Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Ejecutivo se plantea recurrir a la baza de Bruselas. La Comisión quiere que España cierre de una vez por todas las ineficiencias de su mercado laboral, entre ellas su extrema temporalidad. Y para la reforma será necesario contar con el apoyo de sindicatos y patronal, sobre todo para su aplicación.

Desde el Gobierno aseguran que la carta de la Comisión está en su baraja. Sobre todo porque más allá de que Bruselas quiera una reforma laboral que asegure la flexibilidad de las empresas, en el Gobierno también aseguran que la reforma laboral que se aplique será 'blanda'. Lo suficiente como para atraer a la patronal. 

Por esto ha colocado el propio Pedro Sánchez a Nadia Calviño en la negociación con patronal y sindicatos, quien ha opinado que las medidas laborales que puso en marcha el Partido Popular en 2012 no requieren tanto una derogación como una "corrección".

La vicepresidenta aclaró esta cuestión en una entrevista radiofónica este miércoles, y se trata de algo que podría encajarle a la CEOE. Como ya avanzó este periódico, los empresarios están dispuestos a la derogación parcial de determinados aspectos de la reforma laboral. 

Aspectos

Aunque no quieren que se retome la ultraactividad de los convenios, su postura respecto a que se recupere la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa es diferente. La patronal no estaría en contra de llevar a cabo este cambio... siempre y cuando aplicara solo sobre aspectos que no afectaran a la flexibilidad de las empresas. 

En cambio, la patronal es más rígida en lo que se refiere a retocar cuestiones relacionadas con la subcontratación y la actual formulación de la contratación temporal. En cambio, precisamente es en estas cuestiones en las que Bruselas exige cambios y en las que el Ejecutivo puede tirar del 'cable' de la Comisión.

De hecho, parte de estos aspectos se habrían ablandado. Las fuentes consultadas explican que ya no se plantea limitar la cantidad de temporales que puede tener una compañía; aunque habrá medidas para reducir este tipo de contrataciones. 

Estas cuestiones forman parte, precisamente, de lo acordado a través del pacto cerrado entre PSOE y Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición, puntos en los que Moncloa volvió a insistir el martes, tras una reunión a varias bandas en la que participaron Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Nadia Calviño. 

Al tiempo que las posturas, los papeles y los roles cambian, el reloj corre. El Gobierno quiere tener cerrada la reforma laboral (en cuya negociación ahora intervendrán los ministerios de Economía, Seguridad Social o Hacienda, además del de Trabajo) en noviembre para tener el real decreto-ley correspondiente en el BOE antes de que acabe el año. 

De tener la reforma laboral aprobada a tiempo depende que España reciba unos 12.000 millones de euros a mediados de 2022. En cualquier caso, hay otra pata en esta cuestión además del Gobierno y la patronal: los sindicatos. 

Los representantes de los trabajadores son cautelosos. Si bien están confiados en el que el camino andado y los compromisos preliminares del Gobierno se cumplirán, están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. 

Semanas en las que la tensión no va a parar de crecer por las propuestas que el Ejecutivo sigue llevando al Diálogo Social. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), entre cuyas medidas se incluye una subida temporal a partir de 2023 de las cotizaciones sociales de medio punto, algo ampliamente criticado por los empresarios. Se vienen tiempos (todavía más) tensos para los acuerdos sociales.