Recientemente conocimos nuevos datos de inversión en I+D+i en España. Y, como todos los años, hubo lamentos. Huelga decir que estamos a años luz de que en España dediquemos el 2% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) a innovar -o mejor dicho, a actividades formalmente declaradas como I+D+i-. Sin embargo, talento y creatividad no nos falta, y también de forma reciente la OCDE publicó un informe alabando el sistema de incentivos fiscales a la innovación en nuestro país. Dicho de otro modo: tenemos lo que hay que tener… pero no nos cunde. ¿Dónde fallamos? ¿Podemos hacer algo al respecto?

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La respuesta es sí, y la Administración pública tiene buenos mimbres para ello: la subvención directa -el mecanismo más empleado en España-, la compra pública innovadora -todavía incipiente- y los incentivos fiscales. Hoy nos centraremos en estos últimos. Un dato: por cada euro público dedicado a incentivo fiscal en España, la inversión privada en I+D+i se incrementa en 1,5 euros. Otro dato: de esos 1,5 euros que aportan las empresas, solo 0,2 euros van a parar a gastos no deducibles. Por lo tanto, primera conclusión: los incentivos fiscales funcionan, y de hecho ya consiguen movilizar la innovación en nuestro país. 

Pero claramente su impacto es insuficiente. Para dinamizar todavía más las inversiones y aumentar la eficiencia del dinero público, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), habría que hacer algunos cambios. “En los últimos años hemos visto muchos cambios normativos pero de poco impacto”, valoró ayer José María Casado, responsable de evaluación de políticas públicas de este organismo, en el marco de un encuentro virtual organizado por Fundación Cotec. 

Este experto repasó las principales conclusiones del Informe ‘AIREF: Beneficio fiscal: deducción por I+D+I en el Impuesto sobre Sociedades’, publicado a finales de octubre. El documento plantea que existe un gran distanciamiento entre la eficacia potencial y la eficacia real del beneficio fiscal. Es decir, que muchas empresas no se están beneficiando de esos incentivos. En la mayoría de los casos, esto ocurre por los límites de la propia deducción o por la insuficiencia de cuota para aplicarse la deducción. 

“En 2014 se intentó que los límites no fueran tan restrictivos, pero en la práctica tampoco funcionó. Los datos mejoraron, aunque mucho menos de lo que se esperaba”, dijo Casado. Requisitos como la obligación de mantener toda la plantilla durante 24 meses o que la solicitud del abono de la deducción se tenga que realizar al año siguiente, en vez de disponer de inmediato de esa liquidez, provocan que muchas empresas no soliciten estas ayudas, o no las reciban. 

Como es lógico suponer, la introducción de la I+D+i en la pyme todavía es muy limitada, si bien desde 2014 las cifras han mejorado de forma notable. “El régimen opcional da vida a las pymes”, afirmó Casado. Así, el 40% de la deducción reembolsable del régimen opcional la reciben empresas y startups de menos de 50 trabajadores. Por número de esas solicitudes, estas pymes representan el 90%. 

El citado informe de la Airef plantea otras propuestas para que los incentivos fiscales en España tengan un mayor efecto tractor o multiplicador. Una de las más destacadas: establecer un mecanismo de acreditación de la I+D+i rápido y semiautomático para empresas con una inversión que no supere cierto umbral. 

España dedicó el equivalente al 1,25% de su PIB a I+D+i en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Anotamos este dato al final del artículo porque, aunque sea tentador limitarnos a pedir que aumente al 1,4%, 1,5% o 2%, lo más importante no es la cantidad de dinero sino qué se consigue con esos recursos: qué efecto multiplicador tienen los fondos públicos y, en última instancia, qué traslación tiene esa innovación al mercado y a la vida de las personas.