La Comisión de evaluación y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo retoma este lunes sus trabajos con una nueva reunión en el Congreso, la primera desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19 y la declaración del estado de alarma.
El tiempo apremia. Sobre todo porque la reforma de las pensiones es una de las reclamaciones históricas de Bruselas a España... y ahora mucho más si cabe sabiendo ya que las ayudas europeas para la reconstrucción económica de los países miembros no saldrán cien por cien gratis.
A la Comisión Europea no le gusta la contrarreforma de las pensiones que propugna el Gobierno de Sánchez: volver a ligarlas a la evolución del IPC y suprimir el factor de sostenibilidad que ajusta las prestaciones en función de la esperanza de vida. En estas condiciones, el sistema vuelve a estar en riesgo de quiebra. Por eso, la UE reclama a España "medidas compensatorias" para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Es decir, nuevas fuentes de financiación o recortes.
Los grupos retomarán sus trabajos después que desde el Gobierno y los agentes sociales reclamaran cerrar este mismo año un acuerdo con el que empezar a adoptar medidas en materia de pensiones. Así lo han trasladado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT.
Esta misma semana, el titular de Seguridad Social pidió un acuerdo para poder revalorizar las pensiones en un nuevo marco legal, y recordó cómo al poco de llegar al cargo, en febrero, percibió en conversaciones con los grupos la posibilidad de alcanzar acuerdos para "modificar realmente rápido la Ley General de Seguridad Social".
También los sindicatos han llamado al consenso político y, en el caso de CCOO, directamente ha apremiado al Gobierno a antes de que acabe el año acabe con la reforma de pensiones aprobada por el PP en 2013, acabando así con el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad.
Durante su última intervención ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado Escrivá detalló las prioridades de su departamento para esta legislatura y recordó que el gasto en pensiones aumentará 2,5 puntos el gasto público en 2045 cuando haya 11 millones de pensionistas.
"Hay que llegar a un pacto por las pensiones este año", pidió a los senadores al tiempo que desglosó las medidas que podrían incluirse para reducir el déficit de la Seguridad Social, que alcanzó el 1,3% del PIB en 2019.
Entre estas medidas, Escrivá abogó por desincentivar las jubilaciones anticipadas y acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal incentivando la demora en la jubilación a través de la reordenación de los incentivos existentes y con una adecuada política de difusión de ellos ya que "nunca se han hecho campañas para darlos a conocer".
Explicó que también hay que ver fórmulas para hacer compatible trabajo y jubilación y lamentó el uso de la jubilación anticipada como mecanismo sustitutivo de la protección por desempleo.
En otro aspecto, Escrivá abogó por desarrollar la Previsión Social Complementaria, los planes de empresa como los que existen en la CAV, que están vinculados a los convenios colectivos sectoriales; el trabajador aporta el 1% y la empresa otro 1% al plan de pensiones. Para fomentarlos dijo que podría haber ventajas fiscales que beneficien a las rentas medias y bajas.
Este es uno de los puntos que más controversia ha generado entre el Gobierno y la industria de gestión de activos. Las gestoras de fondos y planes de pensiones apoyan sin duda el fomento de los planes de empleo, pero solo si son obligatorios y no a costa de que se eliminen las ventajas fiscales con las que actualmente cuentan otros productos de ahorro los planes de pensiones privados.
Desde la patronal de seguros Unespa también criticaron en su día que la fórmula escogida por el Gobierno pueda generar “pensiones de primera y de segunda” para los futuros jubilados. “El tejido productivo español está compuesto por pymes y hay muchas en las que, si no es con un sistema obligatorio, sus trabajadores pueden encontrarse sin ninguna alternativa:ni el plan de empresa ni las ventajas del individual”, indicaban antes del parón de las negociaciones por la crisis.
Desde la patronal de gestoras de fondos, Inverco, coinciden en que, si no es ‘semiobligatorio’, los planes del Gobierno no llegarán a buen puerto, recordando que “el sistema de planes de empleo español es actualmente voluntario y cubre escasamente al 10% de los trabajadores".
En este sentido, los expertos consideran que el Gobierno debe impulsar medidas como la asociación entre distintas pymes para ofrecer un mismo plan de pensiones a sus empleados, o bien, imitar el modelo británico, en el que la empresa está obligada a ofrecer un plan a sus empleados. Estos después deciden si quieren seguir ahorrando para la jubilación por esa vía.