El Gobierno ha fijado la oferta de empleo público (OEP) de este año para la Administración General del Estado (AGE) en 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), pero sin el apoyo de los sindicatos al considerar dicha oferta "insuficiente" por no cubrir las necesidades estructurales y ser inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la "viabilidad" del Estado.

De esta forma, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha trasladado su propuesta definitiva de oferta de empleo público para 2020 en una reunión con la que se ha cerrado la negociación sin acuerdo con los sindicatos. Convocará en los próximos días la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre.

Según los sindicatos, se trata de la última y definitiva propuesta del Gobierno de una OEP de 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna).

Mejora insuficiente

A pesar de que supone una mejora de 3.030 plazas respecto a la última propuesta del Gobierno, que era de 15.236 plazas (8.061 de acceso libre y 7.175 de promoción interna), los sindicatos la han rechazado al seguir siendo inferior a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna).

Desde CSIF han denunciado que se pierde empleo y se rompe la tendencia de las dos últimas ofertas, al no cubrir ni siquiera las necesidades estructurales de la AGE, que en los diez últimos años ha perdido 43.377 empleos.

Además, desde CSIF recuerdan que el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está por tanto a las puertas de la jubilación, por lo que avisan del riesgo de "colapso" en la AGE, en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social. CSIF ha planteado un plan plurianual si bien ha caído "en saco roto".

De igual forma, CCOO no comparte ni el volumen ni la distribución de la OEP de 2020 del Gobierno, al considerar que Función Pública "vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía".

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