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Los funcionarios del subgrupo A1 pertenecen a la escala más alta de la Administración Pública de España y pueden ser inspectores de Hacienda, economistas del Estado, diplomáticos o abogados del Estado, por citar tres ocupaciones. Para llegar a este nivel hay que superar la correspondiente oposición... Y hacer un fuerte desembolso económico para superarla.

Según explica Álvaro Bonneville, jefe de área en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, miembro de la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Cuerpos y profesor en una academia especializada en oposiciones, la carga económica supone "una barrera importante para llegar a la función pública".

"La oposición para A1 no se aprueba en un año, sino que se tardan tres o cuatro", que es el tiempo que el opositor va a estar estudiando en una academia. Esto supone un desembolso de unos 10.000 euros sólo en formación.

En este sentido, demanda que se apliquen las "medidas necesarias y becas" para que este condicionante económico no mine que unas oposiciones se celebren en condiciones de "igualdad, mérito y capacidad".

Ana de la Herrán, presidenta de los Inspectores de Hacienda del Estado, está de acuerdo con poner fórmulas económicas que faciliten que quien lo desee se pueda presentar a estas oposiciones.

Sin embargo, considera que el actual modelo de oposiciones es "un sistema positivo" y recuerda que se premia, en particular, el esfuerzo. "Al talento también se llega por el esfuerzo", indica.

Opina que las críticas al sistema de oposiciones y, sobre todo, a los esfuerzos que hay detrás de funcionarios que obtienen plazas hay "una mezcla entre envidia e ignorancia".

Una de los debates celebrados en el congreso de Fedeca. Fedeca

Esto no implica que no haya que hacer cambios a las pruebas y cómo están diseñadas. "Hay que darles una vuelta, sobre todo en los puestos relacionados con ciencias y técnicas". Sobre todo a la hora de atraer a los mejores y hacer "competencia" a la empresa privada.

Con todo, demanda que el Gobierno de turno haga "un diagnóstico y un análisis de lo que se necesita realmente".

Sobre todo teniendo en cuenta que la edad media de los trabajadores de la AGE es de 49 años, y que se espera un 50% de jubilaciones en la próxima década.

Álvaro Bonneville y Ana de la Herrán abordaban estas cuestiones en el Congreso de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), cuya primera jornada se celebraba este jueves.

Política

En él, los altos funcionarios han demandado que no haya injerencias del poder político en su actividad.

"A la política le corresponde establecer las prioridades, establecer las líneas de gobierno, pero nosotros somos los responsables de mantener y garantizar el control de la legalidad, del procedimiento y, sobre todo, de una Administración Pública profesional que asegure que los derechos de la ciudadanía en ningún momento van a ser lesionados", indicaba Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca.

"Y para eso es necesario también contar con cuerpos superiores de la Administración del Estado que tengan la formación, que tengan las garantías, que tengan la seguridad y que tengan la protección que deben tener ante posibles injerencias del poder político", añadía.