Uno de los retos a los que se enfrenta España es al aumento de la longevidad. Un desafío que lleva asociadas nuevas necesidades, como la de acelerar la adaptación del ciclo laboral al incremento de la esperanza de vida. En este punto, el Gobierno aspira a ganar 1,6 millones de personas activas retrasando la edad de jubilación hasta los 74 años.
Este es uno de los objetivos que se incluyen en el informe ‘España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo’ que se ha presentado este jueves 20 de mayo, concretamente en el quinto desafío: ‘Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva’.
Según se extrae de este quinto desafío, “el cambio demográfico provocará una disminución significativa de nuestra población activa. Se estima que, en las próximas tres décadas, España perderá 3,7 millones de personas en edad de trabajar (16-64 años), una caída del 12% respecto a la situación actual, que se producirá, sobre todo, a partir de 2030".
Entre las opciones para neutralizar este efecto demográfico, el Gobierno propone “lograr una mejor adaptación del ciclo laboral al ciclo vital”. España ya ha establecido el incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Sin embargo, el quinto capítulo del informe ‘España 2050’, prevé que se produzca un aumento progresivo de las tasas de participación en el mercado de trabajo de las cohortes de edades más avanzadas.
Este cambio presenta un gran potencial en nuestro caso, ya que España tiene una tasa de participación laboral en los mayores de 55 años muy inferior a la de países como Suecia, Dinamarca o Reino Unido.
En este sentido, si logra equiparar las tasas de actividad de la población entre 55 y 74 años a las que tienen estos países (un incremento de casi 6 puntos porcentuales, en media, respecto a 2019), España ganaría 1,6 millones de personas activas.
Ganar 1,6 millones de activos laborales “ayudaría enormemente a mitigar los futuros impactos negativos que la caída de la fuerza laboral en edades intermedias tendrá sobre el crecimiento económico, así como a sostener nuestro estado de bienestar”.
Para lograr aumentar las tasas de participación laboral de las personas mayores de 55 años, habrá de acometer transformaciones profundas, según el informe.
Reformas que pasan por adecuar los trabajos futuros a las capacidades e intereses de los trabajadores más sénior; crear mecanismos fiscales y salariales que permitan adaptar, flexibilizar y fomentar la participación en el mercado laboral de las cohortes mayores y romper estereotipos.
Adecuar las pensiones
El futuro aumento de la longevidad también acentuará el reto de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En 2050, por cada persona mayor de 64 años habrá 1,7 personas en edad de trabajar, frente a las 3,4 actuales.
Los distintos ejercicios de simulación realizados sugieren que, en España, el gasto en pensiones contributivas se situará en una horquilla de entre el 15,2% y el 16,9% del PIB en 2050, frente al 10,8% de 2019; un aumento que podría ser menor en función del impacto de las medidas que se están discutiendo en la actualidad.
Por ello, “en los próximos años, el sistema de pensiones español habrá de superar el triple desafío de fortalecer la sostenibilidad financiera, proporcionar ingresos adecuados en la jubilación, y garantizar la equidad intergeneracional”, explica el documento.
Para ello, “habrá que definir y anticipar los mayores recursos requeridos para ajustar los ingresos o redistribuir partidas de gasto, y explicitar las implicaciones sobre la equidad intergeneracional de las decisiones adoptadas”, añade.
Incremento del gasto público en sanidad
En un escenario en el que el aumento de la esperanza de vida no vn acompañado de un mejor estado de salud, “el efecto del envejecimiento impulsaría el gasto sanitario público en 0,9 puntos del PIB para 2050”.
Así, el objetivo 29 del informe ‘España 2050’ -incluido en el quinto desafío- propone elevar progresivamente el gasto público en sanidad, hasta niveles del 7% del PIB en la próxima década, para responder a las futuras necesidades y demandas de servicios sanitarios de una sociedad longeva.
Para lograr este objetivo, España tendrá que enfrentar el reto de convertir la salud en un eje central de las políticas públicas, en aras de mejorar la resiliencia de la población en edades avanzadas. El informe sugiere, en concreto, cuatro políticas fundamentales.
Se trata de crear una Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable, establecer una Agencia de Evaluación de Políticas en Salud, apuntalar la solvencia del Sistema Nacional de Salud y garantizar que la financiación pública y la utilización de servicios y prestaciones sanitarias se orienten a una obtención eficiente y equitativa de resultados en salud.