La subida de récord registrada por el mercado laboral en julio reaviva el debate sobre la eventual subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), exigida por sindicatos y por los miembros del Gobierno de Unidas Podemos y resistida por la patronal y por el ala económica liderada por la vicepresidenta primera Nadia Calviño.
Hace pocos días fue la propia Calviño la que se comprometió a estudiar esta subida si es que en otoño se recuperaba el nivel de empleo previo a la pandemia. "Sería el momento para ver si podemos continuar con la senda de aumento del SMI", dijo Calviño en un cambio de posicionamiento que sorprendió a muchos.
Recordemos que a mediados de junio la por entonces portavoz, María Jesús Montero, mantuvo el compromiso de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante esta legislatura hasta al 60% del salario medio, aunque dejó en el aire la mejora de este año.
"La clave es mejorar el poder adquisitivo y que a la vez podamos recuperar la ocupación de antes de la pandemia", dijo poniendo como prioridad la recuperación de los niveles prepandemia, tanto de poder adquisitivo como de empleo.
Presionada por sus socios de Gobierno y por la ola de recuperación económica que quiere transmitir el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Calviño ha tenido que cambiar su posicionamiento público, aunque postergando el debate para otoño a la espera de ver la evolución de los datos.
Récord de caída del paro
No obstante, esta mejora del mercado laboral ha llegado este mismo mes de agosto y obliga a Calviño a sentarse a negociar incluso antes de lo esperado.
Los datos conocidos el martes indican que el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) descendió en 197.841 personas en julio, un retroceso del 5,47% en términos relativos. Unos datos que llevan el empleo y la afiliación a niveles prepandemia.
El total de personas desempleadas registradas cae hasta las 3.416.498, por debajo de los 3,55 millones parados de marzo de 2020 -que incluyó la primera semana de confinamiento- aunque por debajo de los 3,25 millones de febrero de ese mismo año.
Gracias a la caída de las restricciones y las empresas que, con el verano, han vuelto a funcionar y recuperar parte de la actividad perdida, la Seguridad Social registró 19,59 millones de afiliados. Éste es el mejor dato histórico incluso por encima de los 19,53 millones registrados en julio de 2019.
Conscientes de estas cifras y de las promesas de Calviño, UGT ha instado al Gobierno a derogar las reformas laborales, sobre todo la de 2012, y a que suba ya este año el SMI, ya que es "vital para cientos de miles de familias y también para impulsar el consumo y el crecimiento económico".
Porcentaje de subida
El debate está sobre la mesa y salvo catástrofe de los datos en agosto, lo más probable es que el Gobierno vuelva a negociar con los sindicatos y patronal una nueva subida en septiembre ya para este mismo año.
Un reciente informe del comité de expertos mandatado por el Gobierno sugirió que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se elevara hasta una horquilla entre 1.012 euros y 1.047 euros en 14 pagas de aquí a 2023.
Esto supondría un incremento de entre el 6,5% y el 10,2% sobre los 950 euros que se abonan en la actualidad. Habría que aumentarlo entre 62 y 97 euros para cerrar la brecha que separa el SMI de alcanzar el 60% del salario medio.
La fórmula que barajaba Calviño y María Jesús Montero a mediados del semestre pasado era repartir esta subida entre el año 2022 y 2023 y dejar fuera el 2021. Es por ello, que ahora con el nuevo escenario se deberá repartir la subida de entre el 6% y el 10% entre los tres próximos años de la legislatura.
Una subida a la que se opone frontalmente la patronal. Precisamente a propósito de las cifras de paro conocidas este martes han indicado que "es preciso ser prudentes, pues la evolución de la economía y el empleo se encuentra muy condicionada por la marcha de la pandemia, para cuya contención es vital continuar sin demoras el proceso de vacunación".
"En el marco de las reformas estructurales, laboral y fiscal, urge aportar seguridad jurídica y confianza eliminando todos los elementos de incertidumbre y rigidez que pueden estar lastrando las decisiones empresariales para impulsar la dinamización de la actividad económica y del empleo”, afirmaron desde la patronal.