De momento, nuestro país no ha respetado el calendario acordado, ya que tendría que haber aprobado la segunda parte de la reforma de las pensiones antes del 31 de diciembre de 2022. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se reunió este lunes con el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, con el objetivo de discutir el avance de los trabajos.

Escrivá confía en cerrar un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos antes de que acabe febrero para salvarse de cualquier penalización de Bruselas. La segunda fase de la reforma de las pensiones figura entre los 58 hitos y objetivos de los que depende el cuarto pago de 10.000 millones de Next Generation, cuyo desembolso (si todo hubiera ido bien) estaba programado para junio de 2023. De estos 58 hitos, cuatro son de pensiones.

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El reglamento de los fondos prevé la congelación de los pagos en caso de que un país no respete los hitos y objetivos comprometidos por la UE, pero no especifica qué penalización se aplicaría exactamente en caso de incumplimiento parcial, sino que lo deja a la entera discreción de Bruselas. Este es el vacío que quiere cubrir el Ejecutivo comunitario con la metodología publicada este martes, tras haber recibido críticas del comité de Control Presupuestario de la Eurocámara.

La solución a la que ha llegado Bruselas consiste en dividir el total de subvenciones adjudicadas a cada Estado miembro por el número de hitos y objetivos de su plan de recuperación. En el caso de España, la cantidad total es de 69.500 millones de euros y el número de hitos asciende a 415, con lo que cada hito tendría en principio un valor de 167 millones de euros.

Tramos de pago de los fondos Next Generation

No obstante, el Ejecutivo comunitario tiene previsto aplicar varios factores de corrección porque considera que no todos los hitos tienen el mismo valor ni contribuyen del mismo modo a la realización de los objetivos del Plan de Recuperación. La penalización máxima (que supone multiplicar por cinco la sanción) se aplica en el caso de que no haya entrado en vigor una reforma comprometida. Es decir, como 3 de los 4 hitos pendientes de pensiones son legislativos, la penalización mínima ascendería a 2.500 millones de euros.

Pero además, Bruselas se reserva el derecho de aumentar todavía más el castigo cuando la reforma pendiente se considere "de especial importancia" a la hora de responder a las recomendaciones de política económica que dirige anualmente la UE. En el caso de España, la sostenibilidad de las pensiones aparece siempre en estas recomendaciones. Esta penalización adicional no se concreta en la metodología de cálculo y se deja en manos de la Comisión.

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Una vez decidida la congelación parcial de los fondos, el Estado miembro afectado dispondrá de un plazo extra de seis meses para subsanar el problema y aprobar las reformas comprometidas. Si lo hace, la UE desbloqueará los fondos. En caso contrario, el dinero en cuestión se perderá de forma definitiva. 

Eso sí, el Ejecutivo comunitario deja claro que no es posible una suspensión parcial en caso de incumplimiento de hitos u objetivos relacionados con el sistema de control de un Estado miembro, que son necesarios para la protección de los intereses financieros de la Unión. En ese caso, se suspendería siempre el pago íntegro y todos los pagos futuros hasta que se corrija el incumplimiento.