También, ha garantizado la ciberseguridad de los productos digitales mediante la Ley de Ciberresiliencia y ha definido una estrategia en favor de una internet más adecuada para los más pequeños. 

Dentro de este esfuerzo por conseguir un entorno digital más seguro y privado para los usuarios, los organismos europeos han estado trabajando en los últimos años en el concepto de "Identidad Digital Europea". Bajo esta premisa, la UE quiere organizar una especie de "monedero digital" que recabe toda la información personal de los residentes en dicha región y que permita facilitar la gestión de diferentes procesos a través de las herramientas digitales. 

En concreto, este proyecto quiere recopilar información sensible bajo un prisma de seguridad que permita a los ciudadanos simplificar trámites como abrirse una cuenta bancaria, presentar la declaración de impuestos, solicitar una plaza en una universidad, pedir un certificado de nacimiento o almacenar una receta médica para usarla en cualquier lugar de Europa, entre otros. 

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Esta iniciativa da respuesta a hechos como que, en la actualidad, apenas el 60% de la población de la UE, en 14 estados miembros, puede utilizar su identificación electrónica nacional en el ámbito transfronterizo. A la vez, el 72% reclama más información sobre el tratamiento de sus datos y el 63% pide una identificación digital única y segura para los servicios en línea, según una encuesta de Eurobarómetro. 

"Cada vez que una aplicación o un sitio web nos pide que creemos una nueva identidad digital o que nos conectemos fácilmente a través de una gran plataforma, en realidad no tenemos ni idea de lo que sucede con nuestros datos", afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su discurso sobre el estado de la Unión en 2020. 

Von der Leyen precisó que, por ese motivo, la Comisión da un paso adelante para proponer "una identidad electrónica europea segura" que ofrezca confianza a los ciudadanos, que podrán usarla "en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación". "Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo", resumió. 

Las últimas informaciones vertidas por este organismo apuntan que están trabajando y poniendo a prueba una aplicación que se espera que vea la luz a lo largo del próximo ejercicio. 

La identidad digital "gana tracción" 

En una entrevista exclusiva con D+I, Chris Briggs, vicepresidente senior de Identidad en Mitek, una empresa de software especializada en esta materia, explica que, durante años, el sector de la identidad digital ha estado a la espera "de una señal clara" que indique la disposición de ciudadanos, consumidores, gobiernos y empresas a adoptarla y, por fin, "está ganando tracción en todo el mundo". 

Briggs señala que parte de este impulso proviene de la crisis sanitaria y el consiguiente aumento del comercio y las transacciones online. "Cada vez más personas reconocen la conveniencia y la seguridad que ofrece una identidad digital bien diseñada, y muchos países y empresas están implementando soluciones para mejorar la eficiencia, reducir el fraude y proteger la privacidad", apunta. 

"Debemos tener en cuenta la importancia de una identidad más holística y la oportunidad que esta supone para los consumidores, pero también para las administraciones, empresas y gobiernos", enumera. 

Hasta la fecha, el experto precisa que se han logrado "importantes avances" gracias a la evolución tecnológica en áreas como la biometría, la inteligencia artificial o el blockchain, que han permitido el desarrollo de herramientas como los sistemas de autenticación multifactoriales y las tecnologías biométricas.

Actualmente, señala, se está trabajando en áreas clave como la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, la simplificación de los procesos y la estandarización de protocolos y tecnologías. A la par, se está apostando por soluciones "como las identidades soberanas" que permiten a los usuarios tener el control total de sus datos digitales y compartir solo lo necesario con terceros de confianza.

No obstante, Briggs puntualiza que "sigue habiendo un amplio recorrido por delante", especialmente en el ámbito público. 

"Hacia un futuro sin documentos"

El experto precisa que el despliegue de la identidad digital está condicionado por distintos factores, entre ellos, la seguridad y la privacidad de los datos personales, para lo que se antoja indispensable contar con una "infraestructura adecuada que permita la gestión segura" de la misma. "Esto implica la implementación de tecnologías avanzadas de autenticación y encriptación de datos, así como la creación de sistemas de gestión y almacenamiento de datos", puntualiza. 

A la par, es imprescindible establecer estándares y protocolos comunes para el intercambio de información entre los diferentes sistemas de identidad digital, de manera que sea posible la interoperabilidad entre ellos, lo que, añade, permitiría que una misma pueda ser utilizada "en diferentes contextos y países".

El vicepresidente senior de Identidad en Mitek añade que también es relevante "la confianza y aceptación social para su adopción masiva". "Es necesario que los ciudadanos y consumidores confíen en la seguridad y privacidad de la identidad digital, así como en su facilidad de uso y accesibilidad", insiste. "Un marco regulatorio sólido es clave para lograr todo este conjunto".

En este camino, Briggs señala que la Unión Europea "ha mostrado mucha ambición en su proyecto" y ha avanzado "con determinación" hacia un "futuro sin documentos".

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Más allá de la simplificación de trámites, esta meta permitirá a los consumidores mejorar la seguridad de las transacciones y la protección de los datos personales, además de acceder a servicios, tanto públicos como privados, en toda la UE. 

Dentro de este proceso, el experto afirma que España se posiciona como un actor clave para su despliegue, ya que la región ocupa el séptimo puesto de la UE en materia de servicios públicos digitales y el 67% de los internautas de dicha región participa activamente en los servicios de la administración electrónica, en comparación con el 64% de la media de la UE. "Eso refleja la capacidad que tiene el país para poder penetrar con el DNI 4.0, pasaporte digital o el wallet europeo", precisa. 

Aún así, Briggs insiste en que el establecimiento de una identidad digital también vendrá acompañada de riesgos que es necesario abarcar y prevenir como el fraude o el robo de información. Aquí juega un papel clave la ciberseguridad, que debe estar presente desde el diseño e implementación de esta herramienta. 

Europa, en concreto, cuenta con normas robustas que obligan a las empresas a ofrecer procesos de verificación y autenticación más robustos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o el PSD2, la regulación europea sobre servicios de pago electrónicos. 

"La legislación de la UE en materia de protección de datos es una de las más estrictas del mundo y el marco de identidad digital propuesto por la Comisión Europea establece medidas de seguridad adicionales para garantizar la protección de los datos personales; sin embargo, hay que seguir trabajando para estar al día de los cambios tan rápidos que el sector experimenta", indica Briggs. 

En este contexto, también es necesario abordar la brecha digital, ofreciendo formación y herramientas adecuadas para reducir la diferencia entre los sectores más vulnerables para que todos los usuarios puedan beneficiarse de la aplicación y el uso de estas nuevas tecnologías. "Es algo que no debemos ignorar", concluye.