En los últimos cuatro meses Alessandro ha acumulado cerca de una veintena de vales. En realidad es un afortunado, porque hay quien recibe uno por cada día de actividad. “Trabajaba unos 25 días al mes, pero me hacían cuatro o cinco facturas en las que cada una incluía varias jornadas laborales, para ocultar que se trataba de un encargo a tiempo completo”, asegura.

El empleo del sistema de vales (buono lavoro) existe en Italia desde 2003, lo aprobó el segundo gobierno de Silvio Berlusconi con el objetivo de reducir el trabajo ilegal, y se generalizó a partir de 2008. En un primer momento fue ideado para retribuir trabajos domésticos o utilizarlo en empresas familiares. Sin embargo, en paralelo a la reforma del mercado de trabajo del Gobierno de Matteo Renzi, su uso se amplió a toda actividad comercial y ha terminado favoreciendo la elusión fiscal.

El sueldo normal de Alessandro rondaba los 600 euros al mes, aunque si las cosas venían bien dadas podía llegar a los 1.000. Sin embargo, de lo que se lamenta es que estos bonos “no incluyen ningún tipo de derecho a prestación social o garantía por enfermedad”. “Es normal, porque están concebidos para trabajos ocasionales de un día, pero la realidad es que gracias a ellos se han convertido situaciones esporádicas en permanentes”, añade.

Los bonos no incluyen ningún tipo de derecho a prestación social o garantía por enfermedad

Quienes lo permitían en su caso eran instituciones públicas, ya que durante los últimos nueve años Alessandro ha encadenado un trabajo precario tras otro en distintos museos estatales o bajo el control del Ayuntamiento de Roma. La gestión del personal correspondía, sin embargo, a empresas privadas, matiza. Su intención es denunciar el procedimiento, pero a punto de cumplir los 40 trata de evitar problemas, por lo que prefiere no dar su apellido ni ser fotografiado.

Y eso pese a que la vinculación con la última empresa terminó. Ahora se ha enrolado en el negocio familiar de un amigo que se dedica a la artesanía. “Nunca trabajé en negro, pero podemos decir que se trata de un ámbito ‘gris’ en el que las empresas bordean la ilegalidad al interpretar la ley a su antojo”, declara.

El resultado de que el uso de los vales se ampliara a toda la actividad comercial fue que de los 500.000 vales que habían estado en circulación antes de esta medida, se pasó a unos 135 millones. Se estima que su valor no supera los 4.000 millones de euros, lo que representaría sólo el 0,2% del coste total del trabajo, según datos de la patronal Confindustria. Cerca de 1,4 millones de italianos reconoce que ha sido pagado a través de este método, con una prestación media de unos 500 millones.

Tres métodos diferentes

Los límites que impuso el Ejecutivo italiano es que los vales no superaran anualmente un importe máximo de 7.000 euros por trabajador en el caso de varios pagadores, 2.000 si se trataba de uno solo. El método más habitual es recibir en mano un ticket homologado, que después se cobra en la oficina postal. Un particular también puede comprarlos para pagar a un tercero y que éste vaya a canjearlo. Y además existe un sistema informatizado para empresas y trabajadores habituados a este cobro, como en el caso de Alessandro, que recibía su sueldo a través de un ingreso bancario.

Pese a que el trabajador advierte de que este mecanismo no otorga derecho a prestaciones, el monto no repercute totalmente en el empleado. Cada uno de los bonos tienen un valor de 10 euros, de los que el beneficiario percibe 7,5. El resto va a parar a distintos servicios de protección pública, sin que el emisor tenga que pagar ningún coste adicional en materia de impuestos. A cambio de este 25% de exacción fiscal, el resto del vale es opaco.

“El uso de este sistema ha permitido una explosión del trabajo precario, ya que las empresas lo han utilizado para sustituir los contratos laborales”, asegura Corrado Barachetti, responsable del área de mercado de trabajo del sindicato CGIL. Durante los últimos dos años la organización ha batallado con el Gobierno para conseguir la abolición del pago con vales y ahora pueden cantar victoria, ya que la pasada semana el Ejecutivo italiano emitió un decreto que cancelaba su aplicación.

La retirada de los vales y el trabajo en negro

El punto culminante fue que el Tribunal Constitucional decretara la celebración de un referéndum sobre este asunto, tal y como había pedido la CGIL a través de una iniciativa popular. Antes que someterse a un nuevo escrutinio ciudadano –y una hipotética derrota, tras la de la reforma constitucional- el Gobierno del interino Paolo Gentiloni decidió firmar la paz con el mundo sindical.

A cambio, el Ejecutivo se ha ganado las críticas de Confindustria o de otras patronales como Confcommercio, que consideran que la retirada de los vales hará aumentar el trabajo en negro. Desde la CGIL, Barachetti responde que “los vales no constituyen ningún contrato y además han supuesto un freno a la estabilidad laboral”. Según sus datos, el año pasado sólo un 21% de los contratos que se firmaron fueron a tiempo indeterminado.

La duda radica ahora en encontrar una alternativa. Se baraja el modelo francés, en el que las familias se pueden inscribir en una plataforma digital a través de la cual vienen retribuidas directamente por el empleador, o los minijobs alemanes. Los vales italianos tendrán aún vigor hasta el 31 de diciembre de este año.

La propuesta de la CGIL es un contrato de una duración máxima de 40 días con un límite de 2.500 euros. El responsable del área laboral del sindicato confía en que los empresarios acepten recurrir a una fórmula de este tipo antes que alimentar la economía sumergida, que según cifras del Instituto oficial de Estadística alcanzaría un 13% del PIB. Otra cosa son los datos reales. Alessandro insiste en remarcar que en todas las empresas que ha pisado jamás ha conocido un convenio. “Así, el empleador pone el precio y las condiciones”, sentencia.