La investigación a la fontanera del PSOE, Leire Díez, ha desvelado un tráfico de influencias que, según indican las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, impacta de lleno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La entidad forma parte del Ministerio de Hacienda, que está bajo el mando de Arcadi España. El ministro ha garantizado que su departamento tendrá una colaboración "absoluta y transparencia con cualquier investigación que se esté haciendo".
"No toleraremos ningún viso de ilícito, y facilitaremos cualquier dato que requiera la justicia y las fuerzas del orden", ha añadido.
En cualquier caso, ha defendido "la honestidad de los trabajadores. Quiero defender el trabajo de los miles de empleados de la SEPI", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.
En ella, el ministro ha avanzado que la orden de elaboración de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se publicará este viernes. Es decir, esta semana como anunció el presidente del Gobierno este miércoles.
Pedro Sánchez renuncia oficialmente a los Presupuestos de 2026 e inicia la preparación de las Cuentas de 2027.
Ante las consultas de los diputados, España ha aclarado se seguirán los plazos habituales con las Cuentas. Y cuando se hayan pasado los trámites preceptivos, se iniciarán las negociaciones con los grupos parlamentarios sobre el contenido de la norma.
El ministro también ha informado de que el Gobierno ya plantea mantener parte del paquete fiscal que aprobó ante la guerra de Irán y el incremento de los precios de la energía. Y que se añadirán medidas adicionales cuando caduque el actual escudo tributario, a finales de junio.
Por otro lado, España ha insistido en que el Gobierno busca tener en vigor la nueva financiación autonómica para el 1 de enero de 2027. Y ha lamentado la reacción de las autonomías del Partido Popular a la petición de negociación bilateral del Gobierno. Sobre todo porque, como ha comentado, "todo se tendrá que decidir en conjunto, con multilateralidad".
En este sentido, ha avisado de que "todos los gobiernos autonómicos van a tener que ceder en algo", unas palabras que recuerdan mucho a los argumentos que respecto a la financiación autonómica daba su predecesora, María Jesús Montero.
"Es un modelo a negociar, que me parece justo, sólido y transparente. Es un avance significativo y a negociar. Y pido a las comunidades que lo hagan, que negocien, que se sienten y planteen sus inquietudes", ha añadido.
Respecto a la quita de deuda, una medida que también tiene que pasar por el Congreso, España objetó que "no se puede decir que 'no' de entrada". Y que es una iniciativa que en el pasado venían reclamando varios gobiernos autonómicos.
