La famosa IA Act (por sus siglas en inglés) se ha convertido en una de las grandes promesas del Ejecutivo español, que ha reiterado su intención de avanzar las negociaciones sobre esta normativa para que pueda ser aprobada y entre en vigor lo antes posible. 

Sin embargo, los tiempos son los que son y, de acuerdo con fuentes de la Unión Europea consultadas por este medio, es "altamente improbable" que esta legislación se consolide durante el mandato español, ya que el tiempo medio de revisión jurídica y lingüística que da paso a la adopción de una ley se estima entre dos y tres meses tras el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. Por ello, apuntan que, lo más viable, es que se aterrice durante la española, pero no se apruebe hasta "una fase posterior" que coincidirá con la belga. 

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Aún así, el trabajo español en las negociaciones relativas a la IA Act es imprescindibles para definir las líneas que marcarán esta normativa, que ya se antoja como una de las más importantes de la región comunitaria, a la altura de otras como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que ha terminado por ser replicado en todo el mundo. 

En este sentido, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), Carme Artigas, ha reiterado en un encuentro con los medios de comunicación celebrado esta semana la importancia de agilizar "al máximo" la llegada de la IA Act para anteponerse a "otras propuestas que puedan ser más laxas" en esta materia. "Europa lleva trabajando tres años en esto y debe estar preparada para que culmine lo antes posible", ha afirmado. 

Discrepancias por el reconocimiento facial

No obstante, la primera parada en este camino pasa por lograr un consenso en relación a los artículos que se presentarán durante el mencionado primer trílogo que se celebra en la presidencia española. Según ha precisado Artigas, la mayoría de títulos son aceptados de forma general, pero hay "dos o tres" de ellos que están suscitando un mayor debate y que marcarán el desarrollo final de la ley. 

En concreto, el "más crítico", con posturas alejadas entre ambos organismos, está relacionado con el tratamiento del reconocimiento facial y biométrico en tiempo real por parte de los gobiernos en los espacios públicos, algo que el Parlamento quiere desestimar por completo, introduciendo una prohibición absoluta, mientras que el Consejo quiere definir algunos casos de excepcionalidad vinculados con la seguridad nacional. "Esta fina línea es el elemento en el que costará un poco más tiempo encontrar ese un buen equilibrio", ha precisado la secretaria de Estado. 

Artigas ha recordado que el reglamento no regula sobre una tecnología, sino sobre su utilización en base a los casos de riesgo, por ello, otro de los aspectos que está generando fricción tiene que ver con la definición de los casos de usos prohibidos, donde se están desgranando las prácticas que restringirá la ley. En concreto, ha mencionado que uno de los que se van a vetar es el relativo a la elaboración de 'rankings' de los ciudadanos, algo que ya ocurre en China. 

También, ha apuntado que otro punto que entra en la discusión es la gobernanza de la inteligencia artificial a nivel europeo, es decir, desde qué tipología de organismo se va a revisar o controlar, si será desde una agencia o, por ejemplo, una oficina de coordinación. 

"Ese es parte del trabajo que se tiene que llevar a cabo en los próximos meses y que España está comprometida a liderar", ha afirmado. 

Además, ha avanzado que el siguiente trílogo, que se celebrará el próximo mes de septiembre, será el más relevante a la hora de acercar posiciones y desbloquear alguno de estos artículos. Según ha apuntado, lo importante es "llegar a un consenso" aunque sea a través de diferentes mecanismos. 

Más allá de la propia IA Act, Artigas ha explicado que están trabajando en dos iniciativas más relacionadas con esta tecnología. Por un lado, están elaborando un código de conducta específico para la IA generativa con el objetivo de que respete los derechos de los individuos; por otro, están trabajando en un pacto para que los organismos se comprometan a adoptar la legislación europea una vez haya sido aprobada, sin esperar varios años a su consolidación. 

Apuesta por la digitalización de la Administración 

Las declaraciones de la SEDIA se han producido en un encuentro con los medios en los que ha dado cuenta de los avances que se han producido desde la puesta en marcha en enero de 2021 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, la hoja de ruta para modernizar las instituciones, incluyendo a Ministerios, Comunidades Autónomas y entidades locales. 

En concreto, Artigas ha destacado el desarrollo de la aplicación Mi Carpeta Ciudadana, que ya suma 2 millones de usuarios y más de 1,6 millones de descargas y que, recientemente, ha incorporado la posibilidad de consultar la Historia Clínica Digital, así como otros datos como la vida laboral, las prestaciones sociales o los vehículos y bienes inmuebles. 

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En la misma línea, QEDU (Qué Estudiar y Dónde en la universidad), otra aplicación que ofrece información sobre titulaciones o universidades a futuros alumnos, que ha sido lanzada hace poco y ya acumula más de 5.000 descargas; o la mejora del 060, el teléfono de ayuda al ciudadano en relación a temas administrativos. También, el proyecto piloto de Cartera Digital. 

La SEIDA ha mencionado, asimismo, proyectos como el Kit Digital, que, gracias a herramientas como la robotización o la inteligencia artificial, ha permitido automatizar la recepción de solicitudes de ayudas (ahorrando casi 5.000 jornadas de trabajo) y ya ha llegado a más de 250.000 empresas, que han recibido ayudas por valor de más de 1.200 millones de euros. 

Además, la puesta en marcha de un Espacio de datos de la Administración General del Estado, la Estrategia Cloud, la instalación de nuevos Centros de Procesamiento de Datos respetuosos con el medioambiente o la creación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que ha evitado en lo que va de 2023 más de 2.000 ciberincidentes.