Nadie sabe a estas alturas del año cómo va a impactar el gasto en defensa en las cuentas del Estado, ni con el nuevo Plan de Seguridad y Defensa presentado con 10.471 millones de aumento, ni con los datos de años anteriores.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha levantado la voz de alarma sobre la imposibilidad de estimar a ciencia cierta un gasto que va a ser del 2,1% del PIB, que debería estar en el Plan Económico y Financiero del Estado, y que se articula con una técnica presupuestaria entre ministerios que hace imposible su seguimiento.
Ese hándicap para evaluar si España cumple con las reglas de gasto nacionales y europeas se une, en palabras de la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, a la parálisis de la Hacienda para iniciar la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2026.
"No se ha dado ni la orden ministerial para empezar a preparar los Presupuestos", ha advertido Herrero, de forma que falta también referencia de las previsiones de déficit y deuda fiables para el año que viene, ni de gastos no financieros.
"Ninguno de los hitos necesarios para los Presupuestos que tenían que estar ya en marcha se han superado en este momento", advirtió Herrero, con la incertidumbre añadida del gasto en defensa y el golpe de los aranceles de Trump.
En el análisis concreto del gasto en defensa, desde AIReF se advierte que la elevada dependencia actual de las importaciones de EEUU generan más incertidumbre aún sobre el impacto fiscal en España y en la UE.
El organismo fiscalizador advierte que el impacto de esa partida en cuestiones como la investigación o su dependencia de planes de entrega a largo plazo, hace imposible desagregar ahora en las cuentas del Estado el impacto del gasto en Defensa.
En su informe fiscalizador de las cuentas del Estado, la AIReF ha estimado una desviación del gasto de las Administraciones Públicas hasta el 4,6% en el caso español en 2025, por encima del 3,7% de límite nacional marcado para este año, si bien está dentro de lo que la UE admite.
Aun así, el Estado y 13 comunidades autónomas incumplen con su gasto y deben presentar planes económicos y financieros alternativos. Se estima un ajuste de 11.000 millones para cumplir con las reglas de este año, si bien eso nos llevaría a un "sobrecumplimiento" de las reglas europeas.
El mayor gasto del Estado se ha producido por una elevación del 1,7% en el número previsto de pensionistas, junto a un aumento elevado de los pagos por incapacidad laboral y bajas.
Ese aumento estimado del gasto en lo que va de año se compensa con una subida de los ingresos del 6,3%, gracias sobre todo a la recaudación.
La campaña del IRPF que se acaba de cerrar ha aportado dos décimas más y se han ahorrado gastos en las medidas contra la inflación de hace un año.
Esa evolución de las cuentas públicas hasta este verano permite al organismo reducir en una décima su previsión de déficit público, al 2,7%, si bien mantiene el resto de previsiones del 2,3%, con la deuda en el 101,4% del PIB a finales de año.
Parón en el empleo
La AIReF ha confirmado en su informe de evaluación del gasto el freno que se ha producido en las afiliaciones, con un crecimiento estancado en torno al 2%, explicado en su mayoría por el trabajo que realizan los inmigrantes.
Según el análisis que han realizado los expertos del organismo, el empleo se sustenta en la llegada de los inmigrantes, que mantienen además elevado el consumo privado, pero se ha detectado una caída de la población activa de personas de nacionalidad española.
Su análisis confirma que, prácticamente, desde el mes de abril se están cubriendo las vacantes de empleo que surgen, con una falta crónica de puestos de alta cualificación, que siguen siendo un problema en el mercado laboral español.
Esa evolución del empleo es una de las grandes incógnitas que presenta la economía española a juicio de la AIReF, junto a problemas graves como la falta de datos sobre el gasto en defensa, que hacen imposible su evaluación, y la parálisis del Gobierno para poner en marcha los Presupuestos del año que viene.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, declinó hacer un análisis exacto del impacto del cupo catalán en las cuentas del Estado, tanto porque no es su función, como por la falta de datos que se tienen sobre su futuro funcionamiento.
Herrero se limitó a advertir que cualquier reforma deberá tener siempre en cuenta el impacto en el resto de las CCAA y el Estado y, por otro lado, deberá atenerse a las reglas fiscales de gasto, deuda y déficit que se marcan a nivel europeo.