El Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea retrasar hasta marzo de 2027 la aplicación de medidas para reducir la temporalidad en el sector público.
Se ha convocado a comunidades autónomas y a la FEMP a una reunión el 8 de julio en Santander para analizar nuevas medidas y compartir iniciativas ya aplicadas.
La temporalidad alcanza el 40% en Educación y el 43% en Sanidad, sectores gestionados por las comunidades autónomas, frente al 4,7% en la Administración General del Estado.
Se han actualizado a 440.168 los procesos de estabilización de plazas temporales y se buscan consensuar nuevas medidas junto a sindicatos y administraciones.
El Gobierno ha pedido a la Comisión Europea retrasar hasta marzo de 2027 la puesta en marcha de las medidas que buscan reducir la temporalidad en el sector público.
En concreto, el Ejecutivo ha convocado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión el próximo 8 de julio en Santander para abordar nuevas medidas que permitan reducir la temporalidad en el sector público.
El encuentro se celebrará en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público y dará continuidad a la reunión mantenida el 7 de mayo, en la que se acordó crear un grupo de trabajo para estudiar posibles cambios normativos.
Según el ministerio, la reunión aspira también a conocer qué iniciativas han aplicado ya las comunidades autónomas para frenar el problema, especialmente en los ámbitos donde la temporalidad es más elevada.
El encuentro de Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las CCAA para frenar la temporalidad.
Son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado.
En concreto, la temporalidad en los sectores de Educación y Sanidad, competencia de las CCAA, asciende al 40% y 43%, respectivamente.
Con ese mismo fin, el Gobierno citó el pasado miércoles 24 de junio a las organizaciones sindicales a una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas con el siguiente orden del día: seguimiento de procesos de estabilización, sentencias judiciales y contactos con la Comisión Europea.
En la reunión presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez, se actualizaron a 440.168 los procesos de estabilización de plazas temporales en fijas y también se solicitó a las organizaciones sindicales aportaciones para consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad.
El Gobierno sigue dando pasos en la tarea de reducir las altas tasas de temporalidad en el sector público y así se lo ha hecho saber a la Comisión Europea, a la que ha pedido más tiempo (hasta marzo de 2027) para poder impulsar entre todos las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales.
Sentencias como la del 11 de mayo del Supremo han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización que hay que analizar, además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas