José Nistal, CEO de Zubi Capital.
Una de cada cuatro organizaciones de impacto en España declara no tener acceso a la financiación que necesita para crecer. El dato, recogido en el último informe de SpainNAB, no solo revela una brecha preocupante, sino que deja al descubierto una contradicción de fondo. Nunca antes hubo tanto capital orientado a criterios ESG e impacto, sin embargo, miles de empresas sociales siguen sin poder escalar su solución. ¿Qué estamos haciendo mal?
Las empresas sociales son una de las formas más potentes de innovación que tenemos frente a los retos más complejos de nuestro tiempo: la exclusión, el desempleo estructural, la emergencia climática, el acceso desigual a salud o vivienda. A diferencia de los modelos tradicionales, estas empresas no ponen el propósito como una nota a pie de página, sino como el núcleo de su modelo de negocio. Y lo hacen con herramientas del siglo XXI: tecnología, diseño centrado en las personas, soluciones escalables. Pero para que estas propuestas salten de la fase piloto a una escala sistémica, necesitan más que buenas intenciones. Necesitan inversión de impacto.
Según el Global Impact Investing Network (GIIN), en 2024 el mercado global de inversión de impacto superó los 1,5 billones de dólares. Es un crecimiento exponencial que responde a una evolución cultural: los inversores ya no solo buscan rentabilidad financiera, sino también contribuir a resolver los desafíos que definen esta década. En Europa, este enfoque ha empezado a institucionalizarse. La Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obligará a miles de empresas a medir y reportar su impacto, o el reglamento ELTIF 2.0, que permite a inversores minoristas acceder a fondos de impacto a largo plazo, o incluso el Banco Europeo de Inversiones que prevé movilizar más de 70.000 millones de euros en sectores como la tecnología limpia y la digitalización social entre 2025 y 2027, son ejemplos claros de cómo el ecosistema financiero empieza a alinearse con una nueva lógica: aquella en la que rentabilidad e impacto no compiten, sino que se refuerzan mutuamente.
España ha dado pasos importantes. El volumen de activos bajo gestión en inversión de impacto alcanzó los 1.517 millones de euros en 2023, un 26 % más que el año anterior. Existen instrumentos públicos orientados a movilizar capital privado —como el Fondo de Impacto Social—, y proliferan las alianzas entre administraciones, inversores y entidades del tercer sector. Además, sectores como la salud digital, la educación inclusiva o la regeneración ecológica concentran cada vez más interés por parte de fondos especializados. Sin embargo, el reto sigue siendo estructural: el 62 % de las empresas sociales españolas señala que el acceso a financiación es la principal barrera para su crecimiento.
¿Por qué cuesta tanto financiar empresas que funcionan, que están alineadas con la demanda social y que ya están generando impacto? En parte, porque no encajan en los moldes convencionales. Son modelos híbridos, con estructuras de gobernanza distintas, horizontales, a menudo con márgenes ajustados y rentabilidad a medio plazo. Esto exige a los inversores una mirada diferente: más estratégica, más paciente, más dispuesta a compartir el riesgo.
Lo que está en juego no es solo el crecimiento de un sector. Es la posibilidad de que miles de iniciativas con alto potencial transformador puedan multiplicar su impacto sin perder su misión. Y para eso necesitamos una infraestructura financiera a su medida: vehículos de coinversión público-privada, criterios claros de medición, mecanismos de financiación combinada, redes de acompañamiento y, sobre todo, un cambio cultural que deje de tratar el emprendimiento social como una excepción.
En muchos países europeos ya se ha entendido que escalar soluciones sociales no puede depender exclusivamente del capital filantrópico o del compromiso individual. Se necesita una respuesta estructural. La inversión de impacto es esa respuesta. No se trata de sustituir la filantropía ni de competir con la inversión tradicional, sino de ocupar un espacio intermedio que combine lo mejor de ambos mundos: la exigencia financiera y el compromiso con el bien común.
El emprendimiento social no es un fenómeno marginal. Representa un modelo de desarrollo más resiliente, más redistributivo y adaptado a los retos actuales. Según la Comisión Europea, la economía social representa ya el 8 % del PIB europeo y da empleo a más de 13 millones de personas. En España, supone el 10 % del PIB y más de 2,5 millones de empleos. El potencial está ahí. Lo que falta es un ecosistema de inversión que lo acompañe.
No basta con crear nuevas empresas sociales: hay que crear las condiciones para que escalen sin diluir su esencia. Eso implica fortalecer la inversión de impacto como un pilar real de la economía del futuro. Implica políticas públicas que dejen de tratarla como algo accesorio. Implica un sector financiero que aprenda a medir el valor de las cosas más allá de la cuenta de resultados. E implica una ciudadanía que entienda que la transformación social también necesita inversión, y no solo inspiración.
El emprendimiento social ya ha demostrado que puede resolver problemas donde otros modelos han fracasado. Ahora le toca al sistema financiero demostrar que sabe estar a la altura.
***José Nistal es CEO de Zubi Capital.