Finalmente, Intel ha confirmado que el Gobierno de Estados Unidos se quedará con un 10% de la compañía. El fabricante de chips ha aceptado la propuesta de Donald Trump de que la empresa devuelva en acciones las subvenciones que la Administración Biden había aprobado para la multinacional. Y el inquilino de la Casa Blanca amenaza con más acuerdos de la misma naturaleza.
"NO PAGUÉ NADA POR INTEL", presume en un comentario en TruthSocial. "Todo va a Estados Unidos. ¿Por qué la gente 'estúpida' está descontenta con eso? Haré tratos así por nuestro país todo el día", indica.
"Además, ayudaré a aquellas compañías que hagan tratos tan lucrativos con Estados Unidos. Me encanta ver cómo las acciones suben, haciendo a Estados Unidos MÁS RICO Y MÁS RICO", añade Trump.
El republicano ha hecho así referencia a cómo las acciones de Intel han subido en los últimos días. La revalorización supera el 20% en el último mes.
"¡¡¡Más trabajos para América!!! ¿Quién no querría hacer acuerdos como ese?", cierra Trump, insistiendo en el pacto con Intel.
Un acuerdo por el que, en realidad, Estados Unidos no pondrá más fondos que los que estaban ya previstos por las subvenciones que se aprobaron durante el mandato de Joe Biden.
Así, la participación accionarial del Gobierno estadounidense se financiará con los 5.700 millones de dólares (4.862 millones de euros) restantes en subvenciones previamente otorgadas, pero aún no pagadas, a Intel en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia.
A esta cantidad hay que sumar los 3.200 millones de dólares (2.730 millones de euros) otorgados a la compañía como parte del programa Secure Enclave.
Hablamos de un total de 8.900 millones de dólares. A ellos hay que sumar los 2.200 millones de dólares (1.877 millones de euros) en subvenciones CHIPS que Intel ya ha recibido.
Así, la inversión total de la Casa Blanca es de 11.100 millones de dólares (9.469 millones de euros).
Con esta cantidad, el Gobierno estadounidense se queda con 433,3 millones de acciones ordinarias de Intel a un precio de 20,47 dólares por acción, equivalente a una participación del 9,9 % en la compañía.
En este sentido, en su comunicado, la compañía subrayó el carácter "pasivo" de la inversión del Gobierno, sin representación en la junta directiva ni otros derechos de gobernanza o información.