Apenas un mes después de que se conociese que los organismos europeos habían llegado a un acuerdo relacionado con la Digital Market Act (DMA), el Parlamento y los estados miembros han logrado sacar adelante a su 'hermana', la Digital Service Act (DSA). 

Ambas leyes, que se complementan entre sí, aparecieron en escena a finales de 2020, cuando la Comisión Europea presentó un paquete de medidas sobre los servicios digitales con las que se pretende cambiar internet de la forma en la que se conoce actualmente. 

Un año y cuatro meses después (y tras 16 horas de negociación), la Unión Europea consiguió llegar a un acuerdo provisional durante la madrugada del 23 de abril sobre la nueva Ley de Servicios Digitales.

Este documento tiene como objetivo principal obligar a las plataformas online (entre las que se incluyen las redes sociales) a moderar sus contenidos, retirar los que sean ilegales y hacer los algoritmos más transparentes.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la comparecencia de este martes CE

Aunque aún no se ha distribuido el texto completo, sino solo una nota de prensa que anticipa los puntos claves del acuerdo, la Comisión Europea avanza que "brindará una mejor protección a los usuarios y sus derechos", además de "definir un conjunto único de reglas en el mercado interno que favorecerá que las pequeñas plataformas se expandan".

"El convenio de hoy es histórico, tanto en términos de rapidez como en esencia", afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en dicho documento. 

Así, precisa que este pacto favorecerá un espacio seguro que garantice la libertad de expresión y las oportunidades para los negocios digitales, además de dar "efectividad práctica" al principio de que "lo que es ilegal offline, es ilegal online”. 

Afectará a cualquier intermediario digital que ofrezca servicios en la UE

Según explican desde las entidades comunitarias, todos los intermediarios digitales que ofrezcan sus servicios en este mercado deberán cumplir con la normativa, tanto si están establecidos en la Unión Europea como fuera de ella. 

El acuerdo afecta de forma directa a los servicios de intermediación que ofrecen infraestructuras de red, aquellos que proveen servicios cloud o motores de búsqueda online de gran tamaño (con más del 10% de los 450 millones de consumidores de la UE). 

Además, también implicará a las plataformas online, entre las que se incluyen los marketplace, las tiendas de aplicaciones o las redes sociales. 

Dentro de ellas, se destaca un papel especial para aquellas que tienen un alcance superior al 10% al total de consumidores de la región, ya que "podrían presentar riesgos particulares en la difusión de contenido ilegal o dañino".  

El pacto trae obligaciones para estas firmas -entre las que se encuentran algunas como Facebook, Amazon, Google o Twitter- basadas en valores como el respeto a los derechos humanos, la democracia o el Estado de derecho. 

Por otro lado, precisan que, en el caso de las pequeñas empresas, tendrán normas proporcionales a su capacidad y tamaño y, en caso de que crezcan de forma significativa, seguirán beneficiándose de una exención específica de un conjunto de obligaciones durante un período transitorio de 12 meses. 

Multas de hasta el 6% de la facturación global 

Aunque se trata de un acuerdo provisional previo al texto definitivo, los organismos impulsores han dejado entrever algunas de las medidas concretas que comenzarán a aplicarse una vez entre en vigor. 

Entre ellas, las compañías estarán obligadas a moderar los contenidos que se publican en ellas y a eliminar los que se consideren ilegales. Según explican los expertos, hasta ahora esta tarea dependía de un código de buenas prácticas no vinculante al que las empresas se podían sumar de forma voluntaria. 

A partir de la DSA, los usuarios podrán acceder a un procedimiento más claro para informar sobre este tipo de publicaciones y las plataformas estarán obligadas a actuar con rapidez contra ellas, así como informar al denunciante de las acciones que han llevado a cabo e introducir "marcadores de confianza". 

En relación con lo anterior, la ley avanza en la trazabilidad de los usuarios comerciales en los mercados online para ayudar a identificar a aquellos que comercian con productos ilegales y proteger a los consumidores en su proceso de adquisición. 

Las denominadas como "grandes plataformas" deberán dar acceso a sus datos clave a las autoridades europeas para comprender la forma en la que evolucionan los riesgos online, a la vez que ofrecen mecanismos más transparentes para comunicar cómo se determina qué información llega a cada usuario. 

Además, deberán analizar de forma anual sus riesgos sistémicos y actuar para reducirlos con especial hincapié en la información que pueda tener efectos negativos en los derechos fundamentales, la seguridad pública o implique consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios, entre otros. 

La propuesta de la UE también introduce prohibiciones en la recopilación de datos sensibles para dirigir la publicidad, con especial atención a los dirigidos a menores.

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, es la promotora de la norma CE

Los organismos europeos también han insistido en el control de las interfaces dirigidas para engañar al usuario y que acepte el rastreo de información (los llamados "patrones oscuros de la web"). 

Así, contempla el derecho de que se ofrezca, al menos, una opción que no conlleve la explotación de su información que aparezca de forma clara y en igualdad de condiciones que las que sí emplean dicha práctica. 

A la propuesta inicial se ha sumado un nuevo concepto como consecuencia de la situación que se está viviendo en la actualidad en relación a la guerra de Ucrania.

En concreto, se trata de un mecanismo en caso de crisis que Bruselas puede activar en base a las recomendaciones de los estados miembros y que permitirá analizar el impacto de las actividades de las grandes plataformas en los conflictos e imponerles acciones que limiten cualquier amenaza urgente durante un período de tres meses. 

El incumplimiento de las normas impuestas por los reguladores contempla entre sus consecuencias la imposición de multas millonarias que podrán llegar a ser de hasta el 6% de su facturación global e incluso la prohibición de operar en el mercado europeo en caso de reincidencia. 

"Obligaciones claras y proporcionales"

En la misma nota de prensa distribuida, Von der Leyen afirma que este anuncio, junto al de la DMA que se dio a conocer recientemente, manda un "mensaje claro" a los europeos, las empresas y negocios dentro de la región y a sus homólogos internacionales. 

Por su parte, Margaret Vestager, comisaria de Competencia, añade que con este acuerdo se aseguran que las plataformas "rinden cuentas por los riesgos que sus servicios pueden representar para la sociedad y los ciudadanos"

Según Vestager, dichas empresas deben ser transparentes sobre sus decisiones de moderación de contenido, a la par que evitan que la desinformación peligrosa se vuelva viral y que se ofrezcan productos peligrosos. 

Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, señala que la DSA implica el fin de la época en la que las firmas se comportan como si fuesen "demasiado grandes para preocuparse" mediante el establecimiento de obligaciones claras y proporcionales al tamaño, impacto y riesgo. 

"Los organismos europeos han trabajado mano a mano en un tiempo récord con determinación y ambición para proteger a los ciudadanos en línea", afirma Breton. 

"Carta blanca" a las redes sociales para que censuren

Sin embargo, hay expertos en legislación como el abogado y experto en derecho, Borja Adsuara, que se han mostrado reticentes ante esta propuesta. 

Adsuara explica en un hilo compartido en Twitter que la parte más sensible del acuerdo tiene que ver con la parte relativa al contenido pernicioso y la desinformación. 

Aunque precisa que, de momento, solo se conoce la nota de prensa distribuida y no el texto final, el abogado señala que la información distribuida parece dar "carta blanca" a las redes sociales para que "censuren lo que consideren dañino, aunque no sea ilegal".

Esto supone, en su opinión, "un grave peligro para la libertad de expresión y de información, para el principio de legalidad y el Estado de derecho".

Respecto a la medida adicional que han añadido los organismos europeos en relación a las futuras crisis, el abogado apunta que da "una base legal a las actuaciones que llevó a cabo la Comisión respecto de la desinformación durante la pandemia del COVID y la propaganda rusa en la invasión de Ucrania".

"En la práctica permite una censura indirecta por la Comisión y los Gobiernos más allá de esos 3 meses", afirma el experto. 

Adsuara termina sus comentarios sobre la ley señalando que cada vez es "más necesario" un "organismo de defensa de la libertad de expresión" en el que se puedan revisar las decisiones que tomen las redes sociales antes de retirar contenidos o bloquear cuentas por información que no es ilegal. 

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, durante la rueda de prensa de este jueves CE

Preguntadas por estas preocupaciones, fuentes del Parlamento Europeo se muestran contundentes ante D+I y afirman que "la DSA no incrementará la censura, todo lo contrario".

Los representantes europeos explican que esta legislación obligará a las grandes plataformas a dar explicaciones sobre las razones por las que eliminan un contenido, lo que pondrá al usuario "en un lugar mejor". 

A la par, precisan que proporcionará una forma mucho más fácil de quejarse en caso de que les hayan eliminado una publicación de forma injustificada. "Así, mejorará los derechos de los consumidores y no causará censura", reiteran. 

La misma fuente confiesa a este medio que han tenido que soportar "una abrumadora campaña en contra de la propuesta" por parte de los 'big tech'. 

"Al emitir regulaciones sobre algunas de las empresas más grandes del mundo, el interés en todo lo que hagas es intenso", señalan. 

Entrará en vigor 20 días después de su publicación

Cabe recordar que no se trata de un texto definitivo, sino de un acuerdo preliminar que, según ha precisado el Parlamento Europeo, deberá ser sometido a un análisis técnico y verificado por los letrados-lingüistas antes de su aprobación formal. 

Una vez completado este proceso, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y las reglas comenzarán a aplicarse quince meses después.

Los organismos europeos han precisado que tienen previsto un viaje a Silicon Valley entre el 23 y el 27 de mayo para visitar las sedes de empresas como Meta, Google o Apple para ver cómo se aplica la nueva legislación aprobada.