Las claves
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La negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 se toma un descanso hasta después de las Navidades. El Gobierno no volverá a abordar esta cuestión con los agentes sociales hasta entrado enero. Con todo, el Ministerio de Trabajo ya traza su estrategia ante esta negociación y la reforma de la normativa que afectará al SMI y que se abordará en un real decreto aparte.
Con ella, el departamento aspira a limitar la capacidad que tienen las empresas para absorber y compensar los aumentos del SMI a través de complementos salariales. Y quiere contar con el apoyo de la patronal para ello. Sin embargo, esto no parece posible. La CEOE promete una guerra judicial ante una medida semejante.
La baza que baraja el equipo de Yolanda Díaz para atraer a la patronal es una de sus reclamaciones más insistentes en los últimos tiempos. Y también de los sindicatos: indexar las subidas de los salarios más bajos a los contratos públicos.
Se trata de algo que, a día de hoy, no es posible. Lo impide la Ley de Desindexación de la Economía Española que se aprobó de la mano de Cristóbal Montoro en 2015. Esta legislación impide que los precios de los contratos públicos se puedan elevar si hay incrementos de costes por parte de las empresas que dan servicio a las Administraciones, ya sea de materiales (por la inflación) o salariales.
Como ha contado ya EL ESPAÑOL-Invertia, esta norma ha provocado importantes enfrentamientos entre los ministerios. Concretamente, los de Hacienda y Economía, que cuentan con la norma para que no se dispare el gasto público, contra todos los demás, que ven limitada su capacidad de negociación con los agentes sectoriales.
En este contexto, según ha podido saber este periódico, Trabajo se plantea poner esta cuestión encima de la mesa para atraer a la patronal a un acuerdo en los cambios que se barajan en el futuro del SMI.
Eso sí: si esto ocurre, las modificaciones que hará el Gobierno en los límites de las empresas para absorber y compensar las subidas del SMI serán más abruptas. Aunque todo esto dependerá de la negociación que se geste en el Diálogo Social.
Además, un cambio de este calado implicaría un cambio de ruta. Hasta ahora, los de Yolanda Díaz querían hacer los cambios en la estructura del salario mínimo con un real decreto. Si se quiere hacer realidad la indexación de las subidas del SMI en los contratos públicos, se tendría que tramitar un proyecto legislativo o un real decreto-ley.
Sin embargo, cabe recordar que esta negociación será independiente de la subida del salario mínimo de 2026, para la que Trabajo todavía no ha presentado una cifra concreta pese a que la negociación comenzó esta semana.
De hecho, el Ministerio de Trabajo no retomará los contactos con patronal y sindicatos hasta después de la Noche de Reyes. Será entonces cuando ofrezca una cantidad con la que negociar el suelo salarial de 2026.
Según fuentes del Gobierno, el SMI no se vería afectado por fiscalidad alguna. Hay un consenso entre Trabajo, Hacienda y Economía al respecto que está prácticamente cerrado. La idea es articular de cara a 2026 la deducción del IRPF para el SMI que se aprobó ya este 2025.
La Comisión Asesora para el Análisis del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado una subida del 3,1% (a 1.221 euros brutos mensuales) en 2026 si no se aplica el IRPF. Y del 4,7% (a 1.240 euros brutos mensuales) si finalmente hay fiscalidad (un escenario que ahora no se maneja).
En cualquier caso, en el departamento de Yolanda Díaz calculan que el nuevo SMI se aprobará, como pronto, a finales de enero. Incluso entrado febrero. Aunque si esto es así, aseguran que habrá aplicación retroactiva, como en otras ocasiones.
