El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha vuelto a manifestar este martes la oposición de la patronal a la amnistía a los políticos catalanes implicados en el procés y ha advertido de que las situaciones ocurridas en los últimos días "se están encaminando a poner en riesgo la estabilidad".

"Somos contrarios a la amnistía porque entendemos que no obedece al interés general, porque quiebra la seguridad jurídica y rompe ese Estado que nos marcamos en la Constitución de 1978", ha remarcado Cuerva.

En una crítica general, en la que no ha precisado si censuraba la actuación del Gobierno o la de las manifestaciones de los últimos días ante las sedes socialistas, el presidente de Cepyme ha manifestado su preocupación por el "entorno de inestabilidad" que se está produciendo y que, en su opinión, no ayuda al desarrollo económico de las empresas.

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No obstante, ha remarcado que "toda acción tiene una consecuencia" y, de ahí, la inestabilidad de la situación actual. 

"Espero que no ocurran cuestiones en las que nos demos cuenta de lo importante que es la estabilidad", ha insistido. 

21.000 millones de euros

Cuerva ha participado este martes en la presentación del informe "Crecimiento empresarial. Situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos". De este estudio se desprende que el tejido empresarial español está compuesto por un 94,1% de microempresas, con menos de nueve ocupados.

En total, España cuenta con 3,4 millones de empresas con una media de 5,2 empleados por cada compañía. Sólo un 0,16% son grandes empresas.

Su tamaño también influye en sus ventas. Mientras que una empresa irlandesa registra ventas por valor de 3,4 millones de euros, la española lo hace por 1 millón de euros. La cifra también está por debajo de la media europea, fijada en un 1,3 millones de euros, según datos de 2020 proporcionados por Cepyme.

El responsable de Estudios de Cepyme, Diego Barceló, ha responsabilizado al pequeño tamaño de la empresa española a la "regulación por decenas que desalienta la inversión empresarial".

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"Las empresas no crecen porque no las dejan crecer", ha sentenciado durante la presentación. Cepyme identifica en su informe 849 nuevas normas nacionales, 340 leyes autonómicas y 2.249 comunitarias que "no tienen en cuenta las particularidades de las pymes.

Para favorecer su crecimiento, Cuerva ha propuesto "suavizar las cargas" normativas y dejar un periodo de cuatro años para que las empresas "puedan consolidar su crecimiento" antes de imponerles nuevas obligaciones. 

Cepyme estima que con leyes más favorables para las pymes, según su criterio, la empresa española podría aumentar su tamaño. Con ello, se conseguiría crear al menos 1,2 millones de trabajo, aumentar el PIB en un 5%, aumentar las ventas en 218.000 millones de euros, expandir la masa salarial en unos 29.500 millones de euros e incrementar la recaudación de impuestos en unos 21.000 millones de euros.

"Sin subida de impuestos, las arcas del Estado recaudarían 21.000 millones de euros más. Hay otras alternativas y caminos para incrementar la recaudación sin incrementar la presión fiscal", ha expuesto Cuerva.

SMI

En Cepyme, tampoco se percibe una buena acogida del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para la patronal de la pyme, la subida de esta renta mínima no sólo "no está siendo moderada", sino que, además, "está siendo excesivamente alta".

Cepyme refleja en su informe que en 21 provincias el SMI equivale al 65% o más de su respectivo salario medio. Además, en Ávila y Zamora supera el 75%, casos que la patronal califica como "extremos".

El estudio analiza el caso concreto de las empresas pequeñas, en las que el SMI supera el 75% del salario medio. De nuevo, Ávila y Zamora superan la media y exceden el 90%.

A un par de meses de acabar el año, ya surgen las dudas sobre la actualización de esta renta en 2024. Los sindicatos abogan por mantenerlo en el 60% del salario medio español, para que no se descuelgue de esa referencia. Además, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar respalda esa propuesta.

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Cuerva ha denunciado que el Ejecutivo ha convertido el SMI "en un arma política", que con sus sucesivas subidas ha provocado "una intervención del sistema económico".

El presidente de Cepyme ha aludido al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se recoge el papel consultivo de los agentes sociales y las variables para subir el SMI: el IPC, la productividad, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.