Crear una carrera científica atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y mejorar la gobernanza del sistema español son los principales objetivos de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que acaba de proponer el Gobierno, junto con la integración de tres organismos públicos de investigación (OPIs) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

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España tiene todavía un camino por recorrer para lograr ser un "país puntero" en investigación y desarrollo. Por ejemplo, la inversión en I+D en España se situó en torno al 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019, tan solo una centésima más que en el año anterior, y el país ha perdido a un buen número de investigadores en los últimos años debido a la falta de estabilidad laboral en este campo.

Con el fin de revertir esta tendencia, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, elevó este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Una nueva apuesta por reforzar al país en este cambio después del incremento histórico del 60% de la partida destinada a este fin en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Duque ha defendido que es el momento de demostrar que España "quiere ser un país de I+D" que deje a la siguiente generación más conocimiento, más competitividad y, en consecuencia, más ingresos a la hacienda pública para mantener el Estado del Bienestar. "Tenemos una gran oportunidad de convertir a España en un país puntero en ciencia e innovación que dé a una nueva generación un mucho mejor futuro y una mejor eficiencia en su tejido productivo", ha afirmado. 

La propuesta lanzada por el Gobierno tiene tres objetivos principales, el primero de los cuales es conseguir una carrera científica "atractiva, predecible y estable", que permita atraer y retener el talento científico. Esto requiere afrontar una reforma que modernice la contratación de empleados públicos y reduzca la precariedad y la temporalidad de los científicos.

España vive una situación anómala respecto a los países punteros en ciencia, ya que los contratos en investigación para formar de una plantilla estable no llegan hasta bien cumplidos los 40 años, lo que ha tenido consecuencias "muy negativas", como la fuga de talento y una menor presencia de la mujer en el ámbito investigador.

De hecho, un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recoge que entre los años 2011-2016 alrededor de 5.000 investigadores no pudieron esperar a lograr un puesto fijo en España y encontraron una mayor estabilidad en otros países, convirtiendo a España en uno de los estados que más investigadores perdió. 

'Tenure Track'

Para solucionar este problema, el anteproyecto propone la creación de un modelo de contratación tipo tenure track, utilizado en Estados Unidos, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa.

De esta manera, se busca reducir la edad media de entrada en las plantillas de científicos del sistema de investigación y crear una carrera profesional "más atractiva, más ordenada y más estable". Todo ello, gracias a un sistema de evaluación "objetivo, homogéneo y transparente" que respete la igualdad de oportunidades y premie el talento y la dedicación real. 

Al mismo tiempo, también se orientarán y reforzarán las políticas de atracción del talento, con más y mejores contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a los contratados tenure track para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.

Con este nuevo modelo, la administración española seguirá la recomendación de la Comisión Europea (CE), que ha instado a España a acometer reformas para hacer más eficiente el sistema de ciencia y para que la inversión pública en este campo tenga mayor recorrido y dé mejor resultado.

Innovación basada en conocimiento

Otra de las reformas que aborda el anteproyecto de ley es el impulso de la transferencia de conocimiento, especialmente hacia el tejido productivo. España cuenta con publicaciones científicas de excelencia en diversos campos y está entre los primeros países del mundo en muchas áreas. Pero este nivel científico no se ve reflejado en la misma medida en la innovación basada en conocimiento.

El ministro de Ciencia e Innovación ha incidido en que los países tienen la tarea de que toda la inversión pública que se genera en ciencia se convierta en fuente de riqueza económica y de pensamiento para el tejido productivo, y lograr así también la sostenibilidad del sistema. "Tenemos mucho recorrido de mejora en transferencia de conocimiento", ha insistido. 

Para lograrlo, se acometerán distintas reformas, entre las que destacan mejorar los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, facilitar la generación directa de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación o la orientación de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.

Con estas medidas, el Gobierno responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, que recordaba a España la necesidad de lograr una transferencia del conocimiento tecnológico "más eficiente", especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), y le instaba a acelerar la difusión de la innovación para contribuir a la recuperación del país. 

Mejorar la gobernanza

En tercer lugar, el anteproyecto de ley también tiene como objetivo mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las comunidades autónomas para financiar y realizar acciones de I+D+I "conjuntas y estratégicas".

Asimismo, también contempla reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las comunidades autónomas o la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.

El Gobierno inicia ahora un proceso de diálogo en torno a la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Los representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación se reunirán con las asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales para abordar las reformas propuestas.

El texto resultante se someterá a audiencia pública antes de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y se estudiará en la subcomisión del Congreso de los Diputados creada por unanimidad la semana pasada. Este proceso de diálogo culminará con la aprobación por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y su remisión al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley, que Duque espera también se apruebe por unanimidad.

Integración de los OPIs

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado la integración del Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el CSIC, con el fin de mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de los OPIs. Estos tres organismos mantendrán su nombre y actividades y tendrán la categoría de centro nacional.

El Ministerio destaca que tras las dificultades de gestión técnica y científica que han sufrido en los últimos años, estos OPIs verán multiplicadas sus capacidades organizativas y de actuación, aprovechando el régimen jurídico más flexible del CSIC y sus mayores capacidades para la gestión administrativa, científica y técnica.

Esta integración está amparada por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que contempla la reorganización de los OPIs para que cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, rendición de cuentas y cooperación con el resto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tras la integración, que impulsará significativamente la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para el país, en especial en lo referido a política pesquera, agroalimentación o transición ecológica, el CSIC contará con una plantilla de más de 12.500 personas y un presupuesto anual de más de 1.100 millones de euros.