Para ello, el Ministerio de Trabajo y el de Economía (ahora incorporado a la negociación con los agentes sociales) manejan un arsenal que incluye limitar los trabajadores temporales que pueden tener las empresas, acotar la justificación para este tipo de contratación y replantear los contratos fijos-discontinuos. 

Todo esto está por discutir y por negociar. En la última reunión del Diálogo Social, precisamente, se trató la cuestión de imponer a las empresas un porcentaje máximo de contratación temporal. Aunque se llegó a manejar un 15%, esta opción se ha desechado.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, tanto el Gobierno como los agentes sociales consideran que una medida semejante se debe manejar de manera sectorializada y concreta. Es decir, que se tengan en cuenta las características de las empresas, tales como el tamaño de su plantilla o los servicios que presten, para decidir un 'tope' de contratos temporales. 

Eso sí: tanto desde el Gobierno como desde los sindicatos afirman que la idea de limitar la contratación temporal no proviene de ellos. De hecho, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, afirmó ayer en una entrevista en Antena 3 que esta iniciativa "es una propuesta empresarial".

Crítica y rechazo

Esto suena desconcertante porque tanto CEOE como Cepyme han criticado y rechazado esta propuesta constantemente. 

En cualquier caso, la fórmula que ha manejado siempre el departamento que maneja Yolanda Díaz para abordar la temporalidad es "limitar a través de las causas". Es decir, acotar las condiciones en las que las empresas puedan formular contratos temporales. 

Ante estas limitaciones, los empresarios consideran que se bloquean las capacidades de determinadas empresas para cubrir los picos de actividad que tienen que afrontar en determinadas temporadas, como la hostelería o el turismo cuando llegan el verano y determinadas fechas clave. 

Para esto el Ministerio de Trabajo ya ha planteado, y mantiene, una reformulación de los contratos fijos-discontinuos, de manera que puedan suplir determinadas contrataciones temporales. 

Fijos-discontinuos

Esta modalidad de contratos es habitual en regiones como Baleares para atender los picos de actividad periódicos provocados por el turismo. La idea es generalizarla y hacerla atractiva para los propios trabajadores. Por ejemplo, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha planteado también que los periodos de inactividad computen también como antigüedad, en caso de despido.

También se ha propuesto ampliar los supuestos bajo los que se permitiría la contratación fija discontinua, como la prestación de servicios en contratas mercantiles o administrativas que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.

Todas estas ideas para atajar la temporalidad se negociarán y retomarán el próximo miércoles, cuando los representantes gubernamentales presentarán un documento que recogerá todos los trabajos avanzados hasta ahora, según indican fuentes del Gobierno.  

El Ejecutivo ha dedicado las últimas semanas a maniobrar para que la CEOE esté en un futuro acuerdo social sobre la reforma laboral. Para ello ha puesto al equipo de la vicepresidenta económica Nadia Calviño a custodiar la negociación que, con todo, sigue liderando el ministerio de Díaz. 

En este contexto, aunque se insiste en la derogación de la reforma laboral de 2012, lo cierto es que, en todo caso, ya se habla más bien de una corrección. Así, el Gobierno estaría abierto a derogación 'descafeinada' de las medidas laborales del PP, dentro de los términos que se incluían en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. 

En este sentido, los empresarios estarían dispuestos a ceder siempre y cuando no se perjudicara la flexibilidad de las empresas. Por ejemplo, y tal y como ha contado este medio, estarían abiertos a que se priorizaran los convenios colectivos sectoriales sobre los empresariales en cuestiones salariales, pero no a la ultraactividad de los convenios. 

En cambio, el choque sí existirá en el caso de la subcontratación. Dentro de las medidas para limitar esta fórmula (que también son multiplicadores de la temporalidad laboral) está el veto a los contratos de obras y servicios que ya ha planteado el Ministerio de Trabajo, que son, precisamente, la principal vía de subcontratación. 

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno ha decidido no renunciar a este veto, puesto que se interpreta que determinadas empresas usan los contratos de obras de manera masiva y de forma injustificada. Los empresarios ya han anunciado su rechazo a esta medida, que, en cambio, sí apoyan los sindicatos. 

De hecho, los trabajadores están a la expectativa de ese documento-propuesta que el Gobierno llevará a la mesa del Diálogo Social el próximo miércoles, y que incluirá el veto al contrato de obras y servicios. 

Pero la negociación no se puede dilatar más tiempo. La reforma laboral tiene que estar acordar, cerrada y aprobada antes de que termine de 2021. Es uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de él depende que España ingrese 12.000 millones de euros en fondos europeos en 2022.