo. Lo cierto es que las compañías que abandonaron la comunidad entonces no estarían obligadas a volver ahora aunque se derogara el texto, dado que no podría tener efectos retroactivos.

La posibilidad que tiene la formación independentista de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña es o bien crear incentivos para las compañías que quieran regresar o bien establecer sanciones.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pidió el miércoles en el Pleno del Congreso una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para incentivar en materia fiscal a las empresas que tengan su sede en Cataluña. En concreto, pidió "reforzar" los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ese artículo 9, en su punto primero, señala que las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle "el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación". 

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En un segundo punto, la norma señala que las empresas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España, sin distinguir por comunidades ni municipios, dado el principio de unidad nacional de mercado.

Por su parte, el artículo 10 habla de la discordancia entre el domicilio registral y el real, pero sólo para decir que si existe dicha discordancia se podrá considerar el domicilio de la empresa cualquiera de los dos.

"Hay que garantizar que se cumpla la ley. Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley han de poder tener incentivos fiscales, porque ya toca que se dediquen fondos a las pequeñas y medianas empresas catalanas", destacó en el Congreso Nogueras, que no mencionó nada en relación con la aplicación de sanciones a las que no vuelvan.

Sí lo hizo el martes, sin embargo, el portavoz de Junts, Josep Rius, que afirmó que su partido contempla que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el procés "puedan ser sancionadas" si no vuelven.

Seguridad jurídica

Una propuesta que obtuvo una respuesta tibia por parte del Ejecutivo. "Siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas", se limitó a asegurar Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros del martes.

Una afirmación que reforzó Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, durante la misma rueda de prensa. "Un compromiso claro por parte del Gobierno es seguir garantizando un marco jurídico de confianza y de seguridad para las propias empresas y los autónomos, y ahí siempre nos van a encontrar y esto no es una excepción", dijo.

Los empresarios no tardaron en mostrarse totalmente en contra de la posibilidad de que existan sanciones. Para Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), imponer multas a las empresas que salieron de Cataluña "se llama regulación en vena o se llama comunismo".

Es una medida que, en todo caso, ya ha rechazado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. "Hay cosas que no se pueden hacer, lo digo con claridad, en el sentido que obviamente tenemos un marco constitucional legal. Lo que sí se pueden hacer son políticas públicas que incentiven la reubicación o la mejora de sectores productivos", dijo en una entrevista con La Sexta el miércoles.