El actual contexto de crisis social, económica y ambiental es un gran desafío al que la sociedad tiene que hacer frente de forma conjunta. Para ello, desde el movimiento B Corp, defendemos que la implicación del tejido empresarial, pero también de las instituciones públicas es una pieza clave.

Es indispensable promover un marco jurídico que proteja e impulse un modelo de compañía que, más allá de generar beneficios económicos, también persigue generar valor social y ambiental. En otras palabras, el mundo necesita ‘Empresas con Propósito’. Este planteamiento es una realidad consolidada en el plano teórico. Sin embargo, a nivel práctico, todavía queda mucho camino por recorrer.

Desde hace ya un tiempo, gran parte del ámbito empresarial está mostrando su voluntad de asumir una mayor responsabilidad a la hora de generar un impacto positivo en la sociedad y el planeta. De hecho, es más que habitual que las organizaciones operen teniendo en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Pero ha llegado el momento de ir un paso más allá, no basta con que las empresas aseguren que integran políticas ESG, es necesario generar un ecosistema que apoye y promueva lo que se conoce como empresas de impacto.

Desde el consenso alcanzado en SpainNAB, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España formado por 45 organizaciones del sector, entre ellas, la Fundación B Lab Spain, se establece que la inversión de impacto se caracteriza por tener la intención de solucionar problemas sociales o medioambientales; medir y gestionar el impacto generado por sus inversiones; y financiar empresas que generan adicionalidad, es decir, empresas que aportan soluciones a problemas desatendidos por el mercado.

Sin embargo, para que este modelo de empresas pueda prosperar y ser un verdadero motor de cambio, es necesario tener un marco legal adecuado que las identifique y les dé seguridad jurídica.

El primer paso fue lograr la aprobación de la figura legal de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), lo que popularmente se ha denominado el reconocimiento de las ‘Empresas con Propósito’. Este concepto jurídico, impulsado por el movimiento B Corp, se aprobó en el marco de la Ley Crea y Crece, que persigue agilizar la constitución de nuevas sociedades mercantiles reduciendo los obstáculos regulatorios.

Aún queda un largo camino por recorrer para que las SBIC se conviertan en una realidad y para que se puedan implementar de manera exitosa. En especial, carecen de un reglamento que establezca las condiciones y requisitos para que las empresas puedan registrarse como SBIC, así como las obligaciones que deben cumplir.

Este reglamento no sólo es necesario para clarificar y homogeneizar los criterios de evaluación del modelo de las ‘Empresas con Propósito’, sino también para asegurar que las empresas que se adhieren cumplen con estándares éticos, sociales, ambientales y de transparencia.

Pero eso no es todo: el reglamento permitirá diferenciar a las SBIC de otras formas jurídicas, garantizando así la fiabilidad de estas empresas como verdaderos agentes de cambio y no como una simple herramienta de marketing o greenwashing. Sin duda, su función será asegurar que las organizaciones que operan bajo el paraguas de una SBIC tienen un impacto real y medible, y que existen mecanismos de verificación y control adecuados para garantizar que se cumple con las normas establecidas.

Por el momento, desde el movimiento B Corp, hemos promovido la elaboración de un Código de Buenas Prácticas y un Modelo de Estatutos. A su vez, el Colegio de Registradores ha impulsado una guía orientativa de los estatutos sociales de esta figura jurídica. Sin embargo, para que su aplicación sea efectiva, es necesario el desarrollo reglamentario. Sin él, la figura legal no tiene valor alguno y, por tanto, no ayuda al desarrollo del propósito empresarial en España.

La demanda de dicho reglamento se ha hecho evidente y unánime este 18 de marzo en el Congreso de los Diputados, en el marco de la presentación de las conclusiones de El Futuro Es Ser B a cargo del movimiento B Corp, Demos Lab y múltiples autoridades políticas, empresariales y de la sociedad civil.

En el acto, que contó con la participación del Comisionado Especial de Economía Social del Gobierno de España, se presentaron las 10 propuestas ciudadanas para la transformación empresarial, tanto para las instituciones públicas como para las empresas, con las SBIC y su reglamento como punta de lanza.

En definitiva, el actual contexto de crisis invita a todos los actores –empresas, ciudadanía y Administraciones públicas– a reflexionar sobre el impacto que generan en la sociedad y el planeta.

Y es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar que las empresas que pretenden tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente tengan un entorno jurídico favorable y apoyen un cambio en el modelo económico actual.

En este sentido, es urgente la aprobación de un reglamento que establezca las condiciones y requisitos para poder obtener el reconocimiento de las SBIC específico para las empresas de impacto. Desde el movimiento B Corp lo tenemos claro, solo así podremos avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y justo para todas las personas y el planeta, sin dejar a nadie atrás.

***Belén Viloria es directora ejecutiva de B Lab Spain y el movimiento B Corp en España.