Las claves

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Gobierno, patronal y sindicatos han iniciado la negociación para reformar el despido en España. Sin embargo, y pese a que es un compromiso que Yolanda Díaz enarbola desde que entró en el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo se va a tomar la negociación con relativa calma. Tanta que los agentes sociales no prevén que haya borrador para los cambios legislativos correspondientes hasta 2026.

Así lo indican fuentes cercanas al Diálogo Social, que informan de que el equipo del Ministerio de Trabajo no llevó ninguna propuesta a la reunión inicial para abordar este asunto, celebrada en la mañana de este lunes.

Por ello, los sindicatos CCOO y UGT van a dedicar las próximas semanas (tres concretamente) a elaborar una propuesta conjunta, solicitada también por Trabajo, para la reforma. Un texto que, dadas las circunstancias, serviría de base para iniciar la negociación.

Es por estas razones que los agentes sociales dan por hecho que no se podrá cerrar un borrador para la reforma antes de que acabe 2025. Algo que ha generado cierto desconcierto dadas las prisas con las que quiere abordar el equipo de Díaz determinados asuntos.

Por ejemplo, la ampliación del permiso por fallecimiento y uno por cuidados paliativos, que se abordará el 5 de noviembre con los agentes sociales y se tramitará como un real decreto-ley. Por cierto, tanto sindicatos como patronal afearon a los representantes de Trabajo que no se les informara de esta propuesta adecuadamente y la conocieran a través de los medios de comunicación.

De vuelta a la reforma del despido, el texto que presenten los sindicatos recogerá las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, ante el que CCOO y UGT interpusieron sendas denuncias por el despido improcedente en España, que no se ajustaría a la Carta Social Europea.

El Comité considera que los límites de la indemnización por este tipo de despido (33 días por año trabajado) "no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario". No la considera, tal y como lo recoge la Carta Social Europea, una "indemnización adecuada".

Además, en esta negociación los sindicatos reclamarán que se recuperen los salarios de tramitación, suprimidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la reforma laboral de 2012.

Amparándose en los fallos del Comité Europeo de Derechos Sociales, varios tribunales españoles procedieron a elevar la indemnización por despido improcedente de algunas sentencias por encima de los 33 días por año citados.

Sin embargo, en julio el Tribunal Supremo avisó de que esto no era lo correcto. De hecho, consideraba que la expresión derecho a una "indemnización adecuada", que reitera el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, resulta "literalmente inconcreto".

Por ello, el Alto Tribunal entiende que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de "declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa".

Precisamente, tras la reunión de este lunes, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, cargaron contra el Supremo.

"No nos vamos a conformar con que el Tribunal Supremo quiera hacer un proceso de insumisión del ordenamiento jurídico internacional", advertía.

Alegaron que la actual situación genera una inseguridad legal que también perjudica a las empresas. Y recordaron que CCOO y UGT sumarán fuerzas para recurrir esta interpretación ante el Tribunal Constitucional.