Fedea considera que las medidas que ha adoptado el Gobierno para paliar los efectos económicos de la crisis del Covid-19 no están siendo lo suficientemente ágiles para proteger a tiempo a los colectivos especialmente vulnerables.

Se refiere, entre otros, a la renta básica que estudia el Ejecutivo con un diseño que los investigadores de Fedea no comparten en un momento como el actual por considerar que su tramitación no es lo suficientemente rápida y que además, "no incorpora la suficiente flexibilidad" de cara al fin de las ayudas.

"Sería necesario establecer de forma inmediata una renta mínima de último recurso de carácter transitorio, restringida a aquellos que hayan agotado todas las demás prestaciones", señala el estudio de Fedea coordinado por Florentino Felgueroso y Angel de la Fuente y en el que participan otros prestigiosos economistas.

Según advierten, la renta mínima en este momento debe "cubrir necesidades urgentes" y "no parece aconsejable esperar a que se ponga en marcha el ingreso mínimo vital de carácter permanente previsto en el programa de Gobierno".

Además del retraso en la aplicación, establecer un ingreso mínimo vital para siempre implica poner en marcha un programa "complejo e importante" que exigirá un cuidadoso diseño y un exhaustivo control de las transferencias públicas recibidas por los hogares.

Entre otros, advierte Fedea, el programa debe diseñarse para evitar desincentivos al trabajo y otros efectos secundarios adversos.

Además, añade, debe ponerse en marcha tras una compleja negociación con las comunidades autónomas. No se puede olvidar que son los gobiernos autonómicos los que tienen en principio las competencias sobre la materia y ya gestionan programas similares de ayuda.

De hecho, son las administraciones regionales y locales "las que mejor pueden identificar a sus potenciales beneficiarios y llegar a ellos a través de sus servicios sociales".

El ejemplo de Dinamarca

Para agilizar la recepción de esas ayudas, Fedea propone reducir "al mínimo los trámites y comprobaciones ex ante" y sustituirlos "por controles a posteriori acompañados de fuertes sanciones para los que incumplan los requisitos anunciados".

Un ejemplo que podría seguir de guía a España es el de Dinamarca, donde se ha puesto en marcha un modelo en el que las propias empresas actúan como intermediarias en el pago de las prestaciones a sus trabajadores

Esta propuesta se enmarca dentro del primer boletín de una serie mensual que recogerá el seguimiento de la crisis del Covid-19. Además de Florentino Felgueroso y Ángel de la Fuente, también participan en el estudio Rafael Doménech, Javier Ferri, José E. Boscá,  Diego Rodríguez y cuenta con la tribuna invitada de Javier Andrés.

Déficit y ERTEs

Los economistas hacen un llamamiento a la atención al equilibrio presupuestario. "Aunque limitar el déficit público no puede ser ahora una prioridad, hemos de ser conscientes de que los recursos con los que contamos", recuerdan.

También analiza los mecanismos de apoyo a empresas y autónomos que se han puesto en marcha y reclaman más flexibilidad de cara a su terminación.

"Los ERTEs, en particular, deberían ser fácilmente modulables, en el tiempo y en su cobertura, para permitir una vuelta gradual a la actividad cuando sea posible, especialmente en aquellos sectores en los que la recuperación será más tardía e incierta", concluyen los expertos.