Una cosa es que lo sospechemos y otra muy diferente que las cifras demuestren que España se ha quedado rezagada en innovación. Así lo refleja el estudio 'European Innovation Scoreboard 2021', que publicó la Comisión Europea el pasado 21 de junio y donde se concede a este país un modesto puesto 16 en innovación entre los 27 países analizados.

Aunque el informe no especifica lo que hay que hacer, la solución parece evidente: invertir más en I+D, y ya está. Una obviedad absoluta seguida de una demanda lógica: que el Estado destine más dinero a estas partidas. Sin descartar que esto pueda ser parte de la solución, a mi entender no es la medida que se necesita a corto plazo, ni tampoco es realista en un contexto nada favorable. Además, no ataca la base real del problema.

Si analizamos los grandes números del estudio, España destaca en la calidad de conexión a internet (puesto 5 de 27 países) y en la media de capital humano con formación, que es un 65% más alta en lo que se refiere a doctorados y un 46% mayor en personas que poseen educación superior.

Donde suspende clamorosamente es en exportación de servicios basados en el conocimiento y en nivel de innovación de las pymes, tanto en productos como en procesos, que es, aproximadamente un 70% inferior a la media. Los 27 países europeos analizados en el informe dedican una media del 2,13% del PIB a la inversión en I+D (publico + privado), mientras que en España solo es del 1,25%, a partes casi iguales entre el sector público y el privado.

Este bajo porcentaje destinado a I+D es una pésima noticia, porque erosiona los cimientos de la sociedad del bienestar del futuro, pues si no somos capaces de generar 'ingresos de calidad' sobre la base de la tecnología, nos veremos forzados a generar 'ingresos de baja calidad', que no son otros que los que se fundamentan en salarios bajos y en empleos o productos de bajo valor añadido.

Ante este panorama, la tentación es elevar el gasto público en estos capítulos con un razonamiento obvio: si gastamos más en I+D acabaremos viviendo mejor. Eso sería una condición necesaria, pero no suficiente.

Lo expuesto tiene dos grandes inconvenientes. El primero, que el nivel actual de endeudamiento del Estado está en máximos históricos, un 120% del PIB, situación que deja poco margen de maniobra y que, por lo tanto, cierra opciones. Confiar la mayor parte del gasto en I+D al sector público sería una estrategia similar a llenar de gasolina un SEAT 600 y creer que con eso vas a ganar las 24 horas de Le Mans. Y explico el porqué.

Es cierto que para generar ingresos de valor hace falta tener un producto de valor añadido, que, por muy sagaces que nos creamos los latinos, no sólo se basa en 5 segundos de inspiración, sino que también hay que dedicarle otros 5.000 de transpiración, con sus correspondientes recursos, que podrían (¿por qué no?) ser estatales. Además, para que el resultado de ese I+D genere 'caja' hay que disponer de empresas con presencia mundial y capacidad financiera suficiente para lanzar un producto al estrellato, que eso se convierta en ventas y, de paso, en un flujo de caja que retorne al país, amén de solidez para soportar un potencial fracaso.

El segundo inconveniente es un factor limitante mucho más sutil y mucho peor. El auténtico problema a corto plazo es que las empresas españolas son demasiado pequeñas. Según las cifras de iPyme de septiembre de 2021, el 55,22% del tejido empresarial español se compone de pymes sin asalariados; el 38%, de microempresas (de 1 a 9 empleados); y el 5,32%, de pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores). Las empresas grandes (con plantillas de 250 o más) y medianas (de 50 a 249), las que pueden permitirse espacio para la innovación, solo representan el 0,17% y el 0,86%, respectivamente.

Con empresas de mayor tamaño, hay base para que la economía de escala haga su efecto y se pueden asumir mayores riesgos. Sólo con esto se genera demanda, y el círculo virtuoso arranca: empresas mayores asumen riesgos mayores, invierten, juegan en el mercado global... Con todo lo anterior y una mayor demanda surgen oportunidades de trabajo; con demanda aumentan los ingresos, los salarios… Y, a la postre, la calidad de vida.

Entonces, si la solución es tan sencilla, ¿por qué no la ponemos ya en marcha? Mi opinión es que no es fácil desterrar los intereses creados por una burocracia que lo quiere controlar todo sin arriesgar nada. El exceso de trámites y papeleos tiene un potentísimo efecto desalentador: lo que un emprendedor quiere es conseguir clientes y cuota de mercado (un reto y una motivación), no invertir tiempo en la oficina de Hacienda más cercana (un suplicio).

Para los que no sean crédulos a mi exposición, les recomiendo que analicen el 'The Global Competitiveness Report', que se publica anualmente. Al observar los apartados de Instituciones, Financiación y Mercado Laboral, puede verse que hay aspectos en los que estamos a la altura de países del tercer mundo y no en el lugar que correspondería a un aspirante a la 'Champions' como es España.

Aunque la situación en otros muchos campos es muy buena, estos apartados concretos, que pueden parecer menores, tienen efectos demoledores, porque generan inseguridad jurídica y entornos hostiles. Para que una empresa pueda crecer, el entorno ha de ser seguro y acogedor. Si el entorno no lo es, el dinero se va a otra parte o, sencillamente, no florece. Como la piedra en la herradura.

Cuesta mucho ser empresario y levantar negocios con mil burócratas apuntándote a la cabeza. Es lo que, lamentablemente, he aprendido tras una larga e intensa carrera de emprendimiento.

*** Óscar Serret es vicepresidente del consejo de administración de Between Technology, empresa miembro del holding de talento representado The Talent Club.