Las claves

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Pese al importante crecimiento macroeconómico que ha registrado España en los últimos años, la pobreza se resiste y los porcentajes de hogares en riesgo de exclusión superan el 25%. Para abordar esta situación, entre 2020 y 2021 se desarrolló el ingreso mínimo vital (IMV). Sin embargo, la evolución de esta prestación se ha quedado estancada y muy lejos de las previsiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado un nuevo informe sobre la evolución de esta prestación no contributiva, pensada para abordar las situaciones de pobreza y que todo parece indicar que se queda lejos de cumplir sus principales metas.

Con datos de 2024 y teniendo en cuenta la población objetivo de la prestación, el ente denuncia la falta de alcance del IMV. Primero, el IMV ha cubierto, de manera efectiva, sólo al 21,3% de los hogares en riesgo de pobreza.

Y ello pese a que, por su diseño, debería llegar al 54,6% de las familias en esta situación, dado que cumplen las condiciones para recibir la prestación. Es decir, más del doble.

Además, tal y como recoge el informe de AIReF, "el 45,4 % de los hogares pobres quedan fuera del paraguas de la prestación" por no cumplir las condiciones requeridas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta manera, el IMV acaba no llegando hasta el 78,7% de las familias pobres españolas.

En el caso de aquellas que deberían recibir la prestación por cumplir las condiciones, sucede el fenómeno conocido como non take up o brecha de cobertura.

Es decir, que son personas con acceso a un determinado derecho social pero no lo reciben o ni siquiera lo piden por barreras burocráticas y digitales o simplemente falta de información.

Se trata de un problema que se ha mantenido muy elevado desde la puesta en marcha del IMV. A día de hoy y como se ha comentado unos párrafos más arriba, la prestación la recibe menos de la mitad de los hogares para la que está diseñada, un 45%.

Es decir, que hay un 55% de familias que deberían acceder a esta prestación pero no lo hacen, según los datos de la Autoridad. ¿Por qué? "La falta de información es el motivo fundamental del non take-up", indica la Autoridad.

A esto hay que sumar otros motivos, como el "desconocimiento del lenguaje y el miedo a los reintegros".

Esperas

Sin embargo, los hogares que finalmente reciben la prestación lo hacen tras largos plazos de espera. Pese a que los tiempos se han ido reduciendo, el tiempo más habitual de aprobación de un expediente de IMV por parte de la Seguridad Social es de 150 días. Es decir, más de cinco meses.

Por otro lado, el plazo más habitual para saber si la solicitud del IMV ha sido denegada tampoco es mucho menor: 108 días. Por ello, la AIReF recomienda introducir "automatismos" para acelerar la tramitación y que gane eficiencia.

Cabe recordar, en cualquier caso, que los rechazos por parte de la Administración siguen siendo muy elevados. Están en torno al 60% y el 70% de las solicitudes presentadas.

Así, según la AIReF, se mantienen determinadas "debilidades estructurales" de la prestación que limitan "su capacidad para reducir la pobreza de forma más eficaz".

Para empezar, las rentas que se tienen en cuenta para decidir si se da el IMV son las del año anterior. Deberían ser de "periodos más recientes".

Por otro lado, se mantienen los problemas que genera la definición de unidad de convivencia, que es la principal causa de rechazo de solicitudes.