El tiempo apremia. El Gobierno ha recibido una comunicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se indica que va a resolver directamente, sin vista oral para alegaciones, el procedimiento sancionador contra el Reino de España por el régimen de la estiba.

Así lo ha informado esta tarde el Ministerio de Fomento en un comunicado, en el que se explica que el asunto será juzgado sin conclusiones del Abogado General y por el procedimiento en Sala de tres jueces.

La sentencia, por tanto, "es inminente", avisa Fomento. “En estas circunstancias, la aprobación del Real Decreto Ley que dé cumplimiento a la sentencia es urgentísima y no admite más dilación”, ha apuntado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Si el Gobierno no consigue que se convalide el decreto en el Congreso después del rechazo histórico que ya sufrió la primera vez, España estará abocada a pagar una segunda multa de la Unión Europea de 134.000 euros al día por incumplimiento de la sentencia (TJUE). Esta cifra se sumaría a los 23 millones de euros con los que ya cuenta desde la primera sentencia de este tribunal, el 11 de diciembre de 2014. Así, si no se convalida el decreto en la Cámara Baja, estos 23 millones de euros de multa acumulada que tiene España aumentarían de nuevo por cada día de incumplimiento de la sanción desde que el TJUE sentencie por segunda vez.

A la espera de la nueva norma

Después de más de un mes de negociaciones, estibadores y patronal aceptaron este martes la propuesta del mediador del CES, Marcos Peña, sobre la reforma de la estiba, algo que ya hizo Fomento la semana pasada. Así, están a la espera la nueva propuesta que formule el Gobierno para reformar el sector de la carga y descarga de barcos y dar cumplimiento a la sentencia del TJUE.

Este mismo miércoles, los sindicatos han remitido unas cartas a los representantes de Empleo y Fomento. Con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, han pedido una reunión cuando esté disponible el borrador de la nueva norma, con el fin de "presentar alegaciones" y concluir el "proceso de diálogo" en el menor plazo posible. Asimismo, en la misiva enviada al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, los sindicatos solicitan una "reunión técnica" para hablar de la supuesta regulación específica de los Centros Portuarios de Empleo (CPE) y de su encaje en la nueva norma.

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