CEOE y Cepyme rechazan la huelga general anunciada por CCOO y UGT para este otoño.
Las patronales consideran "inadmisible" que las empresas y sus trabajadores tengan que asumir el coste de una protesta que busca presionar al Ejecutivo por unas decisiones que, defienden, dependen de la Administración.
Las organizaciones empresariales ponen además en duda el "encaje jurídico" de la convocatoria y cuestionan que las empresas se conviertan en el blanco de una huelga cuyas principales reivindicaciones buscan cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda.
A través de un comunicado, CEOE y Cepyme han recordado que estas decisiones son responsabilidad de la Administración y quedan fuera de la gestión de las empresas. Por este motivo, sostienen que las reivindicaciones que han llevado a los sindicatos a anunciar la huelga "no son, en esencia, de naturaleza laboral".
La patronal carga así contra una protesta que, a su juicio, termina trasladando al tejido empresarial las consecuencias de la gestión del Ejecutivo.
Considera "inadmisible" que las empresas, sus trabajadores y el conjunto de la actividad económica paguen el coste de "una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".
Un rechazo que cobra además una dimensión electoral. La huelga se anunció horas después de la convocatoria anticipada de elecciones y los ciudadanos están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre.
CEOE y Cepyme consideran "difícilmente justificable" utilizar en este contexto la actividad de las empresas y sus trabajadores como "tablero" para influir en un proceso que, defienden, debería desarrollarse desde "el sosiego y la normalidad democrática".
Además, las patronales ponen en duda el "encaje jurídico" de la huelga, aunque consideran que todavía es pronto para hacer una valoración definitiva sobre su legalidad.
CEOE y Cepyme recuerdan que la convocatoria sigue pendiente de ratificación, no tiene una fecha concreta y tampoco se ha presentado todavía el preaviso formal que exige la ley.
Por ello, esperarán a conocer la convocatoria definitiva para analizar sus objetivos, su alcance y si cumple con todos los requisitos legales.
Lo harán, según señalan, para defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.
En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dejado claro que la movilización tiene un "claro componente político y electoral" y ha puesto en duda su encaje legal.
A su juicio, los convocantes "han tenido que buscar el encaje para ver dónde meten lo laboral", pese a que el origen de la protesta no responde a un conflicto laboral.
Garamendi ha rechazado además que se responsabilice a las empresas de la crisis de la vivienda. "Llevamos ocho años de Gobierno", ha recordado, antes de reprochar la falta de medidas para afrontar problemas como la escasez de oferta.
El presidente de la CEOE ha ironizado también sobre el objetivo de la convocatoria. "Parece que se monta una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno", ha afirmado.
El líder de la patronal ha ido un paso más allá y ha asegurado que la huelga podría ser ilegal. Preguntado directamente por esta posibilidad, ha respondido que "perfectamente". Garamendi sostiene que la ley vincula este instrumento a la existencia de un conflicto laboral y ha criticado que el coste pueda recaer sobre las compañías.
"Sólo faltaba que las empresas pequeñitas encima tengan que pagar la fiesta", ha señalado. Además, ha reclamado a los agentes sociales que contribuyan a mantener la "paz social" y eviten "calentar la calle para dividir".
Garamendi también ha cargado contra la intención del Gobierno de volver a aprobar los decretos de vivienda después de la disolución de las Cortes.
El presidente de la CEOE considera que el Ejecutivo pretende recuperarlos "como arma política en una campaña electoral" y ha reclamado respeto a las decisiones adoptadas por el Congreso.
"La democracia está para soportarnos entre todos, para aguantarnos y para aceptar las medidas que se toman en un Parlamento legítimo", ha concluido.