J. de la Rosa
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El inspector general de la Reserva Federal de EEUU (Fed) ha declarado que no encuentra motivos para una denuncia penal ni pruebas de mala conducta administrativa relacionadas con los sobrecostes del proyecto de renovación de la sede banco central estadounidense ejecutado durante el mandato de Jerome Powell.

Pese a ello, el presidente Donald Trump ha vuelto a pedir que Powell dimita como gobernador del banco central, puesto que ocupa desde que terminó su etapa como guardián del dólar.

Sin embargo, el informe del organismo de control de la Fed sí que pone de relieve graves problemas en la supervisión del proyecto. Y estos fueron los que contribuyeron a un tener sobrecoste de aproximadamente 1.000 millones de dólares en la renovación de los dos edificios históricos del banco central situados en el National Mall de Washington.

Trump se había aferrado al sobrecoste del proyecto, cuyo coste actual asciende a unos 2.400 millones de dólares, en su intento por orquestar la destitución de Powell.

Esta ha sido una muestra más de los reiterados intentos del mandatario estadounidense por ganar influencia sobre la orientación de la política monetaria. Trump también está intentando destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por presuntas irregularidades en un asunto no relacionado.

El informe del inspector general señala que "en ningún momento durante nuestra evaluación encontramos motivos razonables para creer que se hubiera producido una infracción de la legislación penal federal que requiriera su remisión al fiscal general de los Estados Unidos".

"Además, aunque nuestro informe señala deficiencias en la gestión del proyecto de renovación —lo que nos ha llevado a recomendar medidas correctivas de conformidad con la Ley del Inspector General—, no hemos identificado ninguna conducta indebida de carácter administrativo durante nuestra evaluación", añade el mismo.

Powell se ha negado a comentar el informe.

El actual presidente de la Fed, Kevin Warsh, que sustituyó a Powell en mayo, afirmó que seguiría las recomendaciones del informe sobre la gestión del proyecto y contrataría a un auditor independiente para "verificar la exactitud y el cumplimiento" de todos los costes adjudicados hasta la fecha.