Año y medio después del desplome económico que provocó la Covid-19, la recuperación económica ha llegado a los salarios -que prácticamente vuelven a aportar al PIB lo mismo que en 2019- y a los impuestos que recauda el Estado sobre la producción y las importaciones, que son ligeramente superiores a antes de la pandemia. No así para el tejido empresarial, cuyas rentas son todavía un 10% inferiores a las de antes de la Covid-19, según los datos del INE.

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Se puede decir así que las empresas han sido las grandes paganas de esta crisis, lo que es una mala noticia para la economía española, que depende de ellas para crear el empleo y movilizar la inversión necesaria para pasar página de esta crisis y afrontar en mejores condiciones el pago de las facturas que la pandemia ha dejado en forma de déficit y deuda pública.

El PIB de rentas muestra que la remuneración de los asalariados era en septiembre prácticamente igual a la del último trimestre de 2019, con una diferencia de -0,03%, hasta 145.973 millones de euros. Sin embargo, las rentas de las empresas (ver gráfico) siguen siendo un 10% inferiores a antes de la pandemia. Y el gran ganador de este tiempo ha sido el Estado, puesto que los impuestos (restadas las subvenciones) sobre la producción y las importaciones no solo se han recuperado, sino que han conseguido crecer hasta situarse por encima de los niveles pre-Covid en 65 millones de euros.

El dato del excedente de explotación bruto y renta mixta bruta que publica el INE con los datos del PIB es el que refleja los beneficios de las empresas y las rentas de los autónomos. En 2019, alcanzaban los 137.203 millones de euros, ahora han caído hasta los 123.597 millones.

La fragilidad del tejido empresarial español del que, como muestra ese dato, está lejos de la recuperación, lleva tiempo preocupando al Banco de España. De hecho, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, advirtió hace unas semanas en su comparecencia de la Comisión de Presupuestos que la política económica del Gobierno debería reorientarse para ayudar al tejido empresarial.

"¿Qué está pasando con el sector empresarial?", preguntó antes de ilustrar la situación con una cifra. El número de altas en los registros de la Seguridad Social de las empresas se ha reducido de forma importante desde el inicio de la crisis con una disminución de casi 84.000 empresas entre finales de febrero y finales de septiembre. Esto es un descenso de algo más del 6% en tasa interanual.

Los estudios del Banco de España llevan tiempo poniendo en evidencia que se ha producido "un incremento significativo de la vulnerabilidad financiera del sector empresarial" desde marzo de 2020 hasta hoy.

Su último Informe de Estabilidad Financiera refleja cómo el porcentaje de empresas con un patrimonio neto menor a la mitad de su deuda neta (dato que mide esa fragilidad) ha crecido desde menos del 20% hasta más del 25% en esta pandemia, con lo que ya afecta a una de cada cuatro empresas. Esa proporción es mucho mayor en las pymes, el turismo y el ocio.

La debilidad de las empresas es un lastre para la economía. España está rezagada frente a los países de la Unión Europea en la recuperación a pesar de que están suspendidas las reglas fiscales y en las proyecciones se está incorporando el efecto positivo de la llegada de los fondos europeos. 

"Cuando se agote esta fase y el ritmo de crecimiento ligado a la caída previa del PIB en 2021 será más complicado impulsar el PIB. Mantener y animar la inversión empresarial es clave para ello", explica el director del IEE, Gregorio Izquierdo.

Los últimos datos del avance de la Contabilidad Nacional Trimestral mostraron la debilidad de las inversiones que están acometiendo las empresas. En el tercer trimestre del año, en el que el PIB creció un 2%, la formación bruta de capital solo avanzó un tímido 1,3% en tasa interanual. Un dato pírrico tras las fuertes caídas del último año y medio (con excepción del periodo abril-junio de 2021).

El hecho de que la inversión en bienes de equipo también esté siendo menor a la prevista fue uno de los elementos que esgrimió BBVA Research para bajar las previsiones económicas de todas las comunidades autónomas en su Observatorio Regional.

Los problemas de suministro y el alto coste de la energía han generado una incertidumbre añadida para las empresas que ya de por sí afrontaban un contexto complicado por las secuelas de la pandemia y los cambios estructurales que ha impuesto en muy poco tiempo y ahora hay que digerir.

En este contexto, el panel de Funcas ha rebajado esta semana su previsión de crecimiento al 4,8%. Se aleja así la posibilidad de crecer este año al menos un 5%, tras la brusca caída del PIB de 2020. Estas previsiones tampoco son un aliciente para los empresarios que tienen que acometer inversiones.

"Para fomentar la inversión es necesario no poner más cargas a las empresas manteniendo impuestos bajos y poniendo el foco en una mayor eficiencia del gasto público", recuerda Izquierdo. Lejos de seguir esta receta, el Gobierno ha optado ahora por cargar sobre el tejido empresarial las cargas de la reforma de las pensiones.

Menos impuestos

La fiscalidad fue uno de los puntos en los que se centró el gobernador del Banco de España en el Congreso para advertir que la situación actual "no aconseja un aumento generalizado de la presión fiscal".

"La política fiscal debe proporcionar una respuesta muy decidida en el corto plazo para limitar los efectos adversos de la crisis sobre las empresas, los autónomos y los hogares, y evitar, por tanto, el potencial decrecimiento de la economía", afirmó Hernández de Cos.

Su comparecencia fue diez días antes de que el Gobierno pactara con los sindicatos una subida de las cotizaciones sociales que tendrán que afrontar las empresas españolas de momento, hasta 2032. Esta medida tendrá una repercusión negativa en el empleo y en la recuperación. Como advierte el economista Javier Santacruz, con esta medida "la presión fiscal real sigue subiendo" en lugar de relajarse en este difícil momento para las empresas y los autónomos.

Ayudas directas

Para proteger al tejido productivo español, De Cos fue más allá al reclamar al Gobierno que no saque de la agenda las ayudas a las empresas, puesto que podría ser necesario dar un paso más ante el fracaso del reparto de la línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros del Ministerio de Economía.

"Nos hemos encontrado con un conjunto de empresas que hoy están en una situación más vulnerable, más endeudadas y con perspectivas de demanda que todavía no son buenas y, por tanto, lo que era un problema de liquidez puede acabar convirtiéndose en un problema de solvencia", advirtió el gobernador.

En su opinión, sería necesario mantener los avales e, incluso, ir más allá con otros instrumentos -como las subvenciones directas o las reestructuraciones de deuda con cargo al sector público- para, de manera selectiva, no olvidar a las empresas que sean viables y que puedan acabar cerrando tras el duro golpe sufrido por la pandemia.

De momento, su petición no ha tenido eco en la política económica del Gobierno. Más bien al contrario, se ha optado por encarecer la contratación y los salarios en un momento en el que la estadística muestra que las empresas españolas están en crisis.

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