Las claves
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El 10,2% de los hogares con jóvenes de 16 a 29 años sufre carencia material severa, el nivel más alto de todos los grupos de edad en España.
La generación Z enfrenta salarios bajos y el encarecimiento de la vivienda, lo que retrasa su emancipación y limita su capacidad de consumo.
Aunque el empleo juvenil ha mejorado en estabilidad, muchos jóvenes siguen sin poder cubrir sus necesidades básicas debido a la brecha salarial y el aumento de precios.
Mientras los jubilados mantienen mejor su poder adquisitivo gracias a pensiones revalorizadas, los jóvenes y los hogares con niños siguen siendo los más afectados por la precariedad.
La carencia material severa alcanza el 10,2% en los hogares con jóvenes de 16 a 29 años, el nivel más alto de toda la pirámide social.
La generación Z —que estrictamente son los nacidos entre 1997 y 2012— se ha convertido así en el epicentro de una fractura silenciosa que, además de cronificar su precariedad, amenaza la capacidad de consumo interno.
En la práctica, eso significa que uno de cada diez jóvenes en España vive hoy en un hogar que no llega a cubrir lo más básico: comer carne o pescado con regularidad, calentar la vivienda, afrontar un imprevisto o disponer de cosas tan comunes como una lavadora, un teléfono o un coche.
Ese 10,2% marca el techo de precariedad por edad y más que duplica la tasa de los mayores de 65 años, que se sitúa en el 4%. La media española es del 8,3%.
Esta “asignatura pendiente” de la recuperación española queda detallada en el último informe de Funcas sobre la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Dicho desajuste no sólo tiene consecuencias sociales, también económicas. La precariedad de la generación Z introduce una grieta en el relevo generacional del consumo.
Los menores de 30 años, también conocidos como centennials, recortan primero en tecnología, ocio o moda y aplazan decisiones de gasto más grandes, como cambiar de coche o emanciparse.
Así, sectores que tradicionalmente han dependido de la demanda joven crecen con menos fuerza.
¿Por qué los jóvenes salen tan mal en la foto? La respuesta está en la calidad del trabajo, en el coste de la vivienda y en la herida que dejan dos crisis consecutivas, la de la Covid‑19 y la de inflación generada por la guerra en Ucrania.
En el plano salarial la desventaja es evidente. Según los datos del INE, el salario medio mensual bruto de los menores de 25 años se sitúa en 1.372,8 euros, una cifra que dista enormemente de los 2.385,6 euros del conjunto de asalariados.
Aunque en el tramo de 25 a 34 años la media sube hasta los 2.131,6 euros, la entrada al mercado laboral sigue siendo la parte más frágil de la escala.
En los últimos cinco años, el salario medio total ha crecido el doble de lo que lo ha hecho para los menores de 25 años, ensanchando una brecha generacional que parece difícil de cerrar.
A la fragilidad laboral se suma la vivienda como el gran drenaje del presupuesto juvenil. La concentración de jóvenes en grandes áreas urbanas choca con precios de alquiler y compra que se han encarecido mucho más rápido que sus sueldos.
Esa brecha no sólo impide el ahorro, sino que retrasa la emancipación a edades nunca vistas.
El encarecimiento de la vivienda obliga a destinar una parte desproporcionada del sueldo al alquiler y los gastos básicos. De este modo, cada euro que gana un joven llega ya comprometido a una lista de pagos fijos que deja poco margen para el consumo discrecional, aquel que realmente mueve la economía del día a día.
La paradoja es que esta precariedad convive con las mejores tasas de empleo juvenil de la última década. El porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años en situación de desempleo se sitúa en torno al 13,7%. El de los jóvenes de 20 a 24 años, en el 22,5%.
Hoy hay más jóvenes trabajando y con contratos más estables, pero sus condiciones de vida apenas mejoran y muchos siguen sin poder cubrir con holgura los gastos básicos.
En la actualidad, el 67% de los jóvenes entre 16 y 29 años tiene un contrato indefinido. En 2019 la proporción era del 44,6%.
El salto en la estabilidad laboral de la juventud es innegable, pero aún no los coloca al nivel del resto de trabajadores. Según los datos de la última EPA, un 84,9% de las personas ocupadas tiene un contrato de duración indefinida y sólo un 15,1% trabaja con contrato temporal.
Los datos muestran que esta distancia entre los jóvenes y el resto de la población no es algo pasajero.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión (AROPE) alcanzó el 29,3% entre los 16 y 29 años el pasado ejercicio, casi cuatro puntos por encima de la media nacional.
Este indicador se ha mantenido sistemáticamente más alto para los jóvenes desde la crisis de 2008.
Tras el shock inflacionario de los últimos años, las tasas de privación han vuelto a escalar de forma alarmante. La carencia material severa de los centennials ha pasado del 5,8% de 2019 al 10,2% de 2025. Para el conjunto del país el indicador apenas se ha movido unas décimas.
Los jubilados resisten
El análisis por grupos sociales revela quién está resistiendo mejor la presión de los precios. Los jubilados son el colectivo más resiliente gracias a unos ingresos estables y más protegidos frente a la inflación.
Las pensiones, revalorizadas con el índice de precios al consumo (IPC), garantizan una renta regular para los mayores de 65 años.
Eso les ha permitido llegar a 2025 con una tasa de riesgo de pobreza del 19% y una carencia material de apenas el 4%, niveles muy por debajo del conjunto de la sociedad.
En el lado opuesto, los hogares con niños sufren una presión similar a la de los jóvenes.
Sus ingresos dependen de salarios que no han crecido al ritmo del coste de la vida, enfrentándose a gastos extremadamente rígidos en alimentación y cuidados.
Esto provoca que, en 2025, los menores de 16 años presenten una tasa de riesgo de pobreza del 33%, la más alta de todos los grupos, y una carencia material del 8,5%.