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Las claves

El Ministerio de Trabajo ha presentado el informe de la Comisión de Expertos del salario mínimo interprofesional (SMI), que recomienda una subida del 3,1% (a 1.221 euros brutos mensuales) en 2026. Esta cifra se debería incrementar al 4,7% (a 1.240 euros brutos mensuales) si se le aplicara IRPF.

Esas cifras están muy alejadas de las reclamaciones de sindicatos (7,5%, si se aplica IRPF) y especialmente de la patronal, que pide una subida por debajo de la inflación de este año: 1,5%. Una postura que ha afeado y criticado Yolanda Díaz.

"Lamento que Garamendi anteponga la reelección en la CEOE a hacer el bien a su país", ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en referencia al presidente de la patronal y los comicios que se tienen que celebrar en la misma este 2026.

"Esto es lo que está enturbiando todo. Y lo siento muchísimo. Garamendi está centrado en hacer campaña, no en el Diálogo Social", ha insistido. Con todo, ha asegurado que se buscará un pacto tripartito en el Diálogo Social. "Prefiero un acuerdo con la legitimidad que supone", ha remarcado.

Por otro lado, Díaz ha aclarado, en declaraciones a los medios este viernes, que la subida del SMI de 2026 y la reforma de su normativa irán por separado. Es decir, que irán en vehículos normativos distintos. Esto impide que el incremento de los sueldos más bajos se pudiera ver afectado por una posible impugnación judicial de los cambios que ha prometido Trabajo.

Una guerra judicial que se da por hecha. Sobre todo porque Trabajo afirma que, en el real decreto, se limitará la capacidad que tienen las empresas para absorber las subidas del SMI a través de los complementos salariales.

"En España hay empresas que absorben las subidas del SMI mediante complementos salariales. El resultado es que la vida de la persona no mejora con los incrementos. Esto no puede seguir pasando en España", ha afirmado.

La reforma va a tener como objetivo, entre otras cuestiones, limitar esto. "Vamos a corregir esta gran injusticia en España. Subir el SMI no debe sustituir los derechos que ya existían", ha explicado.

Trabajo quiere aplicar esta limitación a través de un real decreto, algo que, según fuentes empresariales, no es posible. Para llevar a cabo esta medida sería necesario cambiar el Estatuto de los Trabajadores. Y para ello sería necesario pasar por el Congreso, con un real decreto-ley o con un proyecto de ley.