La ciberseguridad se convierte en el gran asunto pendiente de los servicios públicos digitales de la Unión Europea

El documento analiza el desempeño de estas herramientas y, especialmente, pone el foco en los que tienen que ver con aspectos como la creación de empresas o el acceso a servicios sanitarios. A nivel general, la puntuación media de estos portales sube en un 5% respecto a la edición anterior, tanto en los que tienen que ver con los ciudadanos como para las compañías.

No obstante, la diferencia entre los usuarios nacionales y los transfronterizos sigue siendo significativa, ya que los primeros se benefician de un mayor número de avances digitales que los segundos, ya que, de momento, el Sistema Técnico Único (OOTS, por sus siglas en inglés, que permite completar procedimientos administrativos sin tener que presentar la misma información, aún no está disponible en Europa.

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Los autores del informe precisan que, aun así, la puesta en marcha del acelerador del OOTS el pasado mes de octubre “es una señal de los avances que se están produciendo”, ya que los Estados miembros “están conectando las Administraciones Públicas y probando la interoperabilidad para sentar las bases de los futuros servicios transfronterizos”.

En este contexto, el estudio se detiene en el papel de la inteligencia artificial (IA), que cada vez desempeña un papel más importante en las herramientas públicas. Así, revela que el 43% de los portales dispone ya de asistencia automatizada en vivo y el 60% proporciona algún tipo de ayuda en directo que ayudan a agilizar el acceso a la información y guían a los usuarios a través de procesos complejos.

Accesibilidad y ciberseguridad, asuntos pendientes

No obstante, los impulsores del documento puntualizan que los beneficios reales de estas dependen de unas medidas de privacidad y accesibilidad sólidas. Esto último sigue siendo un asunto pendiente para las AAPP, ya que el 57% de sus sitios web todavía no cumple con, al menos, un criterio de los ocho de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web, una cifra que prácticamente no ha variado desde el año anterior.

De la misma forma, la ciberseguridad también destaca como otro de los desafíos en este campo, dado que menos del 1% de los sitios web gubernamentales cumple actualmente los 13 criterios básicos de seguridad online. De hecho, solo uno de los países analizados ofrece portales que cumplen con los 13 criterios mencionados. Eso sí, el progreso es evidente, ya que el 45% de las pruebas de seguridad ya supera los umbrales establecidos.

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El informe también avanza algunas de las áreas en las que la Unión Europea debe trabajar de cara a cumplir con los objetivos de la Década Digital 2030, entre los que se incluye lograr el 100% de disponibilidad online de todos los servicios para ciudadanos y empresas para 2030. A pesar de que la mayoría se encuentra en este camino, hay un sector que sigue rezagado frente al resto: el sanitario, que obtiene la puntuación más baja de todos los acontecimientos vitales.

Desde Capgemini señalan que lograr “un sector público digital totalmente inclusivo y de alta calidad” para 2030 requerirá “esfuerzos específicos para cerrar las brechas persistentes entre los Estados miembros, los acontecimientos vitales y los grupos de usuarios”.

El caso español

Respecto a España, el documento precisa que el grado de madurez digital de los servicios públicos para las empresas alcanzó el 85% en 2024, en línea con la media europea, con un 86%. En el caso de los servicios destinados a las empresas, este dato se sitúa en un 88% para las firmas tradicionales y de 82% en los trámites relacionados con la creación de nuevos negocios o startups. Mientras, para los ciudadanos, el porcentaje alcanza el 89% (por encima del 82% europeo), estando disponible el 99% para usuarios nacionales y el 79% para ciudadanos transfronterizos.

En concreto, destacan los de ámbito familiar (99%), los relacionados con el transporte y la carrera profesional (95%), con la salud (89%), el ámbito jurídico (88%), los estudios (80%) y las mudanzas (77%).

Al igual que a nivel comunitario, el punto débil es la ciberseguridad, ya que las Administraciones Públicas nacionales apenas rozan el 41% en el cumplimiento de los criterios evaluados, en línea con el 42% europeo. También, la accesibilidad, con un 42% y un 43%, respectivamente.