Este sábado, exactamente doce meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anulase los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos, entra en vigor la solución al desagravio. Paradójicamente, levantando las mismas ampollas.

Agricultores, exportadores y hasta el Frente Polisario critican los cambios: todos de acuerdo en que para salvar un acuerdo fundamental para abastecer de alimentos a los Estados Miembro se ha acudido a "triquiñuelas" legales para no enfrentar el elefante en la habitación: el permiso de los saharauis.

No contar con su consentimiento fue lo que llevó a la Justicia europea a tumbarlos. Así, según la sentencia de hace un año, la UE y Marruecos cerraron pactos que vulneraron los "principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados".

Un año más tarde, la solución encontrada por la Comisión, días antes de que expirara el plazo, establece un nuevo marco legal y comercial entre la UE y Marruecos. Dicha normativa "incluye explícitamente que los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, fijen mecanismos de trazabilidad y etiquetado, e introduce medidas de apoyo financiero, humanitario y de desarrollo sostenible".

Es la respuesta de un diplomático europeo a este periódico. Esta última parte, en la que se incluirían financiación para proyectos clave en el Sáhara relacionados con gestión hídrica y energía, además de incrementar la ayuda humanitaria en campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, supone a juicio de Asaja y COAG contorsionismo, cuanto menos.

Consentimiento implícito

"Se reinterpreta que, aunque no le han preguntado directamente al pueblo saharaui, al hacer inversión y ayudar a campamentos el acuerdo genera valor añadido para el Sáhara, y con ello se cubre el consentimiento implícito", señala a EL ESPAÑOL-Invertia José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas.

Así se salva uno de los grandes 'peros' de la sentencia de hace un año. El TJUE recordó entonces que el Derecho internacional permite que en casos como éste haya consentimiento "implícito", aunque para ello se debe cumplir una serie de requisitos.

Esencialmente, se trata de demostrar que el acuerdo en cuestión trae ventajas a ese pueblo, y no obligaciones. Algo que no se apreciaba, como indica Castilla, en el anterior pacto.

Etiquetado

El otro elemento que ha levantado polémica en el nuevo acuerdo es el etiquetado. El TJUE emitió también hace justo un año otra sentencia que determinaba que el etiquetado de productos que procedieran del Sáhara Occidental debían precisar que ese era justamente el país de origen, excluyendo cualquier referencia a Marruecos.

La idea era que no se indujera a error al consumidor, por lo que atañe a su verdadero origen, pero según Fepex se va a generar confusión igualmente.

"El sistema propuesto por la UE crearía un nuevo código o designación para los productos saharauis, presentándolos prácticamente como marroquíes", han advertido en un comunicado. Para Castilla, es como si se abriera un vacío legal: "puede ser del Sáhara, pero también puede reconocerse como producto marroquí".

Fepex concluye por ello que el nuevo acuerdo, que entra en vigor de forma provisional hasta que los colegisladores den su consentimiento, sortea en realidad las sentencias del TJUE de hace un año.

Repercusiones

Al modificarse este acuerdo, las ventajas arancelarias de las que gozan las producciones hortofrutícolas de Marruecos se extenderían a todo cuanto se cultive en el Sahara Occidental.

El resultado será "un fuerte crecimiento de las exportaciones procedentes de esta área a la UE, en detrimento de las producciones comunitarias, que ya se han visto gravemente perjudicadas por la competencia marroquí", advierte Fepex, que insiste en que no cumplen los mismos estándares de producción y, por ello, pueden competir a menor coste.

Sobre todo en tomate, una bestia negra en la competencia con Marruecos. Según los datos recopilados por los exportadores hortofrutícolas, en los últimos diez años la producción española de tomate ha caído un 31%, en tanto que las ventas a la UE, principal cliente, se han reducido un 25%.

Todo ello mientras el tomate marroquí ha incrementado sus ventas a España un 269% en el mismo periodo. 

“Nos reservamos nuestro derecho de emprender acciones legales contra la Comisión”, ha dicho por su parte Andrés Góngora, responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG, mientras que Castilla asegura que también han consultado a sus servicios jurídicos.

"Ha habido un oscurantismo tremendo por parte de la Comisión", lamenta. Asaja prevé mostrar su oposición en movilizaciones este otoño en protestas convocadas también contra el recorte de la PAC y el Mercosur. Más gasolina, por tanto, en la hoguera del descontento del 'agro' con Bruselas.