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La Comisión Europea retrasa la aprobación de la Ley de Aceleración Industrial, que busca priorizar productos fabricados en la UE en sectores estratégicos.
La ley propone que las empresas reciban ayudas públicas solo si producen una parte sustancial en territorio europeo, especialmente en sectores como energías renovables y coches eléctricos.
Nueve departamentos de la Comisión y varios Estados miembros consideran que la norma es demasiado proteccionista y advierten de riesgos para la burocracia y relaciones comerciales.
Reino Unido y Japón han presionado para suavizar la ley, temiendo quedar excluidos de licitaciones europeas y solicitando un trato especial para países con acuerdos comerciales con la UE.
Si Donald Trump ha colocado el Buy American en el corazón de su política proteccionista, y Pekín excluye de su mercado a sus rivales apelando al Made in China, la Unión Europea debería, por fin, atreverse con el Made in Europe: establecer por ley una preferencia europea en los sectores estratégicos.
Esta es la tesis que ha inspirado al vicepresidente ejecutivo de la Comisión para Estrategia Industrial, el francés Stéphane Séjourné, a la hora de elaborar el proyecto de Ley de Aceleración Industrial, previsto para presentarse en los próximos días.
No obstante, las divisiones internas en la Comisión de Ursula von der Leyen, así como las diferencias entre los propios Estados miembros, están retrasando la adopción de esta norma. Un texto que también genera recelo entre socios cercanos de la UE, como Reino Unido o Japón, que han lanzado una ofensiva de última hora para intentar descafeinarlo.
La Ley de Aceleración Industrial fijará objetivos sobre la proporción de componentes fabricados en Europa que deberán incorporar determinadas tecnologías estratégicas -como energías renovables, baterías o coches eléctricos- para poder acceder a subsidios públicos.
"Se basa en un principio muy sencillo: siempre que se utilicen fondos públicos europeos, estos deben contribuir a la producción europea y a la creación de empleo de calidad", sostiene Séjourné en una tribuna publicada a principios de mes en la prensa de varios países europeos, respaldada por 1.141 dirigentes empresariales.
El vicepresidente de la Comisión responsable de Industria, Stéphane Séjourné, durante la rueda de prensa de este miércoles en Bruselas
“Ya se trate de una subasta pública, de ayudas estatales directas o de cualquier otra forma de apoyo financiero, la empresa beneficiaria deberá producir una parte sustancial en territorio europeo”, reclama el responsable de Industria.
En el caso de los coches eléctricos, los primeros borradores filtrados contemplaban que las ayudas públicas estuvieran condicionadas a que al menos el 70% de cada vehículo se fabricara en la Unión Europea.
Sin embargo, la última versión de la Ley de Aceleración Industrial elaborada por Séjourné, que ha circulado en los últimos días, ha topado con la oposición frontal de hasta nueve departamentos de la Comisión Europea, que la consideran excesivamente proteccionista.
Aunque su adopción definitiva sigue formalmente en la agenda del colegio de comisarios del 26 de febrero, el aluvión de críticas internas podría forzar un nuevo aplazamiento -el tercero- de una norma que inicialmente se anunció para finales de 2025.
El vicepresidente de la Comisión ha tratado de restar importancia a estos obstáculos. “La introducción de la preferencia europea en nuestro marco legal supone un cambio profundo en la doctrina económica de Europa. Por eso no sorprende que requiera tiempo y esfuerzo alcanzar una versión común y sólida”, sostiene.
“Confío en que finalmente lo conseguiremos, conciliando las distintas posiciones sin rebajar el alto grado de ambición de la Ley de Aceleración Industrial”, asegura Séjourné.
El equipo del vicepresidente sostiene que la mayoría de los Estados miembros y de los grupos políticos del Parlamento Europeo respalda la preferencia europea, si bien admite que existen discrepancias sobre sus condiciones y su alcance. La mayor parte de las empresas implicadas y los sindicatos están a favor.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversa con el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, durante la reunión de este lunes en Bruselas
El presidente francés, Emmanuel Macron, es el mayor defensor de la preferencia europea como receta para recuperar la base industrial del continente, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, se muestra mucho más escéptico.
En diciembre, un total de 9 Estados miembros -República Checa, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, Suecia y Eslovaquia- firmaron un manifiesto conjunto en el que reclaman la "máxima precaución" al introducir la preferencia europea en la legislación de la UE.
Estos países alertan de que el Made in Europe amenaza con engordar la carga burocrática para las empresas, deteriorar las relaciones comerciales de la UE y socavar la credibilidad de Bruselas como socio estable y previsible.
En este sentido, Reino Unido está buscando aliados en Europa para suavizar la Ley de Aceleración Industrial con el objetivo de que los productos británicos no queden excluidos de las licitaciones. Londres defiende un trato especial para aquellos países que hayan firmado acuerdos comerciales con la UE.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que la preferencia europea debe aplicarse en los sectores estratégicos donde la UE concentra actualmente la mayor parte de sus inversiones, especialmente en el coche eléctrico y las energías renovables.
A Von der Leyen se le acaba el tiempo. La presidenta se comprometió ante los líderes europeos la semana pasada a presentar antes de la cumbre del 19 y 20 de marzo una hoja de ruta con recetas para frenar el declive económico del bloque y resistir la presión competitiva "desleal" de la pinza que forman China y Estados Unidos. La Ley de Aceleración Industrial es uno de los pilares centrales de esta estrategia.