El Ministerio de Hacienda lleva al Consejo de Ministros de este martes el anteproyecto de ley con el que el Gobierno quiere ejecutar una condonación de deuda autonómica de 83.252 millones de euros. Una medida que permitirá a las comunidades ahorrarse al menos 7.000 millones de euros sólo en intereses.
Sin embargo, dicho ahorro no se podrá aprovechar para otras partidas de gasto de las regiones, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Es decir, que la condonación de deuda y que el Estado asuma el correspondiente pago de intereses no se traducirá en que las regiones vayan a disponer de mayor margen de gasto para otras cuestiones.
Así lo indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que avisa de que lo ahorrado en intereses no se podrá dedicar a otras partidas.
"La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las comunidades autónomas y un incremento en la Administración Central", indica.
"No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas", añade el órgano que dirige Cristina Herrero en la nota informativa emitida sobre la condonación de deuda.
Con todo, lo que sí posibilita el ahorro en intereses es una mejora de la imagen y calificación crediticia de las regiones, al menos de las más endeudadas. Es decir, que les permitiría salir con mayor solvencia a los mercados financieros.
Este es, precisamente, uno de los principales objetivo del Ministerio de Hacienda con la medida. Cuando se puso en consulta pública previa el anteproyecto de ley para la condonación, el equipo de Montero explicitó estas intenciones.
"Mediante la asunción de parte del endeudamiento autonómico por el Estado, las comunidades autónomas de régimen común reducirán el gasto por intereses y les facilitará la vuelta gradual a los mercados para obtener financiación, lo cual reforzará su autonomía financiera y, en definitiva, su sostenibilidad financiera", recogía el texto.
"La vuelta a los mercados también persigue reforzar la responsabilidad fiscal de las autonomías que no se enfrentan actualmente a la disciplina que exige el mercado con el control de las finanzas públicas", en la consulta pública.
"El acceso a mercado introduce un incentivo para mantener sus finanzas públicas saneadas, de manera que el tipo de interés al que se financien en mercado sea el menor posible", concluye.
Lo cierto es que el Gobierno va a facilitar el próximo año que las regiones que acudan cada vez más en los mercados. A finales de julio, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) aprobó que, en 2026, las regiones que estén en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) pasen al de Facilidad Financiera.
Esto les permitirá compatibilizar la financiación que obtengan en los mercados con los fondos de liquidez autonómicos del Estado. Siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones y con la aprobación previa del Ministerio de Hacienda.
Las regiones del Partido Popular, en particular Andalucía, no comparten esta perspectiva. "La condonación de la deuda no nos supondría ni un euro más para invertir en los andaluces: ni en sanidad, ni en educación ni en dependencia, no supondrían más recursos ni para pagar más médicos, ni más profesores, ni para invertir en la mejora de carreteras ni en viviendas", denuncia Carolina España.
La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía insiste: "Así que nadie debe llevarse a engaños. (la condonación) Sería sólo una mejora en los balances de cuentas que beneficiaría principalmente a las comunidades más endeudadas al mejorar su solvencia, pero, insisto, que no se traduciría en más recursos para los ciudadanos".
"Andalucía ya es solvente. Ya es respetada por su solvencia financiera por todas las entidades de rating y por eso puede salir a los mercados y emitimos deuda en los mercados, cosa que no pueden hacer la mayoría de autonomías. No pueden salir al mercado y dependen de la financiación, de la deuda con el Estado".
Cabe recordar, en cualquier caso, que queda mucho para que la condonación se haga realidad. El anteproyecto de ley, una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, pasará a las Cortes.
En ellas se someterá al proceso parlamentario. Para prosperar necesitará la mayoría cualificada de las cámaras (la mitad más uno). ¿La causa? Tal y como ha trasladado el departamento de María Jesús Montero, el texto tendrá que hacer modificaciones a una ley orgánica como la de Estabilidad Presupuestaria.
El Gobierno todavía cuenta con que la norma esté aprobada por el Congreso (y haya pasado por el Senado, donde el PP tiene mayoría y seguramente no logre apoyos) antes de que acabe 2025.
Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) volverá a reunirse con las comunidades autónomas de forma bilateral para dar el paso final para la condonación de la deuda: que cada región acepte la quita con un convenio particular. Y todo esto mientras, en paralelo, el Gobierno tiene que negociar unos Presupuestos.