Noelia Escobar, responsable Institucional e Intangibles INCOTEC.
“La compra pública de innovación (CPI) se define como una herramienta de política pública a través de la cual un comprador público adquiere una solución (bien o servicio) que aún no se encuentra disponible en el mercado pero que se podría desarrollar en un período de tiempo razonable” (Edquist y Hommen, 1998),
A nivel nacional se define la CPI como “una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública”.
Desde la perspectiva de la política de innovación, estamos ante un instrumento de fomento a la innovación desde la demanda, dirigido a estimular los mercados de la innovación, incluyendo la introducción de regulación.
La CPI se configura como un potente instrumento de política de innovación, así como económica e industrial, con foco en una notable capacidad para promover la I+D+i; la creación de ecosistemas innovadores (empresas grandes, pymes, startups, centros tecnológicos y universidades) en torno a sectores estratégicos, y el fomento del desarrollo regional y del desarrollo del tejido local innovador, especialmente de las pymes.
En España llevamos algo más de una década empleando este mecanismo y en este tiempo podemos concluir que “es más importante conseguir el primer contrato que cualquier subvención”.
Según el Observatorio de Contratación Pública de España, la contratación pública representa alrededor de 20 % del PIB de España, y alrededor del 14 % del PIB de la UE. Como vemos el sector público es un destacado comprador de bienes y servicios y una palanca importante para el desarrollo económico, por ello sería deseable que nos marcásemos como objetivo que una parte del presupuesto de contratación pública se dedicara a financiar la adquisición de productos y servicios innovadores.
Hemos dado pasos adelante, pero debemos trabajar por aflorar todo el potencial de este mecanismo, “hacerlo grande” subir a un nivel superior, necesitamos alcanzar un balance adecuado entre políticas de oferta y políticas de demanda que contribuyan a reducir el gap entre productores, compradores y usuarios finales de I+D+i, especialmente en sectores clave.
¿Qué retos deberíamos abordar para lograr aflorar el gran potencial de este mecanismo? Primero, definir un Plan de Acción Global de CPI, y para ello es necesario que se integre en programas verticales en torno a sectores estratégicos; con fuentes de financiación estables, eliminando el efecto cíclico por la dependencia de FEDER, y con el objetivo de gasto (al menos un 5% en CPI del volumen de contratación pública para 2030).
En segundo lugar, se debe ir más allá del prototipo, programas de apoyo al despliegue futuro y replicabilidad, conectando con el mercado e industria. Además, se ha de contar con un sistema nacional de coordinación, seguimiento y evaluación de impacto de las acciones.
Por último, es necesario acortar los tiempos en los procesos, ganar agilidad y menor burocracia, para atraer a las pymes.
En un escenario internacional de constante transformación, la innovación pública abierta es la mejor respuesta, siendo la CPI clave para avanzar en el ámbito de nuestra autonomía estratégica, como potente instrumento de política económica e industrial.
“El futuro de la CPI en España pasa por tomar decisiones valientes y visionarias en el presente (Sandra Sinde)”.
***Noelia Escobar es responsable Institucional e Intangibles INCOTEC.