La AIReF se ha convertido en el gran agente crítico sobre la política económica del Gobierno. Además de publicar un cuarto informe demoledor sobre la ineficacia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la asociación carga contra las "opiniones adicionales" que le exige el Ejecutivo, sin consultar, y que menoscaban su independencia.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la petición de un nuevo informe sobre la sostenibilidad de las pensiones, a la vista de que el aumento del gasto que estima el último publicado no le ha gustado a la Comisión Europea, por contemplar transferencias de Hacienda.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado para delimitar si estas peticiones por ley o real decreto atentan contra la autonomía de su gestión, avalada por su propia ley orgánica, que mantiene tasados los informes y opiniones que debe emitir.
En el caso del informe sobre pensiones, que se hace cada tres años, Herrero ha advertido que no se entiende la petición, porque los datos no han cambiado: las transferencias del Estado son las mismas y el desequilibrio que genera el aumento de gasto de las pensiones en la Seguridad Social a largo plazo se mantiene.
"Las opiniones son voluntarias", advirtió Herrero durante la presentación de la cuarta que emite el organismo sobre el IMV, para pedir "que sea restrictivo y puntual el hecho de que la AIReF tenga que evaluar algo", más allá de lo que marca su plan anual.
En cualquier caso, la institución se muestra abierta a recibir "encargos de evaluación" desde la Administración, pero con la libertad de decidir sobre lo que se debe analizar, el alcance, la metodología y, por supuesto, ponerle el precio pertinente.
La presidenta se quejó de esas exigencias sobrevenidas en las que incluso se les ha llegado a pedir por delante que hagan un inventario de la situación, algo para lo que no se ha creado el organismo.
"Dudamos que tengamos que hacer algo más de lo que marca la ley orgánica que regula nuestro funcionamiento; y en cualquier caso, todo se debe hacer previa consulta a la AIReF para delimitar el trabajo", explicó Herrero.
El organismo presentará la semana que viene sus proyecciones sobre la ejecución de las cuentas del Estado, una vez terminada la campaña de renta. Uno de sus informes clásicos antes de llegar a las vacaciones, que será clave para conocer la evolución de la economía.
Los pronósticos de este organismo fiscalizador del sector público han sido muy críticos hasta ahora frente al triunfalismo del Gobierno, sobre todo ante el parón que se avecina en 2026 y 2027, para el que el crecimiento previsto puede quedarse en la mitad que el año pasado.
Menos incentivos
Precisamente el informe sobre el IMV es uno de los trabajos en los que se solicitó previamente a la AIReF su disponibilidad para dar hasta cinco opiniones anuales.
Falta solo la del año que viene, si bien a la vista de que los datos sobre las deficiencias del sistema se repiten, Cristina Herrero duda de que sea necesario continuar. A no ser que se les haga caso y se cambie el diseño total del modelo para hacerlo más eficaz.
En la cuarta opinión, sobre el ejercicio 2024, se ha llegado al punto clave de evaluar la incidencia de este subsidio a la hora de incentivar a las personas vulnerables que lo cobran a buscar un nuevo empleo. Y los datos son demoledores.
Si Escrivá puso en marcha de forma acelerada en 2020 el IMV para paliar los efectos económicos del Covid y apoyar la inclusión social y laboral de las personas más vulnerables, cuatro años después se demuestra que no funciona porque recorta los incentivos para buscar un empleo.
Sin entrar a valorar si ese efecto es muy amplio o no, la presidenta de la AIReF dejó claro que los datos señalan que el IMV no tiene incidencia ni en los factores para entrar al mercado laboral ni en la intensidad del trabajo (días trabajados), desde que se creó.
La probabilidad de trabajar cae un 12% de media entre quienes reciben el IMV y los días trabajados un 11%. Eso sí, los perceptores son más selectivos, buscan empleos no precarios y aumentan un 3% las opciones de convertir en fijo su contrato.
En resumen, quien lo cobra tiene menos ganas de buscar un empleo, sobre todo si no está bien pagado, frente a los que no lo cobran. Algo que golpea en la línea de flotación de una figura que fue creada para animar a la gente a buscar trabajo.
Del lado inverso: quienes salen del sistema y lo dejan de cobrar mejoran en un 7% la probabilidad de trabajar y aumentan los días trabajados en media jornada cada mes.
En España hay casi 400.000 perceptores de este ingreso mínimo y algo más de 450.000 que tienen además el complemento de ayuda a la infancia (CAPI). Pero hay cifras que no cambian en cinco años: esos datos son sólo el 42% y el 23%, respectivamente, de todos los que lo podrían recibir.
En esa falta de efectivos influyen las rentas mínimas que dan las CCAA y que generan un gap que será el que analice, dentro de un año, la quinta y última opinión de la AIReF sobre el IMV, para finalizar el encargo que aceptó hace un lustro.