Madrid, 30 abr (EFECOM).- La estrategia fiscal del Gobierno pasa por mantener prorrogados los Presupuestos de 2018 el resto del año y por trasladar a 2020 las medidas tributarias incluidas en los fallidos Presupuestos de 2019, manteniendo el impacto esperado de dichas medidas en 5.654 millones de euros de ingresos adicionales.

Ese impacto recoge también el efecto de las medidas de lucha contra el fraude y de las dos nuevas figuras tributarias (transacciones financieras y servicios digitales) que los socialistas impulsaron mediante sendos proyectos de ley que decayeron con la convocatoria adelantada de elecciones, según la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022.

La ausencia de nuevos presupuestos en 2019 lleva al Gobierno a plantear un déficit del 2 % del PIB en 2019, frente al 1,3 % actualmente vigente, si bien supondrá una reducción de medio punto con respecto al cierre de 2018 (2,5 %) gracias a que se han adoptado medidas adicionales de ingresos con una recaudación prevista de casi 3.800 millones este año, según detalla el Programa de Estabilidad.

"Junto a estas medidas fiscales adoptadas, el Gobierno prevé destinar los ingresos o ahorros excepcionales (por ejemplo derivados de la reducción de tipos de interés) a la reducción adicional del déficit o de la deuda pública", añade el documento.

Se prevé seguir rebajando el déficit público al 1,1 % del PIB en 2020 y al 0,4 % en 2021, para alcanzar el 2022 el equilibrio presupuestario.

A partir de 2019 se esperan superávit primarios (descontando los intereses de la deuda), lo que posibilitará acelerar la reducción del nivel de deuda pública sobre PIB, hasta situarse por debajo del 90 % al cierre de 2022.

El principal ingreso de las medidas tributarias pospuestas para 2020 serán los 1.776 millones procedentes de establecer un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas y de la limitación de las exenciones.

Le sigue el impuesto digital con 1.200 millones, el que grava las transacciones financieras con 850 millones y la fiscalidad verde con 670 millones que incluyen la subida de la tributación del diésel en 3,8 céntimos por litro.