Xavier López, director general del centro tecnológico Eurecat y vicepresidente de Fedit. Eurecat
En un momento en que España busca ganar peso industrial, mejorar nuestra soberanía tecnológica y acelerar la transferencia de conocimiento, los centros tecnológicos han dejado de ser un actor discreto para convertirse en una pieza clave del sistema de innovación.
Su trabajo se desarrolla lejos de los grandes titulares, pero en un punto decisivo: el lugar donde la ciencia, la tecnología y las necesidades de las empresas se encuentran para generar nuevos productos, procesos más eficientes, inversión privada y empleo cualificado.
No son simples intermediarios entre la investigación y la empresa. Son infraestructuras estratégicas que ayudan a que la innovación llegue al tejido productivo, especialmente a las pymes y a las empresas industriales. Su valor está en una combinación difícil de replicar: capacidades científicas, conocimiento tecnológico, laboratorios, experiencia sectorial y proximidad real a las necesidades empresariales.
La singularidad está en su orientación práctica. Generan conocimiento, pero no se quedan ahí. Lo llevan a plantas piloto, prototipos, ensayos, certificaciones, proyectos colaborativos, contratos de I+D y servicios avanzados para empresas. Allí donde una idea necesita convertirse en una solución aplicable, los centros tecnológicos actúan como laboratorio, planta piloto y aliado experto.
Esa orientación al mercado no rebaja su exigencia científica; la eleva y la orienta. Transferir tecnología requiere talento especializado, infraestructuras actualizadas, conocimiento propio y una relación estrecha con las empresas. Por eso, operan de forma comparable a las RTO (Research and Technology Organizations) europeas más relevantes: conectan conocimiento, capacidades e infraestructuras para producir innovación con impacto económico y social, industrial y territorial.
En este contexto, la financiación de capacidades tecnológicas no debería leerse solo como un coste presupuestario, sino como una inversión con retorno económico, social, industrial y fiscal. En un país que quiere aumentar su intensidad tecnológica, reforzar cadenas de valor y autonomía estratégica y, en definitiva, mejorar la competitividad de sus empresas, pocos instrumentos muestran una conexión tan directa entre apoyo público, transferencia e impacto empresarial.
El valor de los centros tecnológicos también se reconoce desde la empresa. En este sentido, las compañías que colaboran con estas entidades muestran niveles elevados de satisfacción y destacan el cumplimiento de objetivos, la calidad de la relación profesional, la confianza generada y la complementariedad de conocimientos y recursos. Los efectos más visibles aparecen en tres ámbitos: más capacidad de I+D+I, redes de contactos más amplias y mejora de la competitividad.
Para las pymes, esta función resulta crucial. Muchas no cuentan con equipos de investigación, laboratorios propios o especialistas suficientes para afrontar procesos de innovación complejos. Los centros tecnológicos reducen esa distancia: permiten acceder a capacidades avanzadas, compartir riesgos, cooperar con otros agentes y convertir una necesidad de mercado en un proyecto tecnológico viable.
Un reciente análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades refuerza esta lectura, y subraya que la financiación pública tiene un efecto directo en la capacidad de los centros tecnológicos para crecer, atraer fondos competitivos, transferir conocimiento y movilizar inversión privada.
También destaca su papel en Europa: uno de cada ocho euros del retorno español del programa Horizon Europe procede de los centros tecnológicos. En solo tres años, han duplicado el retorno obtenido durante los tres primeros años del programa. El dato no solo habla de captación de fondos, muestra la competitividad internacional de la I+D que realizan y de su capacidad para conectar empresas españolas con redes internacionales, consorcios europeos y agendas tecnológicas estratégicas.
El mapa de instrumentos de transferencia y valorización elaborado por el Ministerio aporta, además, una visión de conjunto de las políticas públicas estatales y autonómicas. Su utilidad no está solo en ordenar programas, sino en mostrar complementariedades, diferencias y posibles vacíos.
La transferencia necesita instrumentos diversos: proyectos colaborativos, pruebas de concepto, valorización de resultados, infraestructuras tecnológicas, apoyo a la propiedad intelectual, financiación de capacidades y mecanismos de cooperación entre empresas, centros, universidades y administraciones.
La fotografía del sistema, sin embargo, también revela debilidades: el apoyo a los centros tecnológicos no es homogéneo en todo el territorio.
Algunas comunidades autónomas cuentan con financiación basal ligada a indicadores y resultados; otras apoyan planes de actuación o proyectos concretos; y algunas dependen casi exclusivamente de convocatorias competitivas o ayudas puntuales para equipamiento. La diversidad autonómica explica parte de esta realidad, pero sus efectos pueden ser importantes: las empresas, especialmente las pymes, no acceden a las mismas capacidades tecnológicas según el lugar donde operan.
Es evidente que, cuando la financiación estructural es insuficiente o inestable, resulta más difícil sostener laboratorios, atraer y retener talento, invertir en nuevas plataformas tecnológicas o desarrollar líneas de I+D a medio plazo. La transferencia no se improvisa: depende de capacidades e inversión acumuladas. Sin una base estable, el riesgo es financiar proyectos sin financiar suficientemente aquello que los hará posibles y eficientes.
La pregunta de fondo ya no debería ser si los centros tecnológicos han de recibir apoyo público, sino qué tipo de apoyo maximiza su impacto.
Los grandes referentes europeos muestran que la financiación basal o institucional de las RTO suele situarse entre el 20% y el 40% de sus ingresos, vinculada a misiones, desempeño y resultados y con una característica fundamental: la plurianualidad. No se trata de financiar estructuras sin exigencia, sino de dar estabilidad a capacidades estratégicas evaluadas con criterios claros: impacto en empresas, fondos competitivos, colaboración europea, transferencia efectiva, empleo cualificado y contribución a prioridades tecnológicas de país.
España necesita una política de desarrollo de capacidades tecnológicas que complemente la financiación por proyectos y multiplique el retorno de la inversión realizada en capacidades e infraestructuras científicas.
El talento, los laboratorios, las plataformas, el conocimiento acumulado, las redes empresariales y las metodologías de transferencia requieren continuidad. Si la innovación debe llegar a más empresas, en especial a las pymes industriales, los centros necesitan una base estable para anticipar retos, invertir antes de que exista una demanda consolidada y responder con rapidez cuando surgen oportunidades estratégicas.
Los centros tecnológicos son una pieza esencial de la competitividad española porque ocupan un espacio que ninguna otra institución cubre con la misma intensidad: convertir conocimiento en innovación empresarial.
Aunque se ha ido avanzando y es destacable el esfuerzo realizado por diferentes estamentos públicos estatales y autonómicos, el reto, ahora, es pasar de la evidencia y las acciones puntuales a las decisiones e instrumentos estables y sistémicos.
España dispone de una red de centros tecnológicos con capacidad demostrada, cercanía a las empresas y reconocimiento europeo. Este es un activo distintivo de nuestro sistema de I+D+I.
Para aprovecharlo plenamente, se deben consolidar instrumentos de financiación estables, evaluables y orientados a impacto; reducir desequilibrios territoriales; reforzar la colaboración con empresas, universidades y organismos públicos y situar la transferencia tecnológica en el centro de la política industrial y de innovación. En plena transición digital, energética e industrial, invertir en centros tecnológicos es invertir en la capacidad del país para transformar conocimiento en prosperidad compartida.
***Xavier López es director general del centro tecnológico Eurecat y vicepresidente de Fedit.