Muy probablemente habremos hecho mal la búsqueda. Más bien, esté incompleta. Pero valga como referencia para la tesis que vamos a defender en el Nanoclub de Levi. Entre Google, Microsoft, Apple, Amazon y Meta, hay más de 45 investigaciones antimonopolio en curso en la Unión Europea, la mayoría en virtud de la nueva Ley europea de Mercados Digitales.

Han sido diversos los informes o sentencias, traducidos en amenaza de sanción o incluso de desmantelamiento, de que Google mantiene una posición de monopolio en el mercado de las búsquedas en línea. Sin embargo, nada le ha sucedido. O, al menos, nada que haya menguado su poder ni su capacidad para moldear nuestras vidas o condicionar a millones de empresas.

Eso, al margen de sentencias como las del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea por las que Apple debería devolver a Irlanda 13.000 millones de euros por eludir el pago de impuestos. Aparentemente, las multinacionales tecnológicas ven las sanciones como una parte del coste que supone para ellas hacer negocios. Las asumen y cuentan con ellas.

La esperanza que muchos manteníamos era todos estos casos o investigaciones “antimonopolio” pudieran impulsar un cambio real en la forma en que operan los gigantes tecnológicos. Con implicaciones para sus competidores, por supuesto. Pero, lo más importante, con consecuencias para los usuarios comunes. Usted, socio del Nanoclub, o yo.

Si le echamos un ojo a las investigaciones en marcha, vemos que algunas se centran en posibles infracciones en la gestión de datos, como la restricción de la capacidad de un software para funcionar con otro software. Los casos antimonopolio anteriores se han basado en leyes de competencia de décadas de antigüedad, incluido el tratado de la UE, cuya primera iteración se firmó en 1957. También la más reciente Ley de Mercados Digitales.

En nuestra rápida búsqueda hemos detectado pleitos en 15 países diferentes, donde las autoridades de competencia han iniciado o concluido investigaciones sobre las prácticas comerciales de Google. También en EEUU. Cuando el juez estadounidense Amit Mehta decidió en agosto no ordenar la división de Google ni obligar a la compañía a vender su navegador Google Chrome -ambas opciones planteadas como posibles resultados-, impuso como alternativa una serie de compromisos a la compañía. Pero nada, obviamente, insuperable.

En septiembre de 2025, la Comisión Europea también impuso una multa de 2.950 millones de euros a Google por sus prácticas publicitarias en buscadores. La comisión afirmó que Google favoreció sus propios servicios de tecnología de publicidad gráfica en línea en detrimento de los proveedores de la competencia. Google calificó aquella multa de “injustificada” y dijo que los cambios perjudicarían a miles de empresas europeas al dificultarles ganar dinero.

En los últimos años, Microsoft, Apple y Meta también han sido investigadas por la UE. Sin aparentes consecuencias. Más bien al contrario. Parecen situarse al margen de la ley. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esta oleada de medidas coercitivas contra los gigantes tecnológicos y qué les depara el futuro?

Las investigaciones de competencia afectan directamente la actividad comercial de estas empresas, por lo que tienen un gran incentivo para luchar por todos los aspectos imaginables de su modelo de negocio. Ceder voluntariamente algunas partes de su negocio significaría renunciar a importantes beneficios.

Las empresas deben sopesar las posibles desventajas de ceder en sus estrategias comerciales frente a las cuantiosas multas y las importantes restricciones sobre su funcionamiento en determinados territorios. En el caso estadounidense de Google, se habían barajado cambios importantes en la empresa, incluida la venta del navegador Google Chrome. Huelga decir que esto habría supuesto un duro golpe para la empresa. No sucedió.

En 2023, la Comisión Europea inició una investigación sobre Microsoft por vincular su software Microsoft Teams con sus suites Office 365 y Microsoft 365. La investigación se inició tras una denuncia de Slack, fabricante de software que compite con Teams.

Microsoft tuvo que modificar su propuesta original tras las pruebas de mercado realizadas por la Comisión Europea, pero en septiembre la Comisión la aceptó. Los compromisos incluyen ofrecer versiones de Office 365 y Microsoft 365 sin Teams y a un precio reducido. Y ahí acabó.

En abril, la Comisión multó a Apple con 500 millones de euros tras declarar que la compañía había infringido la Ley de Mercados Digitales al impedir que los desarrolladores de aplicaciones ofrecieran a los usuarios ofertas más económicas fuera de la tienda de aplicaciones. En julio, Apple presentó una apelación alegando que la Comisión fue “mucho más allá de lo que exige la ley” en la disputa.

La comisión también investigó a Meta por su modelo publicitario de "pago o consentimiento". Los usuarios de Facebook e Instagram en la UE podían elegir entre combinar sus datos personales recopilados de diferentes servicios de Meta para fines publicitarios o pagar una suscripción mensual por un servicio sin publicidad. Tras constatar que la empresa había infringido la Ley de Mercados Digitales, la Comisión impuso a Meta una multa de 200 millones.

La comisión afirma que, cuando determina que las empresas no cumplen la legislación, puede imponer multas de hasta el 10% de su facturación mundial total. Estas multas pueden ascender hasta el 20% en caso de reincidencia.

En casos de incumplimiento continuo, la comisión puede obligar a las empresas tecnológicas a vender un negocio o partes de él, o prohibirles realizar adquisiciones de otras empresas involucradas en áreas relacionadas con su incumplimiento.

Como mínima victoria, digamos que los usuarios ahora pueden usar diferentes servicios de las empresas sin tener que dar su consentimiento para el uso de sus datos. También se esperan cambios en la forma en que los usuarios interactúan con algunos de estos servicios. Por ejemplo, es posible que no puedan hacer clic en un hotel con hipervínculo en un mapa incluido en los resultados de búsqueda para acceder a su sitio web de reservas.

En la UE se redujeron los enlaces a Google Maps debido a la percepción sobre el dominio de la empresa en el mercado de búsquedas. Pero, en general, la expectativa es que en un futuro no muy lejano las grandes tecnológicas estarán más limitadas en los modelos de negocios que adopten, especialmente en lo que se relaciona con la competencia del mercado.

Al menos, eso es lo que se espera, ante la apariencia de que las multas son una medida que queda bien de cara a la galería, pero que, a buen seguro, se estarán compensando por otra parte, por ejemplo, a través de subvenciones concedidas por los países o por la UE a esas mismas empresas. Además, las sanciones no se abonan en el acto, sino que la empresa tiene la posibilidad de recurrir la sentencia, lo que abre un proceso que puede demorarse años.

En ese tiempo, la empresa demandada sigue operando con normalidad, ganando incluso más dinero que el que van a pagar por la posible sanción. Y mientras, el Big Five de las tecnológicas se coloca por delante de las empresas farmacéuticas y las relacionadas con los combustibles fósiles, es decir, las petroleras, en la actividad lobbysta europea.