Las críticas desde el Gobierno a la concesionaria, que comenzaron ayer, se han intensificado y el vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, ha reiterado hoy la intención de iniciar un proceso para revocar la concesión a Autostrade.

"Mantengo la línea del Gobierno, no es posible que se muera pagando un peaje", dijo Di Maio.

El también vicepresidente y el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha afirmado que los directivos deberían darse "un baño de humildad" y ayudar económicamente a las familias de la víctimas.

"Si el Gobierno ha movilizado (ayudas de) 5 millones de euros, ellos deberían poner 500 millones sobre la mesa" argumentó, en referencia al paquete de medidas aprobado ayer para hacer frente a las intervenciones más urgentes.

La perspectiva de perder concesiones ha pasado factura en la bolsa a Atlantia. La italiana, que ha comprado junto a ACS la concesionaria española Abertis, se ha desplomado un 22,26 % al cierre de la Bolsa de Milán después de un difícil inicio de jornada en el que no lograba siquiera marcar precio.

Atlantia ha salido al paso de las críticas contra su filial y ha cargado contra el Gobierno por hacer declaraciones que tienen repercusiones para los accionistas y bonistas, al tiempo que le ha culpado de anunciar un proceso para revocación de la concesión "en ausencia de investigaciones sobre las causas reales del incidente".

Además, ha recordado que, en el caso de que el Estado acabe retirando la concesión, le corresponde por ley una penalización que debería pagar el Gobierno, ya que el permiso es válido hasta el año 2038.

La sanción podría ascender a 20.000 millones de euros, tal y como reconoció Di Maio. "Los 20.000 millones de penalización se pagan cuando se rompe un contrato sin ninguna motivación. Pero aquí estamos hablando de un contrato con Autostrade que preveía una serie de obligaciones que para nosotros no se han respetado", ha dicho el ministro.

El Ministerio de Infraestructuras y Transportes ha creado una comisión para investigar las causas del derrumbe y determinar "cualquier incumplimiento por parte del titular de la concesión (Autostrade)", que tiene que entregar antes de 30 días un informe que servirá para analizar la "posible revocación de la concesión".

También la Comisión Europea ha contestado al Gobierno italiano, que ayer vinculó las carencias en infraestructuras a las restricciones de Bruselas, al recordar que la responsabilidad del mantenimiento es de los países y que en el período 2014-2020 Italia tiene atribuidos 2.500 millones de euros de fondos europeos para inversiones en infraestructuras.