El Gobierno no ha conseguido este jueves el apoyo del Congreso y apenas le queda tiempo. Dentro de una semana, el 24 de marzo, se cumplirá el plazo de un mes desde que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de reforma de la estiba. Pero ese día ya no importa. La cuenta empieza de nuevo y los sindicatos lo tienen claro: "La reforma solo saldrá adelante si el Gobierno lleva un decreto consensuado".  Por eso, exigen que, antes de llevar de nuevo un decreto al Consejo de Ministros, lleguen a un acuerdo con ellos. "Si llevan el mismo contenido, el Congreso lo volverá a tumbar", apuntan a EL ESPAÑOL fuentes sindicales.

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"El camino es otro, y pasar por volver a sentarse y negociar con nosotros el contenido del decreto", insisten desde los sindicatos. Aseguran que es la única forma de sacar adelante la reforma y cumplir así con la sentencia del tribunal de Luxemburgo.

Si el Gobierno no consigue que se convalide el decreto en el Congreso, España estará abocada a pagar una segunda multa de la Unión Europea de 134.000 euros al día por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una cifra que se sumaría a los 23 millones de euros con los que ya cuenta desde la primera sentencia de este tribunal, el 11 de diciembre de 2014.

La multa, de hecho, ha sido el argumento más utilizado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la hora de defender el apoyo al decreto. Tras perder la votación en el Congreso, convirtiéndose en la primera vez desde 1979 que la Cámara rechaza un decreto-ley, De la Serna ha lamentado la "falta de responsabilidad política", que, dice, aboca a "muchos españoles a pagar una sanción muy importante desde su bolsillo para mantener el monopolio".

Por su parte, la comisaria europea de transporte, Violeta Bulc, fue clara hace una semana en la comisión de Fomento del Congreso. Bulc aseguró que la Comisión Europea frenó el crecimiento de la sanción que tiene España y que pedirá el desestimiento de la multa, una decisión que se adoptó al verificar que se estaban tomando las medidas oportunas para ajustar la ley española a la normativa europea.

Sin embargo, si no se convalida el decreto en la Cámara Baja, los 23 millones de euros de multa acumulada que tiene España aumentarían de nuevo por cada día de incumplimiento de la sanción desde que el TJUE sentencie por segunda vez: "Hemos esperado mucho tiempo a que España tomara medidas", aseveró entonces la comisaria. "Si no se hace, habrá medidas ulteriores", avisó.

La próxima semana, definitiva

Una vez desconvocados las cuatro jornadas de huelga que aún tenían previsto llevar a cabo en los puertos, los estibadores están dispuestos a volver a sentarse a negociar con patronal y Gobierno. Se pondrán en marcha a partir de la semana que viene.

De hecho, será el próximo martes cuando, previsiblemente, estibadores y patronal se vuelvan a reunir con el mediador del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, aunque el Gobierno todavía no ha convocado la reunión ni informado de si estará o no presente.

Ayudas y prejubilaciones con 70% del salario

El "esfuerzo" que el Gobierno está haciendo para tratar de convencer a estibadores y patronal "no se ha hecho nunca antes con trabajadores del sector privado", ha asegurado De la Serna este jueves durante su intervención en el Congreso.

De hecho, el ministro trató de alcanzar el miércoles un pacto 'in extremis' para poder convalidar este jueves el decreto, algo que finalmente no ha sido posible porque el pacto fue rechazado. De la Serna presentó un documento de cuatro puntos que, a su juicio, "garantiza el 100% del empleo" en el sector de la estiba.

El documento presentado el miércoles por el Gobierno, al que se le llamó Acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y mejora de la productividad en el sector de la estiba, consta de cuatro puntos para asegurar la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios, mejorar la productividad en los puertos, conceder ayudas a estos trabajadores y fijar un seguimiento de los acuerdos.

Así, el documento, que seguirá en el debate esta semana que resta, contempla la subrogación como nuevas empleadoras de las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías cuando dejen las Sagep, aunque las condiciones en las que se llevará a efecto la subrogación "se determinarán en convenio colectivo sectorial de ámbito estatal".

En cuanto a las ayudas ofrecidas por el Gobierno en estos cuatro puntos, y aunque "no se puede especificar aún la cuantía", se sumarían a los 350 millones de euros con los que ya cuenta Puertos del Estado para reformar el sector. De la Serna insiste en que se tratan de "cifras y porcentajes que se sitúan en los máximos que se han podido producir en las reformas de otros sectores".

Estas ayudas estarán dirigidas a los trabajadores que voluntariamente quieran prejubilarse (les tienen que quedar menos de 60 meses para llegar al momento de jubilación). El Gobierno se compromete a garantizar un subsidio equivalente al 70% del promedio de las percepciones salariales en los seis meses anteriores a la baja. Según los sindicatos, esta medida solo beneficiaría al 10% de la plantilla total de estibadores, por lo que no creen que sea suficiente.

El objetivo, liberalizar el sector

La sentencia del TJUE señala que es indispensable que las empresas del sector puedan contratar libremente a sus trabajadores. Con el sistema actual, las compañías estibadoras no pueden contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.

La reforma planteada por Fomento pretende, siguiendo el mandato del TJUE, romper el monopolio que los estibadores españoles tienen sobre un sector básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 85% de las exportaciones y el 65% de las importaciones de España. El proyecto dará un plazo de tres años para que las Sagep desaparezcan y se reconviertan en los Centros Portuarios de Empleo, unas ETT's especializadas.