Alberto Iglesias Fraga Alfonso Muñoz Fernández

"Estamos ante un reto sin precedentes. Nunca ha habido un plan de transformación ni hemos tenido una cantidad de recursos semejantes para llegar a un punto que no debe ser el mismo que antes de la pandemia, sino a uno mucho mejor".

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En esos términos se expresó Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, quien aprovecha cada ocasión que tiene para remarcar la importancia de los "cambios estructurales, urgentes" que "todos los gobiernos progresistas impulsan" y que, por medio de la tecnología, ayudarían a conseguir una sociedad "más igualitaria y sostenible".

Como referencia, en nuestro país lo digital supone el 19% del PIB; o lo que es lo mismo, segundo sector si fuera un vertical (solo por detrás de la construcción), porcentaje que Artigas quiere elevar por encima del 40%, en la línea del trabajo de otros países vecinos.

Durante su intervención en el 35º Encuentro de Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, Artigas quiso recordar el buen rol de las infraestructuras digitales de que goza nuestro país ("Fuimos los únicos donde no se cayó ni Netflix ni la Administración Pública", bromeó), aunque reconoció la necesidad de cambiar la mentalidad a la hora de afrontar esos retos que la guían en su labor.

"La mentalidad ha cambiado. Estamos constantemente en clave de disrupción, con una visión a largo plazo de la digitalización. España necesita crear una gran infraestructura de país, que es el talento", añadía la secretaria de Estado. El Plan de Competencias Digitales es la respuesta, a su juicio, a esa mayor demanda de perfiles técnicos que permitan sacar partido al auge de la innovación en nuestros lares.

El 43% de la población española no tiene capacidades digitales básicas, "que es como ser analfabetos hoy en día", en palabras de Carme Artigas.

Una Administración más usable

La secretaria de Estado de Digitalización sacaba a colación, en la lista de sus fortalezas, el hecho de que España es el segundo país con mayor desarrollo de su Administración Electrónica. Aunque este hito no excluye las numerosas críticas a las que la ahora política da respuesta clara.

"El sector público todavía estaba con su legacy, que vamos a cambiar. Pero no se hace en 24 horas. Hay todo un programa de modernización de toda la AAPP para permitir que se ponga al día en experiencia de usuario, que es cierto que se había quedado atrás"

El tiempo relativo

Mientras que Artigas se quejaba en Santander de las premuras que muchas personas imprimen a procesos lentos y necesarios de mesura, la antigua CEO de Synergic Partners admite un particular juego con el tiempo para afrontar sus ya mentados retos en distintos planos distintos de forma simultánea.

"Estamos gestionando el corto, medio y largo plazo al mismo tiempo. Y, además de la innovación y la disrupción, hay otras etapas como la adopción que suelen olvidarse", detalla.

"Somos el único país que va a ejecutar el grueso de los fondos europeos en los tres primeros años, frente a los cinco de los demás. Lo hemos hecho así no por complicarnos, sino porque somos españoles y necesitamos que las empresas y asociaciones se alíen y se apoyen conjuntamente".

Escalar y trabajar en red son dos de las recomendaciones (o exigencias, según se mire) finales que Carme Artigas ha hecho llegar a los cientos de asistentes a su ponencia en AMETIC. 

La Ley de Startups, en la primera mitad de 2022

Posteriormente a su intervención, Artigas mantuvo un encuentro con los medios de comunicación durante el que aportó más detalles sobre las distintas iniciativas que se han puesto en marcha recientemente desde su Secretaría y que en los próximos meses irán tomando forma.

Uno de ellos es la conocida como Ley de Startups, un texto que por fin se concretó el pasado mes de julio y que hace unas semanas concluyó su fase de consulta pública. En ella, el sector ha trasladado sus opiniones al Gobierno sobre cómo mejorar este texto, comentarios a los cuales el Gobierno asegura que estará "muy atento"

Artigas ha explicado que este mes de agosto su equipo ha estado recopilando y analizando esas sugerencias y está ultimando la versión definitiva, para que sea analizada por los 13 Ministerios que han participado en su elaboración y antes de fin de año se inicien los trámites parlamentarios para su aprobación definitiva.

En este sentido, ha pedido a los partidos políticos que les ayuden para que este proceso sea "rápido" y no se prolongue durante nueve meses, sino que se puedan agilizar los trámites de cara a que "en la primera mitad del año 2022 tengamos la ley en marcha".

La Secretaria de Estado se ha mostrado optimista sobre el respaldo político a este proyecto, ya que hasta ahora la recepción de todas las propuestas realizadas en su ámbito de actuación ha sido "positiva".

Así, ha incidido en que se trata de una "política de Estado", por lo que en estos grandes temas de transformación digital no debería haber debate político, ya que traspasa legislaturas, personas y apellidos, sino que son legislaciones a largo plazo en las que no "se deben dar tumbos".

Derechos digitales e inteligencia artificial

Otro de los proyectos más relevantes que presentó el Gobierno el pasado mes de julio fue la Carta de Derechos Digitales, que ahora comienza su fase de difusión y búsqueda de adhesiones, tanto por parte de empresas privadas e instituciones.

Para ello, pronto iniciarán una campaña para poner en valor este documento, que no es un texto normativo en sí mismo, pero sí la gran "carta de navegación" que guiará las próximas normativas. Además, se está trabajando con el Congreso de los Diputados y con la Comisión Europea para darle más visibilidad.  

Por otro lado, Artigas también ha señalado que también tiene ya el "sí informal" de la Comisión Europea (CE) para que España sea escenario de una prueba piloto en torno al nuevo reglamento sobre inteligencia artificial presentado el pasado mes de abril por la Comisión Europea.

A este respecto, ha apuntado que falta sólo la confirmación oficial y ha confiado en que haya buenas noticias en este sentido a final de mes. De esta manera, España podrá empezar a probar con la industria y con los que realmente usan esta tecnología una propuesta legislativa "muy ambiciosa", pero que es necesario probar para analizar por adelantado el impacto que puede generar.