Yolanda Díaz pasa a la ofensiva. Sólo una semana después de que el Congreso rechazara la reducción de jornada laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha anunciado que en octubre va a dar los primeros pasos oficiales para reformar el despido en España, una medida que la abogada gallega maneja desde que entró en el Gobierno en 2020.
Para ello, convocará a patronal y sindicatos del diálogo social. Una mesa que, ha asegurado, será la primera "en la historia de la democracia" que aborde la reforma del despido restaurativo. Unos cambios que serán "a favor" de los trabajadores, según Díaz.
Díaz no ha hecho este anuncio, en este tono, por casualidad. Este miércoles el Congreso aprobó una proposición no de ley de Sumar para reformar el despido improcedente, de manera que este sea disuasorio para las empresas y restaurativo para los trabajadores (al menos, en términos económicos).
Para la vicepresidenta y ministra, esto significa que "el bloque de la investidura ha dicho sí" a la reforma y que "el pueblo ha hablado".
Con todo, cabe recordar que lo aprobado en el Congreso (que contó con el voto a favor de un diputado del PP, que lo respaldó por error) no tiene ningún rango legal o consecuencia real.
Además, hace tiempo que el Gobierno tiene esta tarea pendiente. Ya se había comprometido a reformar el despido tras el tirón de orejas del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
Tras las correspondientes demandas de CCOO y UGT, concluyó que España vulnera la Carta Social Europea al no ser el derecho español en materia de despidos improcedentes lo suficientemente disuasorio y limitar la indemnización en términos económicos.
Díaz ha hecho el anuncio durante su intervención en un acto organizado por UGT. En él, Pepe Álvarez, su secretario general, ha desvelado su "sensación" de que no habrá acuerdo con los empresarios.
Fuentes de la CEOE, por ahora, no dan a conocer su postura. Sólo precisan que irán a las mesas de negociación cuando se convoquen y ahí se determinará su posición.
Por otro lado, Álvarez ha considerado que no habría que dedicar mucho tiempo a negociar esta legislación.
Por otro lado, ha criticado este jueves que el Tribunal Supremo dictara el pasado mes de julio una sentencia en la que determina que no se pueden incrementar las indemnizaciones por despido improcedente por la vía judicial.
"Es una interpretación inaceptable jurídicamente", ha indicado. Y ha recordado que UGT está trabajando en la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional ante este fallo del Supremo.